La teniente fiscal del Supremo, María Ángeles Sánchez Conde, ha reemplazado a la fiscal María de la O Silva, quien estaba a favor de investigar la querella que interpuso la pareja de Isabel Díaz Ayuso, Alberto González Amador, contra la fiscal provincial de Madrid y un compañero por supuestos delitos de revelación de secretos.
En su lugar, Sánchez Conde ha asignado al fiscal superior del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura, Francisco Javier Montero Juanes, para que asuma la responsabilidad de redactar el informe final dirigido a la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), informando que la Fiscalía no ve indicios de delito y que esta querella y la denuncia presentada por el Colegio de Abogados de Madrid deben rechazarse.
La querella de González Amador va dirigida contra la fiscal jefe de Madrid, Pilar Rodríguez, y contra Julián Salto, el fiscal que investigó a González Amador.
Este acusa a ambos por supuestamente haber revelado los secretos de su expediente de la Agencia Tributaria. González Amador busca anular las actuaciones en su contra, que incluyen dos delitos fiscales y uno de falsedad documental en la venta de mascarillas durante la pandemia, transacciones que supuestamente le generaron comisiones millonarias.
La investigación de la Agencia Tributaria, iniciada en 2022, reveló posibles fraudes fiscales a través de empresas pantalla.
En un intento de resolver el asunto, el abogado de González Amador, Carlos Neira, propuso un acuerdo que incluía la admisión de los delitos y una pena de cárcel reducida, junto con una multa significativa.
La situación se complicó cuando Miguel Ángel Rodríguez, director de gabinete de Ayuso, facilitó la correspondencia entre la Fiscalía y Neira, lo que llevó a un error estratégico que intentó presentar a la Fiscalía como la autora de la idea de un pacto de conformidad.
El escenario se aún más tenso cuando el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ordenó dar difusión a un comunicado, el 14 de marzo, que aclaraba los procedimientos seguidos, en un intento por mitigar el daño y controlar el relato.
Este es el origen de la querella de González Amador.
Cuatro días más tarde, el 19 de marzo, el Juzgado de Instrucción 19 de Madrid admitió a trámite la querella interpuesta por la Fiscalía contra González Amador por dos delitos fiscales y uno de falsedad.
Lo que convierte el caso en dos querellas cruzadas. Una de la Fiscalía contra González Amador y otra de González Amador contra los fiscales Pilar Rodríguez y Julián Salto.
Debido a su aforamiento, la querella contra los dos fiscales fue asignada a la fiscal sustituida, María de la O Silva, que sí vio necesidad de investigar contra el criterio de la teniente fiscal.
Esto provocó que la fiscal invocara el artículo 27 del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, y la reunión de la Junta de Fiscales de Sala del Supremo el 24 de abril pasado.
Se saldó con una votación muy justa: 16 votos a favor de archivar la querella, 15 en contra –2 de ellos consideraron que la investigación debía realizarla un juzgado de instrucción– y 1 abstención.
La consecuencia lógica de ese resultado ha sido el apartamiento de la fiscal María de la O Silva y su sustitución por su compañero de Extremadura que, por cierto, es de la Asociación de Fiscales, la misma a la que pertenece la fiscal removida.
