Iñaki Subijana, presidente del TSJ del País Vasco: ‘Hacer justicia a las víctimas supone restaurar el daño personal, el daño político y el daño social’
«José María Lidón fue víctima de la organización terrorista ETA, diseñada para imponer un proyecto político totalitario donde no había campo para la diversidad, donde no había espacio para los jueces que, como él, hacían visible el Estado de Derecho”, ha manifestado el presidente del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV), Iñaki Subijana, en un acto en su recuerdo, que ha tenido lugar hoy en sede del tribunal.
El próximo domingo, 7 de noviembre, se conmemorarán 20 años del asesinato de este magistrado de la Audiencia Provincial de Vizcaya, cometido el 7 de noviembre de 2001, en Getxo (Vizcaya).
José María Lidón Corbí fue tiroteado en su garaje de Getxo (Vizcaya) en presencia de esposa, Marisa Galarraga, y uno de sus hijos, Íñigo.
A las 7.25 de la mañana, el magistrado salía en su coche del garaje de su domicilio de Getxo (Vizcaya) junto a su esposa y su hijo para dirigirse a la Universidad de Deusto, donde ejercía como profesor. Tras salir del aparcamiento, dos hombres se colocaron frente al vehículo y asestaron dos tiros a Lidón. Su hijo Íñigo, que entonces tenía 20 años, presenció el asesinato de su padre desde su propio coche. En ese momento, aguardaba en su vehículo fuera del aparcamiento a unos diez metros del lugar de los hechos.
Marisa Galarraga permaneció abrazada a su marido hasta que llegaron los servicios de emergencia, que intentaron reanimarlo.
La Audiencia Nacional (AN) condenó en diciembre de 2005 al etarra Orkaitz Gallastegui Sodupe a 26 años de prisión como autor de un delito de asesinato terrorista, por colaborar en el crimen, y a que indemnizara a los herederos de Lidón Corbí con un millón de euros por daños morales y con 5.963 por daños materiales, una sentencia que fue confirmada por el Tribunal Supremo.
En noviembre de 2019, la AN absolvió a los etarras Garikoitz Aspiazu Rubina, más conocido como ‘Txeroki’, y Asier Arzalluz Goñi, alias ‘Santi’, del asesinato de este magistrado por no haber pruebas suficientes para considerarles autores de los disparos que acabaron con su vida.
«Veinte años más tarde nos preguntamos si José María Lidón y su familia, como víctimas del terrorismo, han obtenido lo que la justicia victimal reclama», ha señalado el presidente del TSJPV.
Subijana ha destacado que a las víctimas del terrorismo se les ha causado «un triple daño: Un daño personal, al quebrar o condicionar severamente su proyecto vital; un daño político, al pretender excluir al diferente, negando su ser ciudadano mediante su entronización en la categoría del enemigo y un daño social, al privarnos de miembros de la misma y fomentar, de esta manera, una mutilación comunitaria».
Por ello, ha subrayado, «hacer Justicia a las víctimas supone restaurar cada una de esas esferas buscando la verdad, como conocimiento de lo ocurrido, fomentando la responsabilización, como reconocimiento explícito de la injusticia del daño causado y posibilitando la reparación de lo reparable y el mantenimiento de la memoria de lo irreparable como respuesta».
Subijana ha denunciado en el homenaje al magistrado José María Lidón que la organización terrorista cometió «una mutilación comunitaria» durante sus años de violencia, y ha advertido de que una reconciliación realizada al margen de las víctimas tendría como efecto «una prolongación de la injusticia».
El presidente del TSJ del País Vasco también ha resaltado «la importancia de la memoria pública en la reivindicación de la significación personal, social y político-institucional de las víctimas del terrorismo, como José María Lidón y su familia, que ayude a construir un presente-futuro dotado de unas notas ineluctables».
Según ha explicado, estas son «que no tenga como ingrediente el olvido de lo sucedido; que impida el cierre de la página de ETA en el libro de nuestra historia sin la deslegitimación de su existencia, que confiera un valor singular a la aportación irremplazable de la mirada de las víctimas -que ven por nosotros lo que solo ellas pueden ver-, y que, finalmente, permita, también, construir un relato que, entre otras cuestiones, reconozca la contribución generosa de las víctimas del terrorismo a todos y cada uno de nosotros como integrantes de la sociedad democrática».
En el mismo sentenido se ha pronunciado la presidenta de la Audiencia Provincial de Vizcaya, Reyes Goenaga, que ha comenzado su intervención recordando que a José María Lidón lo asesinaron por ser magistrado.
«Nada justifica acabar con la vida de otra persona y nada justifica el intento de acabar con lo que esa persona representa en el tejido social, en este caso un juez, como agente esencial de convivencia y de uno de los tres poderes del Estado», ha añadido.
También ha manifestado que el reconocimiento y la protección a las víctimas del terrorismo, a través de las normas que la regulan, se fundamenta en los valores de memoria, dignidad, justicia y verdad: Memoria, que salvaguarde y mantenga vivo su reconocimiento social y político. Dignidad, simbolizando en las víctimas la defensa del Estado democrático de Derecho frente a la amenaza terrorista. Justicia, para resarcir a las víctimas, evitar situaciones de desamparo y condenar a los terroristas. Y Verdad, al poner de manifiesto la violación de los derechos humanos que suponen estas acciones».
Goenaga ha recordado las palabras de Antonio Beristain, victimólogo que sufrió «la incomprensión de su entorno» precisamente por su defensa de las víctimas del terrorismo, y que defendió «dar voz a las víctimas, erigir monumentos elocuentes en su memoria y crear canales institucionales que les sirvan de foro público».
A su juicio, se trata de «abandonar el silencio, de ser exigentes con el relato de lo que nunca debió ocurrir, y de no causar más daño». «Este recuerdo del compañero asesinado es nuestra contribución a esta tarea: es nuestra forma de cumplir con la verdad, la dignidad y la memoria», ha expresado la presidenta de la Audiencia, que ha querido enviar su «cariño más sincero» a la familia de Lidón, que, además del sufrimiento vivido, ha experimentado en primera persona «las dificultades y las contradicciones de un largo y complejo proceso judicial».
A este emotivo acto han asistido, entre otros, el vicelehendakari primero y consejero de Seguridad, Josu Erkoreka, la vicelehendakari y consejera de Empleo y Trabajo, Idoia Mendia, el director del Centro Memorial de las Víctimas del Terrorismo, Florencio Domínguez, el expresidente del TSJPV, Juan Luis Ibarra, el juez decano de Bilbao, Aner Uriarte, y la directora de Gogora, Aintzane Ezenarro. En esta ocasión no ha contado con los familiares del magistrado.
TENÍA 50 AÑOS Y DOS HIJOS
José María Lidón tenía dos hijos (Jordi e Íñigo). Fue asesinado por ETA con 50 años y se convirtió en la novena víctima relacionada con la Justicia que mataba la banda terrorista, que entonces llevaba 101 días sin cometer ningún atentado.
En el siguiente tuit, lo recordaba en el anterior aniversario la presidenta del Colectivo de Víctimas del País Vasco (Covite), Consuelo Ordóñez, hermana del concejal del PP vasco Gregorio Ordóñez asesinado por ETA el 23 de enero de 1995 en San Sebastián. Cada día recuerda en Twitter a las víctimas y heridos de la banda asesina. El próximo 7 de noviembre volverá a rendirle homenaje.
Lidón nació en Gerona en febrero de 1951, pero pasó la mayor parte de su vida en el País Vasco, donde se trasladó a comienzos de la década de los setenta para cursar sus estudios de Derecho en la Universidad de Deusto.
En 1990 comenzó su carrera judicial e ingresó en la Audiencia Provincial de Vizcaya, labor que compaginaba con la de docente en el mismo centro universitario donde se formó.
También participó en cursos de enseñanza y reciclaje de derecho en la academia de la Policía Local de Bilbao, donde los agentes señalan que «era uno de los mejores expertos en Derecho, un gran magistrado y un gran profesor».
El día de su asesinato, la Universidad de Deusto suspendió todas sus clases.
El Foro de Ermua, asociación creada tres años antes tras el asesinato de Miguel Ángel Blanco, convocó manifestaciones en las tres capitales vascas, hubo numerosas concentraciones en todo el territorio nacional y todos los juicios del Palacio de Justicia de Bilbao fueron suspendidos.
El entonces miembro del Consejo General del Poder Judicial Juan Pablo González enmarcó el crimen como un «atentado contra el Poder Judicial».
