Societat Civil Catalana (SCC) ha presentado esta mañana en el Tribunal de Cuentas una demanda contra 11 exaltos cargos de la Generalitat, a los que acusa de haber malversado 5.309.807,02 millones de euros en gastos relativos al referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017 y a la propaganda internacional del ‘procés’ al margen de las competencias estatutarias de la Generalitat.
Dirige la demanda contra el expresidente catalán Carles Puigdemont (3.303.000 euros), el exvicepresidente Oriol Junqueras (2.515.000 euros), el expresidente Artur Mas (1.840.000 euros), y los exconsejeros Raül Romeva (617.000 euros), Dolors Bassa (1.301.000 euros), Francesc Homs (1.936.000 euros), Toni Comín (1.134.000 euros), Clara Ponsatí (900.000 euos), Jordi Turull (505.000 euros), Neus Munté (338.000 euros) y Lluis Puig (238.000 euros), a los que acusa de «uso de locales públicos para la consulta ilegal, gastos de difusión e infrastructuras digitales para promoción del referéndum, encargo de papeletas, pagos de viajes a ‘observadores’ de la consulta ilegal o contratos de lobbies para promoción de la causa independentista con el dinero de todos los ciudadanos».
Elda Mata, vicepresidenta de acción territorial y judicial de SCC, asegura que la asociacián actúa cumpliendo su «deber cívico» para «defender a los millones de ciudadanos que pagan sus impuestos y cumplen las leyes». «Durante años el gobierno catalán ha destinado millones de euros a acciones ilegales para las que no tenía competencia ni legitimidad. Pero se ha acabado el tiempo de la impunidad. A cada actividad ilegal responderemos con una acción judicial», ha aseverado.
La vicepresidenta de SCC ha remarcado que en una democracia moderna no corresponde sólo a los poderes públicos velar por el buen uso de los fondos públicos, sino que «la ciudadanía debe ejercer una labor de fiscalización activa del dinero que pagamos con nuestros impuestos».
Ha destacado que Societat Civil Catalana será la única acción pública en esta causa, y que en la entidad y los miembros de su Junta Directiva se juegan centenares de miles de euros en costas.
Mata ha agradecido el empeño de Manuel Miró, responsable jurídico en la Junta de SCC, que ha coordinado en nombre de la entidad la preparación de esta acción judicial. También ha destacado el trabajo que tanto Miró como el abogado Manuel Zunón llevaron a cabo en el Tribunal de Cuentas por el 9-N y en la fase previa de este juicio.
La demanda la ha firmado el letrado Juan Chapapría, socio del bufete Chapapría-Navarro & Asociados, que se ha encargado de la preparación y redacción de la misma.
Chapapría ha subrayado que SCC continuaba su línea de actuación y fiscalización del gasto público a través del Tribunal de Cuentas, como ya hizo en relación al 9 de noviembre. En este caso, la demanda parte de la propia sentencia del Tribunal Supremo sobre el ‘procés’, que trasladaba al Tribunal de Cuentas la cuantificación de las malversaciones por el 1-O.
El abogado ha señalado que se ha llevado a cabo un «largo y riguroso trabajo de análisis de todas las partidas (contenidas en más de 34 gigas de documentación)», que ha durado meses.
SCC ha optado por acusar finalmente «a los responsables públicos y responsables últimos de las decisiones cuya participación se ha podido documentar y catalogar claramente, siguiendo también las propias Actas de Liquidación del propio Tribunal». En este sentido, la entidad ha seguido el mismo criterio que mantuvo en el juicio del 9-N, «confiando en que la Fiscalía, con más medios técnicos, pudiera delimitar también el grado de responsabilidad de los actores intermedios y funcionarios».
