El Grupo Parlamentario Socialista dejó ayer sin futuro viable la proposición de ley por la que Junts, el partido que lidera el prófugo Carles Puigdemont, pretendía quitar la competencia principal al Tribunal de Cuentas de juzgar y ejecutar responsabilidades contables y, en consecuencia embargar preventiva y ejecutoriamente bienes de personas.
Como ha ocurrido en los investigados por impulsar el llamado «procés».
Esta reforma exprés, planteada por Junts a través de la Proposición de Ley relativa a la reforma de la Ley Orgánica de Funcionamiento del Tribunal de Cuentas, es, según el diputado socialista Francisco Aranda «innecesaria, poco útil y contraria a la Constitución en su letra y espíritu».
Aranda recordó que el Tribunal de Cuentas es «el juez ordinario predeterminado por la ley» y cumple con todas las garantías ante Europa.
La tarea fundamental del Tribunal de Cuentas es la recuperación de fondos públicos. Actúa de oficio, investiga los bienes y va a por ellos, porque se lo permite la ley.
El pasado mes de diciembre el partido de Puigdemont vio como la Mesa de la Cámara Baja tumbó una proposición de ley similar a esta por ser inconstitucional. Lo que se debatió ayer fue una versión modificada y atenuada que tenía como objetivo introducir la modificación de que las decisiones del Tribunal de Cuentas pudieran ser revisadas por el Poder Judicial.
De acuerdo con el diputado de Junts, que defendió la proposición de ley, Josep Pagès, esta supone «una mejora» del Tribunal de Cuentas, órgano que definió como uno de los «más disfuncionales» y que responde a una jurisdicción «privativa», de «sesgo antidemocrático», «absolutista» y «colonial».
«Permítame, señor Pagès, nos hubiera gustado ver la misma intensidad en tramitaciones muy importantes, como los Presupuestos o la reforma laboral», señaló el dirigente socialista. «Nuestra enmienda a la totalidad la hacemos con razones, ideas y propuestas», añadió.
Aranda aprovechó para recordar a Junts que «la voz de Cataluña en la Cámara no es propiedad de ningún partido» y dejó caer que el PSOE fue el ganador en las últimas elecciones en la comunidad autónoma. «No aceptamos lecciones de nadie», dijo al término de su intervención.
Debido a su implicación en el llamado «procés», Carles Puigdemont podría verse respondiendo con sus bienes en las investigaciones que lleva a cabo el Tribunal de Cuentas.
PP, VOX Y CIUDADANOS, EN CONTRA DE LA PROPOSICIÓN DE LEY DE JUNTS
Tanto el PP como VOX como Ciudadanos se mostraron en contra de la proposición de ley de Junts.
El diputado popular, Eloy Suárez, defendió la función actual del Tribunal de Cuentas, al que definió como un «muro de contención de quien delinque y da golpe de estado».
Dedicó su intervención a «desmontar los disparates» de Pagès y a explicar que Francia, Italia y Portugal cuentan con un modelo similar al de España.
Por su parte, el diputado Pablo Saez, de Vox, ha reprochado al independentismo que tardara casi 40 años en darse cuenta de la necesidad de reformar la normativa y ha subrayado que se han pronunciado ahora, cuando el Tribunal de Cuentas ha rechazado los avales con los que el Govern pretendía pagar las fianzas reclamadas a sus excargos.
Para Vox «es innegable que esta propuesta no refuerza la independencia y supone una merma en la eficiencia».
A su juicio, lo pertinente es «suprimir» los organismos de control externo de las comunidades autónomas y centralizar el trabajo en el Tribunal de Cuentas.
El diputado de Ciudadanos, Juan Ignacio López-Bas se mostró en contra de la proposición.
Aseguró que «solo tiene un objetivo: librar a los condenados del ‘procés’ de devolver el dinero malversado».
Insistió en que Junts parte de «una premisa falsa».
«Si leyeran algo de derecho sabrían que el llamado modelo latino se sigue en Francia y Portugal», dijo. Defendió, además, que el Tribunal de Cuentas es un órgano «absolutamente respetuoso con la separación de poderes».
Junts, por su parte, contó con el apoyo de Unidas Podemos, de la CUP, de EH Bildu, de ERC y del PNV.
