La presidenta del Consejo General de la Abogacía Española (CGAE), Victoria Ortega, calificó el delito de blanqueo de capitales como una verdadera «amenaza para la democracia».
Pero hizo especial hincapié en que el «estado de derecho debe disponer de los medios para la persecución de los delitos» sin socavar el principio del derecho profesional y, con ello, el derecho de defensa.
Fue durante su participación en las VIII Jornadas de Prevención del Blanqueo de Capitales que comenzaron ayer y que terminarán hoy en Castellón.
La legislación ya contempla a los profesionales de la abogacía como objetos obligados a declarar las actividades que consideren susceptibles de ocultar un posible blanqueo de capitales, a pesar de lo cual su actividad es muy limitada.
En el mismo sentido que Ortega se pronunció el decano del Colegio de Abogados de Castellón, Manuel Mata, quien defendió el compromiso de la abogacía con la prevención de este tipo de delitos económicos.
Quien también enfatizó la necesaria participación de los abogados y abogadas en la estrategia contra este tipo de delitos el director del Servicio de Prevención del Blanqueo de Capitales (SEPBLAC), Pedro Comín, quien apuntó como “elemento fundamental en la estrategia de prevención el análisis de riesgo”.
Ha sido la legislación europea la que desde finales del siglo XX ha impulsado las diferentes líneas de trabajo para estrechar el cerco sobre el control de los capitales sospechosos de proceder de orígenes ilícitos.
Y será Europa desde donde llegará en los próximos años una nueva autoridad de control que traerá consigo nuevas obligaciones para los abogados.
El propio Comín explicó que las pocas comunicaciones que se transmiten suelen caracterizarse por que sus protagonistas son no residentes, por operaciones en efectivo y por problemas con los bancos.
No obstante, el máximo responsable de este servicio avanzó que en los próximos años el compromiso de colaboración será más exigente, aunque no definió cuándo se creará el órgano centralizado de prevención del blanqueo de capitales en el seno de la abogacía.
El presidente de la subcomisión de Prevención y Represión del Blanqueo de Capitales del CGAE, Jesús Pellón, defendió el trabajo que el propio Consejo lleva realizando en los últimos años y señaló la relevancia de que los ciudadanos sigan teniendo muy clara la trascendencia del secreto profesional que se establece entre el cliente y el profesional.
A lo largo de la jornada también se abordaron cuestiones del máximo interés para la materia como la potestad sancionadora de la administración o la jurisprudencia del Tribunal Supremo a cargo de los magistrados del Tribunal Supremo César Tolosa y Antonio del Moral.
