El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha requerido a la Fiscalía Provincial de Madrid identificar al máximo responsable que dio la orden de hacer público el comunicado de prensa del 14 de marzo de 2023 sobre la denuncia contra Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, supuesto implicado en un caso de fraude fiscal y falsedad documentalo.
El magistrado instructor, Francisco José Goyena Salgado, ha exigido, específicamente, en un auto que tiene fecha de 14 de mayo, que se informe sobre las personas que redactaron y decidieron dicho comunicado, así como el rango del funcionario que aprobó su contenido final.
Este comunicado reveló detalles de la investigación contra González Amador, quien está relacionado sentimentalmente con la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.
Dos fiscales, María Pilar Rodríguez Fernández, fiscal jefe de la Fiscalía Provincial de Madrid, y Julián Salto Torres, fiscal de Delitos Económicos, son objeto de la querella por su participación en la divulgación de información que estaba protegida por el deber de confidencialidad inherente a las actuaciones penales.
La Sala de lo Civil y Penal del TSJM ha admitido a trámite la querella presentada por el abogado de González Amador y ha determinado que, aunque la nota informativa de la Fiscalía no estaba firmada, existen indicios suficientes para investigar la posible implicación directa de los querellados.
Además, el tribunal ha solicitado a la Fiscalía que remita copia de todas las comunicaciones mantenidas con el abogado del querellante, tanto antes como después de la publicación del comunicado.
El próximo 24 de mayo, las partes personadas deberán comparecer ante el tribunal para ratificar las respectivas querellas y conocer el estado de las actuaciones hasta el momento.
Esta citación incluye al querellante, la acusación popular representada por el Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid, y los dos querellados.
El magistrado ha subrayado que la investigación se centrará en determinar si se ha vulnerado el deber de confidencialidad y reserva, y en esclarecer el grado de participación de cada uno de los implicados en la divulgación de la información.
La Fiscalía de Madrid deberá responder en un plazo de 15 días hábiles a los requerimientos del tribunal, aportando todas las pruebas documentales solicitadas, incluidas las comunicaciones y las instrucciones internas sobre la protección de datos personales.
