Confía en que la Fiscalía de la Audiencia Nacional determine si se cumplen los requisitos legales que establece la Ley Orgánica General Penitenciaria para otorgar terceros grados.
Covite pide a la Fiscalía que revise las progresiones de grado a presos de ETA concedidas por el Gobierno vasco
Asegura que ninguno de los ocho presos que ha obtenido el tercer grado tiene intención de reinsertarse y que siguen vinculados ideológicamente a ETA
|
01/3/2022 11:10
|
Actualizado: 01/3/2022 11:33
|
El Colectivo de Víctimas del Terrorismo (Covite) ha solicitado a la Fiscalía de la Audiencia Nacional (AN) que estudie si las progresiones de grado a ocho presos de ETA que ha conferido el Gobierno vasco (EAJ-PNV) se ajustan al principio esencial de la Ley Orgánica General Penitenciaria, 1/1979, de 26 de septiembre: «Las instituciones penitenciarias reguladas en la presente Ley tienen como fin primordial la reeducación y la reinserción social de los sentenciados a penas y medidas penales privativas de libertad».
Covite ha estudiado los casos de estos ocho presos de ETA a los que el Ejecutivo vasco ha otorgado el tercer grado –José María Arregi Erostabe, Francisco José Ramada Estévez, José Ángel Lerín Sánchez, Unai Fano Aldasoro, Mikel Arrieta Llopis, Ignacio Crispín Garcés Beitia, Egoitz Coto Etxeandia y Ugaitz Pérez Sorriketa– y asegura que son «miembros de ETA orgullosos de su pasado criminal y que cuentan con todo el apoyo logístico y propagandístico de la izquierda abertzale».
Señala que en el Observatorio de la Radicalización de Covite han documentado manifestaciones de petición de amnistía para todos ellos de forma explícita, lo cual «evidencia que no se han desvinculado de la disciplina mafiosa de la izquierda abertzale, que sigue controlando a los presos de ETA en las cárceles a través de múltiples visitas, llamadas telefónicas y demás mecanismos de presión».
Covite recuerda que desde 2016 el EPPK -colectivo de presos de ETA- impone a los etarras dos líneas rojas: «Ni arrepentimiento ni delación», en palabras del propio EPPK, y que este planteamiento ha sido ratificado recientemente, el 4 de diciembre de 2021.
«Todos los presos de ETA beneficiados por el Gobierno vasco siguen vinculados a la izquierda abertzale y al EPPK, y no han dado ningún mínimo gesto o señal de voluntad de reinserción, lo que contraviene la jurisprudencia y las resoluciones que viene emitiendo la sala de lo Penal de la Audiencia Nacional a este respecto», denuncia la presidenta de Covite, la abogada Consuelo Ordóñez, hermana del concejal del PP vasco Gregorio Ordóñez asesinado por ETA el 23 de enero de 1995 en San Sebastián.
Según ha podido conocer el Colectivo, la Audiencia Nacional valora especialmente las variables subjetivas a las que se refiere el artículo 156 del reglamento penitenciario, «en el que hay que enmarcar el arrepentimiento por el daño causado a las víctimas, el abandono de las ideas que condujeron a la comisión de actos delictivos de terribles consecuencias y la desvinculación de tal organización, porque todo ello es indicador de que el tratamiento penitenciario está surtiendo su efecto».
Apunta que el único preso de ETA que podría salvarse de cumplir este requisito sería José María Arregi Erostabe, ‘Fiti’, dada su avanzada edad, razón por la que se le podría otorgar el tercer grado atendiendo exclusivamente a cuestiones humanitarias.
MUY PENDIENTES DE LO QUE HAGA EL GOBIERNO VASCO
Covite acusa al Gobierno vasco de «mentir» cuando aseguró que solo iba a conceder terceros grados a aquellos presos que tuvieran una clara voluntad de reinserción y de desvinculación ideológica de ETA, tal y como establece la Ley.
«Nunca nos hemos fiado de las intenciones del Gobierno vasco, puesto que mientras ETA mataba no querían ser carceleros, y ahora que ETA no mata, nos temíamos que buscasen trampas y vías rápidas para que salieran de la cárcel en cuanto tuvieran la transferencia de prisiones. Este primer movimiento del Ejecutivo vasco no ayuda a que nuestras sospechas amainen. Por ello, vamos a estar muy pendientes de todo lo que hagan, aunque la última palabra la tenga la Fiscalía, lo cual nos da tranquilidad», manifiesta Consuelo Ordóñez.
«Confiamos plenamente en el trabajo de la Fiscalía. Estamos tranquilos porque la última palabra sobre las progresiones de grado y las liquidaciones de condenas de los presos de ETA la tiene la AN, y no los gobiernos, ni el central ni el vasco»
Asevera que si la Audiencia Nacional comprueba que las decisiones adoptadas por el Gobierno vasco se ajustan a la legalidad, «el Colectivo acatará la resolución».
La presidenta de Covite se reunió el pasado 16 de febrero con el fiscal jefe de la Audiencia Nacional, Jesús Alonso Cristóbal, para establecer un cauce de comunicación directo precisamente en previsión de esta noticia, porque «sabía que el gobierno vasco iba a empezar a conceder terceros grados». «Y ese cauce me lo brindó enseguida el propio fiscal jefe», señala a Confilegal la presidenta de Covite.
El Colectivo le agradeció la labor de supervisión de los terceros grados a presos de ETA que está llevando a cabo la AN, que ha dado como resultado la revocación de aquellos que no se ajustaban a la legalidad.
«Confiamos plenamente en el trabajo que está haciendo la Fiscalía. Estamos tranquilos porque la última palabra sobre las progresiones de grado y las liquidaciones de condenas de los presos de ETA la tiene el tribunal sentenciador, es decir, la Audiencia Nacional, y no los gobiernos, ni el central ni el vasco», afirma Ordóñez.
23 AÑOS DE ACTIVISMO COMBATIENDO EL TERRORISMO CON LA PALABRA
El pasado mes de noviembre se cumplieron 23 años del activismo de Covite combatiendo el terrorismo con la palabra.
Lo primero que Consuelo Ordóñez hace a diario es recordar a todas las víctimas.
A través del Observatorio de la Radicalización registra desde 2016 todos los actos relacionados con la radicalización violenta en el ámbito del terrorismo de ETA. En 2021 contabilizó hasta 282 actos de apoyo a ETA. Covite destaca que el número de actos de apoyo explícito a ETA y a sus terroristas ha aumentado un 46% con respecto a 2020, año en el que registró 193. No obstante, celebra que el número de homenajes a los presos etarras a su salida de la cárcel, conocidos como ‘ongi etorri’, haya sido el más bajo desde que empezaron con el observatorio de radicalización, habiendo registrado solo cinco ‘ongi etorris’ a lo largo de 2021.
Covite atribuye esta notable disminución a su «labor constante de documentación y denuncia pública de este tipo de actos humillantes e indignos», que ha dado como resultado «el rechazo de la mayoría de la sociedad vasca, navarra y española a los ‘ongi etorris’, así como la condena de la mayoría de las instituciones y fuerzas políticas a los mismos, exceptuando a EH Bildu».
Esta entidad lleva varios años denunciando que “España es el único país de la Unión Europea en el que se homenajea y se muestra apoyo y gratitud públicamente a terroristas sanguinarios orgullosos de su pasado criminal, con el riesgo que entraña para las nuevas generaciones y para construir un futuro libre de violencia”.
Recuerda que el Parlamento Europeo ha pedido de forma específica a España que “evite que las víctimas del terrorismo sean humilladas por actos como los homenajes a terroristas que se han producido en los últimos años en España”.
Consuelo Ordóñez, que es abogada y ha dedicado gran parte de su vida en la lucha contra ETA y su entorno, y la defensa de los derechos de las víctimas del terrorismo (memoria, verdad, dignidad y justicia), advierte que mientras se sigan defendiendo valores antidemocráticos en las instituciones y en las calles, “nuestra libertad seguirá secuestrada”.
A través del Observatorio Internacional de Estudios sobre Terrorismo (OIET) promueve el desarrollo de proyectos de investigación enfocados a la prevención de la radicalización violenta y a la difusión de principios democráticos. Según su último informe, el terrorismo yihadista dejó al menos 9.748 muertos en todo el mundo en 2020, año en el que contabilizó 2.350 ataques terroristas yihadistas en 39 países, un 52% más de ataques que en 2019 y un 5% más de víctimas mortales. El próximo jueves presentará el informe de 2021.
Covite trabaja para deslegitimar el discurso de quienes justifican el terrorismo, y lo hace promoviendo acciones encuadradas en el activismo y la desobediencia civil. El Colectivo pretende que estas iniciativas tengan impacto en la ciudadanía y que «logren concienciar a la sociedad de que su implicación es clave para defender los valores por los que las víctimas fueron asesinadas y para desenmascarar a los agentes políticos y sociales que aún no condenan el uso de la violencia».
Advierte que «el fanatismo y el odio que alimentaron a ETA durante 50 años no han desaparecido».
Noticias relacionadas:
El Rey, a las víctimas del terrorismo: ‘Representáis la grandeza y la dignidad de la democracia’
Noticias Relacionadas:
