Los abogados reivindican su papel en la gestión de los desahucios de personas vulnerables

Los abogados reivindican su papel en la gestión de los desahucios de personas vulnerables

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13/3/2022 06:48
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Actualizado: 12/3/2022 19:43
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La defensa en casos de desahucios es clave para una buena gestión de estos asuntos. En este escenario los abogados son decisivos de cara a esas personas vulnerables que se encuentran en una situación limite, como pueda ser el perder su vivienda, tanto a nivel legal como de apoyo personal para estos colectivos al borde de la exclusión.

La Fundación Abogacía presentaba esta semana la Guía práctica de “Herramientas Internacionales para la defensa del derecho a la vivienda en España en caso de desahucio”, un instrumento para defender mejor a particulares frente a la pérdida de la vivienda habitual desde una perspectiva de Derechos Humanos.

“El acceso a una vivienda digna es imprescindible para salvaguardar los derechos de los colectivos más vulnerables”, aseguró en la presentación la presidenta del Consejo General de la Abogacía, Victoria Ortega, quien señaló que por ello “se han adoptado por el Estado medidas extraordinarias”.

El contexto actual no es el mejor posible.

Las ejecuciones hipotecarias en viviendas habituales, o embargos de una propiedad para su venta, crecieron un 57,4 % en 2021 en tasa interanual hasta alcanzar 11.947, en la que es la mayor subida desde 2014 y la cifra más alta en más de un lustro, en 2016, según datos facilitados este lunes por el INE.

Los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) revelan que en 2021 se embargaron 14.862 viviendas de personas físicas, de las cuales 2.915 no eran residencia habitual de los propietarios, un 38,6 % más.

El número total de inscripciones de certificaciones por ejecuciones hipotecarias iniciadas en 2021 fue de 32.383, lo que supuso un 7,4 % menos que en 2020.

Las ejecuciones hipotecarias en viviendas habituales, o embargos de una propiedad para su venta, crecieron un 57,4 % en 2021 en tasa interanual

Para el conjunto del año el 11,1 % de las ejecuciones hipotecarias sobre viviendas fueron sobre inmuebles nuevos, y el 88,9 % sobre usados; las primeras se redujeron un 27,8 % desde el año anterior, en tanto que las segundas aumentaron un 13,6 %.

Atendiendo al año de inscripción de la hipoteca, el 17,6 % de las ejecuciones hipotecarias iniciadas sobre viviendas en 2021 correspondió a hipotecas firmadas en 2007, el 14 % a hipotecas cerradas en 2006, y el 9,9 % a hipotecas de 2005.

De este modo, el periodo 2005-2008 concentró el 51,1 % de las ejecuciones hipotecarias iniciadas el pasado año.

Desglosados los datos por comunidades autónomas, las que presentaron mayor número de certificaciones por ejecuciones hipotecarias sobre el total de fincas fueron la Comunidad Valenciana (7.573), Andalucía (6.727) y Cataluña (5.287), en tanto que la Comunidad Foral de Navarra, con 136; La Rioja, con 266, y Cantabria, con 273, registraron el menor número.

Andalucía (4.510), la Comunidad Valenciana (4.402) y Cataluña (3.703) registraron el mayor número de ejecuciones sobre viviendas, y la Comunidad Foral de Navarra (86), La Rioja (133) y Cantabria (164), el número más bajo.

Defender el derecho a la vivienda

Dada la importancia de este derecho, desde 2016 las Aulas de Derechos Humanos de la Fundación Abogacía celebran jornadas sobre este asunto, para formar a los profesionales de la abogacía.

Francisco Segovia, coordinador de proyectos de esta Fundación, señala que “en este momento que estamos en un proceso legislativo para la aprobación de una Ley de Vivienda en España. Es evidente la trascendencia que tiene este asunto desde el punto de vista social y económico”.

“Queremos darles a los abogados herramientas para que entiendan este derecho.  Nos encontramos con falta de aplicación de la normativa nacional e internacional relacionada con el derecho a la vivienda para personas vulnerables.  Cuando hay un desahucio no hay alternativa habitacional”.

Fruto de esas Aulas es esta Guía elaborada por Javier Rubio, abogado del Centro de Asesoría y Estudios Sociales (CAES). “Un derecho humano debe tener garantías legales”, afirmó en la presentación. “Si no existe una vía para reclamar un derecho y que se haga realidad, se queda en una mera declaración”.

La Guía pretende dar herramientas para defender a particulares, con especial atención a las herramientas internacionales que abren “un abanico de posibilidades que a menudo no suelen ser conocidos”. 

“El papel de la abogacía en el derecho a la vivienda es fundamental hoy en día”, aseguró Rubio.

Al mismo tiempo se completa con un repaso a la normativa disponible en las Observaciones del Comité DESC (Derechos Económicos, Sociales y Culturales), las herramientas en el ámbito de la ONU y del Consejo de Europa, así como una serie de anexos con modelos de uso.

“Si no existe una vía para reclamar un derecho y que se haga realidad, se queda en una mera declaración», declara Javier Rubio, abogado del Centro de Asesoría y Estudios Sociales, autor de la Guía.

Rubio, una década implicado a nivel profesional en la lucha por frenar las ejecuciones hipotecarias,  reconoce que “se han firmado distintos tratados internacionales que garantizan el derecho a la vivienda, sin embargo, siguen siendo unos grandes desconocidos, en general para los propios afectados por ejecuciones hipotecarias y muchos abogados y abogadas”.

A juicio de este abogado “hay una demanda ahí de una mayor formación y sensibilización sobre estos temas. La propia guía pretende pasar revista a los tratados internacionales más importantes y ver su aplicación práctica”, apunta.

Al final se trata de conocer su uso práctico en todas estas situaciones donde el objetivo es paralizar el desahucio, situación que suele ser muy traumática para las familias que se vean afectadas por ellas.

Rubio también ha participado en los talleres formativos que la Fundación CGAE ha puesto en marcha sobre estos temas “cada vez acuden más abogados y abogadas para poder entender la problemática y así, en función del asunto en cuestión que puedan defender con garantías arrendadores o inquilinos en diferentes procedimientos judiciales, así como gestionar las ejecuciones hipotecarias que siguen aumentando”.

Emergen de nuevo los desahucios

Rubio ve en los datos la necesidad de tomar medidas para frenar la escalada de desahucios “tras el bajón del 2020 provocado por la pandemia, la paralización de los juzgados y algunas medidas de contención de estos desahucios, en el 2021 al reactivarse la maquinaria judicial y han decaído estas medidas se están reactivando”

Para este jurista “seguimos sin tener una ley estatal como marco general del articulo 47 de la Constitución, eso es un lastre de cara a que las Comunidades Autónomas puedan implementar medidas que protejan a los afectados por la pérdida de vivienda y que sean efectivas”.

Este experto, como también lo ha comentado movimientos ciudadanos como la propia Plataforma Afectados por Hipoteca (PAH), “nuestro país carece de un parque publico de viviendas que se pueda llamar así”

“Tenemos algo residual en algunas Comunidades Autónomas y centrados en algunos tipos de perfiles, n o hay una apuesta por la vivienda pública seria en nuestro país”, señala.

Desde su punto de vista “la situación a mejorado de forma irregular. Para las personas hipotecadas ha mejorado muchísimo su defensa en este tipo de situaciones complejas, sin embargo. para aquellas que están de alquiler no ha mejorado mucho y en situaciones concretas ha empeorado de forma notable.

“No es lo mismo la problemática del País Vasco que Madrid, Canarias o Cataluña. Las Comunidades Autónomas tienen mucho que decir en temas de vivienda. Madrid no regula el derecho a la vivienda y eso genera situaciones extremas, frente al País Vasco que sí lo regula y tiene un parque público potente”.

A su juicio “ha habido avances a nivel general, pero sigue siendo insuficiente en cuanto a acercarnos a otros países de nuestro entorno”.

Sobre la futura Ley de Vivienda, ahora en trámite parlamentario y que ha generado mucha polémica , Rubio considera que “va a ser un avance, pero no será la solución en sí misma. A esa ley estatal deberían acompañarla otras leyes autonómicas. Debe ser un esfuerzo concertado de distintas administraciones y una apuesta por dar esa cobertura”.

Esta jurista señala que “tanto la vivienda pública como las garantías legales para todas las partes son claves. La existencia de viviendas alternativas para personas desahuciadas es necesaria y en este momento no las hay”.

“Se detienen los desahucios en los juzgados, pero no hay viviendas asequibles en el horizonte. La única solución es llegar a un acuerdo con el propietario que no siempre es sencillo. A lo máximo que ofrecen algunos ayuntamientos son alojamientos de emergencia compartidos durante seis meses”, aclara este abogado.

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