Hay nombres que no aparecen en los titulares pero que, según la investigación, mueven los hilos. Rodolfo Reyes Rojas es uno de ellos.
Los informes de la la Unidad de Delitos Económicos y Fiscales (UDEF) de la Policía Nacional y el auto del magistrado Calama lo sitúan como el máximo accionista de facto de Plus Ultra Líneas Aéreas, aunque su nombre no figure formalmente en la estructura de la compañía.
El control lo ejerce, según la investigación, a través de su esposa, María Aurora López López, quien sí aparece en el accionariado.
Un esquema de titular interpuesto que los investigadores consideran deliberado. También controlaría el grupo Aerovip, que actúa como agente comercial de Plus Ultra en Venezuela desde 2018.
Dos llamadas. Dos puertas
Todo arranca en marzo de 2020, con la pandemia recién declarada y la aerolínea en caída libre. Reyes Rojas no llamó a su banco. Llamó a sus contactos políticos.
El 23 de marzo contactó con el abogado Miguel Palomero para abrir lo que la investigación denomina la «vía Ábalos»: llegar al entonces ministro de Transportes José Luis Ábalos a través de su asesor Koldo García —el mismo Koldo que da nombre al caso que hoy sacude la política española.
Una semana después, el 30 de marzo, abrió un segundo canal. Contactó con Ramón Gordils para sondear el acceso a José Luis Rodríguez Zapatero.
El objetivo declarado en las comunicaciones intervenidas: ejercer un lobby político para obtener ayudas públicas o financiación. Era la «vía Zapatero».
Dos vías. Un mismo objetivo: los 53 millones del fondo público FASEE gestionado por la SEPI.
El teléfono que lo cambió todo
Las pruebas más comprometedoras no llegaron desde España. En 2021, el HSI —Homeland Security Investigations, el servicio de investigación del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos— intervino el teléfono de Reyes Rojas en el marco de una investigación por blanqueo de capitales y evasión de sanciones estadounidenses.
Ese dispositivo se convirtió en la fuente documental principal de toda la trama en España.
Los chats recuperados son elocuentes. Aparece discutiendo el pago de comisiones a la red de influencia —las «mordidas» disfrazadas de contratos de asesoría— y confirmando transferencias.
En agosto de 2021, tras el desembolso final de la SEPI, escribe a Julio Martínez Martínez con escueta contundencia: «10k done».
Antes, en enero de ese mismo año, Miguel Palomero le había entregado 20.000 euros en efectivo. Reyes, según los mensajes, aclaró que ese dinero no era para él sino para un tercero. La investigación no ha podido identificar, de momento, a ese destinatario.
El maquillaje contable
La investigación detecta además su vinculación a Panacorp Casa de Valores S.A., donde ejerció como director de finanzas.
Esa sociedad participó en préstamos a Plus Ultra que los investigadores califican como parte de un artificio contable destinado a maquillar la situación financiera real de la aerolínea —precisamente la que debía justificar el rescate público.
El magistrado Calama lo ha incluido como investigado con un pliego de cargos que abarca cinco figuras delictivas: tráfico de influencias, blanqueo de capitales, falsedad documental, apropiación indebida y pertenencia a organización criminal.
Es, de los investigados hasta ahora, el perfil con la acusación más amplia en términos de tipificación penal.
El hombre que no figuraba en ningún papel relevante figura ahora en todos.
