El Tribunal Supremo (TS) ha acordado la inadmisión de los recursos de casación interpuestos por el expresidente catalán Artur Mas, y varios exmiembros de su gobierno, Joana Ortega, Francesc Homs, Josefina Valls, Jordi Vilajoana, Ignasi Genovés, Jaume Domingo y Teresa Prohias i Ricart, contra la sentencia del Tribunal de Cuentas que les condenó por responsabilidad contable por los gastos de la consulta ilegal del 9 de noviembre de 2014.
El tribunal de la Sala de lo Contencioso-Administrativo (Sección Primera) indica que la inadmisión a trámite se debe a que los recurrentes no han justificado el interés casacional alegado en sus recursos y por falta de fundamentación suficiente.
La providencia está fechada a 17 de junio y se ha conocido hoy.
La firman los magistrados César Tolosa Tribiño (presidente), Antonio Jesús Fonseca-Herrero Raimundo, Inés Huerta Garicano, Ángel Ramón Arozamena Laso y Dimitry Berberoff Ayuda.
En julio de 2019, el Tribunal de Cuentas elevó en 41.831 euros la condena impuesta en noviembre de 2018 al expresidente de catalán Artur Mas y a 9 exmiembros de su gobierno, entre ellos los exconsejeros Irene Rigau, Francesc Homs, Joana Ortega, por organizar esta consulta independentista, fijándola en 4.988.620,11 euros.
El órgano fiscalizador los considera responsables contables, así como a Luis Bertrán Saura, Josefina Valls, Jaume Domingo Planas, Ignasi Genovés, Jordi Vilajoana y Teresa Prohias.
Aumentó la cantidad en la que considera que costó celebrar la consulta separatista tras estimar el recurso de apelación formulado por la Fiscalía y las asociaciones demandantes -‘Societat Civil Catalana’ y ‘Abogados Catalanes por la Constitución’- y rechazar íntegramente los argumentos de los condenados.
Este procedimiento se abrió a raíz de una denuncia de ‘Societat Civil Catalana’ y ‘Abogados Catalanes por la Constitución’ por considerar que aunque Mas y tres exconsejeros ya fueron condenados por desobedecer al Tribunal Constitucional al organizar aquella consulta, no les eximía de su responsabilidad contable por el uso irregular de dinero público.
En ampliación
