Rosario Jiménez Rubio no se anduvo con rodeos. La decana del Colegio de Registradores aprovechó la entrega del Premio Luis María Cabello de los Cobos, ayer en Madrid, para lanzar un mensaje con destinatario claro: quienes critican la reforma de la Ley de Integridad Pública tienen intereses creados.
Y los registradores, dijo sin ambages, están del lado de la reforma.
No era una declaración menor. La sala reunía a la directora general de Seguridad Jurídica y Fe Pública, Ester Pérez Jerez, en representación del Ministerio de Justicia, y a la secretaria de Estado y directora del Centro Nacional de Inteligencia, Esperanza Casteleiro, por el Ministerio del Interior.
Junto a ellas, académicos, representantes del mundo registral y miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Una audiencia que escuchó con atención cada palabra.
Primera línea de defensa
Jiménez respaldó su discurso con datos. En el último año, el Centro Registral Antiblanqueo —el organismo interno del Colegio que coordina la colaboración con jueces, policías y administraciones— procesó 40.000 alertas sospechosas procedentes de registros de la propiedad y mercantiles de toda España.
De esas alertas, las que presentan indicios claros de operaciones de blanqueo se remiten al Sepblac, el Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias, que es el supervisor financiero competente.
Esa cifra, por sí sola, ya era significativa. Pero la decana añadió otra que la eclipsa: durante ese mismo periodo, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado formularon casi 60 millones de consultas al Registro de Titularidades Reales.
Sesenta millones de peticiones de información sobre quién está realmente detrás de cada empresa, cada finca, cada operación con trazas sospechosas.
Es el retrato de una infraestructura que trabaja a pleno rendimiento. Y que, según Jiménez, el actual sistema de prevención «tiene aún margen de mejora».
El flanco notarial
El momento más tenso del discurso llegó cuando la decana puso el foco en la base de datos que gestiona el notariado para la lucha contra el blanqueo.
Sus palabras fueron quirúrgicas: esa base «no es completa ni fiable». El motivo, explicó, es estructural: la información que contiene «ha sido obtenida de los interesados con carácter reservado y en base al secreto del protocolo».
En términos llanos: los datos proceden de declaraciones que los propios implicados hacen ante notario, bajo reserva y sin posibilidad de contraste externo.
No hay verificación registral. No hay cruce con fuentes independientes. Una base construida sobre lo que el interesado quiso declarar, no sobre lo que el Estado puede certificar.
La crítica no es nueva en el debate entre registradores y notarios sobre quién debe controlar qué en el sistema de seguridad jurídica preventiva.
Pero el contexto la convierte en detonante: la Ley de Integridad Pública, que actualmente tramita el Gobierno, redistribuye competencias y amplía el control registral sobre determinadas operaciones societarias.
Los notarios se han opuesto. Los registradores, en cambio, la apoyan sin fisuras.
«Solo la publicidad registral constitutiva prevendrá fraudes estructurales», sentenció Jiménez. Una frase que, traducida al debate de fondo, significa: sin inscripción registral obligatoria, la transparencia es incompleta.
La reforma pendiente: las participaciones sociales
Jiménez señaló además una asignatura que sigue sin aprobarse en el ordenamiento español: la obligación de que las transmisiones de participaciones sociales —las cuotas de propiedad de las sociedades limitadas— pasen por el Registro Mercantil.
Hoy, ese tráfico puede quedar fuera del radar institucional. Una sociedad puede cambiar de manos sin que ningún registro público lo recoja de forma imperativa.
En el contexto de la lucha contra el blanqueo, esa laguna es un vector de riesgo. Las participaciones sociales son uno de los instrumentos más utilizados para ocultar la titularidad real de activos y tramas patrimoniales.
Hacerlas pasar por el Registro Mercantil cerraría, al menos formalmente, esa vía de escape.
Los premiados
La IV edición del galardón —convocado conjuntamente por el Colegio de Registradores y la Universidad Autónoma de Madrid— reconoció cuatro trabajos de investigación académica y periodismo especializado.
El Premio al Mejor Artículo Académico fue para Ángela Matallín Evangelio, por su análisis jurídico-penal sobre la prueba del origen ilícito de los bienes en el delito de blanqueo de capitales, una de las cuestiones más controvertidas en la aplicación práctica del tipo penal.
El Premio Especial del Jurado recayó en Cristina Pérez Espés y su estudio sobre el papel de la contabilidad como herramienta de detección y prevención.
La Mejor Investigación Júnior fue para Raúl Guerrero Rodríguez, cuyo Trabajo de Fin de Grado cruzó los índices internacionales de lavado de dinero con el Global Terrorism Index para medir la correlación entre ambos fenómenos.
Y el Premio al Mejor Artículo Periodístico lo obtuvo Ilier Navarro por su reportaje sobre la metamorfosis del blanqueo: de las mulas de efectivo a las criptomonedas.
El nombre del galardón honra a Luis María Cabello de los Cobos y Mancha, registrador de la propiedad, vocal de la Junta de Gobierno del Colegio de Registradores y exdirector general de los Registros y del Notariado.
