El exalcalde de Lugo José López Orozco (PSG-PSOE) va a exigir una indemnización al Ministerio de Justicia por el anómalo funcionamiento de la Administración de Justicia que permitió un «calvario» judicial sobre su persona que ha durado 11 años y que terminó con su carrera política después de 16 años al frente del Consistorio.
Un «calvario» que articuló, mayormente, la magistrada Pilar de Lara, a la que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) después sancionó con siete meses de empleo y sueldo y pérdida de destin .
«No tenemos todavía definida la cantidad que vamos a demandar como indemnización. Mi abogado, Gregorio Arroyo Hernánsanz, es quien se está ocupando de los detalles. Solo puedo adelantar que podría estar entre los 6 y los 7 dígitos», ha declarado a Confilegal.
Esta semana, precisamente, el sustituto de Pilar de Lara en el Juzgado de Instrucción 1 de Lugo, Galicia, archivó la última causa contra su persona, de las 10 que tuvo que soportar.
Siete de ellas fueron macrocausas abiertas contra su persona.
Orozco ha recordado en que este «vía crucis judicial» padecido por él y su familia comenzó con «una denuncia falsa, de una persona de la empresa de la grúa que incluso dijo que no tenía ninguna prueba y eso está incluido en el sumario».
A pesar de ello, recalca que se le siguió investigando.
A partir de ahí ha recordado se le escrutó de «arriba abajo», tanto en su vida municipal como en la personal.
El «vía crucis judicial» padecido por él y su familia comenzó con «una denuncia falsa, de una persona de la empresa de la grúa que incluso dijo que no tenía ninguna prueba y eso está incluido en el sumario»
«En lo municipal se me emplazó a enviar todos los contratos municipales desde 2003 al juzgado y eran más de mil», ha rememorado.
Y sus cuentas personales que «fueron también revisadas». «Las de mi familia próxima, como mis hijas, como de familia remota como fue la familia de mi mujer», ha añadido. Un «striptease» patrimonial, según ha definido.
Ello, ha relatado el exalcalde de Lugo, pese a que funcionarios de Vigilancia Aduanera que habían investigado en todo su capital «afirmaron con total rotundidad que no se apreciaba aumento» alguno.
