El Tribunal de Cuentas ha acordado apartar, a petición de la Fiscalía, a los exconsejeros Joaquim Forn y Josep Rull así como a otros 14 excargos del gobierno autonómico catalán de la lista de personas a las que se les reclama –en concepto de responsabilidad contable– los fondos desviados por la Generalitat para la acción exterior de Cataluña y para los gastos del referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017, enmarcados en el denominado ‘procés’.
En un decreto firmado este mismo miércoles, el letrado secretario del Departamento Segundo de la Sección de Enjuiciamiento ha admitido a trámite la demanda presentada por el Ministerio Público contra 35 excargos del gobierno autonóimico.
Además, ha acordado «tener por apartados» a otras 16 personas, tal y como ha solicitado la Fiscalía.
Según consta en la resolución, figuran los nombres de los exconsejeros Meritxell Borràs, Joaquim Forn, Natalia Garriga, Carles Mundó, Josep Rull, Meritxell Serret y Santi Vila.
También quedaría fuera del procedimiento el diputado de ERC Josep Maria Jové, quien fuera secretario general de la Consejería de Hacienda. Así, ninguno de ellos tendrá que hacer frente al importe que se reclama en la causa para reintegrar los fondos supuestamente desviados.
El órgano fiscalizador ha dado plazo de cinco días a las partes para que se pronuncien sobre la cuantía del procedimiento.
También ha dado traslado a los demandados en el escrito de Fiscalía para que contesten en 20 días.
FISCALÍA REBAJA LOS GASTOS DEL PROCÉS
La decisión tiene lugar después de que este mismo miércoles se diera a conocer que la Fiscalía ha rebajado las estimaciones sobre la cifra de los fondos presuntamente desviados por excargos del gobierno autonómico para la acción exterior de Cataluña y para los gastos del 1-O enmarcados en el denominado ‘procés’. Ha reducido el importe de 9,5 millones de euros a 3,4 millones de euros.
El Tribunal de Cuentas fijó inicialmente en 5,4 millones de euros la responsabilidad contable relativa a la acción exterior de Cataluña a través de las denominadas ‘embajadas catalanas’ y al Consell de la Diplomàcia Pública de Catalunya, conocido como ‘Diplocat’.
Por su parte, cifró en 4,1 millones los gastos vinculados al referéndum del 1 de octubre de 2017.
Al haberse fusionado ambas actuaciones en un solo procedimiento, el importe total alcanzaba los 9,5 millones de euros.
Ahora, el Ministerio Público ha presentado sus cuentas ante el órgano fiscalizador. En concreto, ha cifrado en 2,2 millones los gastos de acción exterior y en 1,2 millones los relativos al 1-O para un total de 3,4 millones de euros.
La Fiscalía ha defendido que su trabajo ha sido «minucioso» y que ha atendido –»por razones de coherencia»– a la postura procesal del Ministerio en cada uno de los procedimientos en los que los posibles responsables resultaban investigados, encausados, acusados o procesados.
Así, ha explicado que la responsabilidad contable de algunos de los presentes en el procedimiento «disminuye de manera considerable respecto del importe reclamado por la instructora» del Tribunal de Cuentas y respecto de la demanda de Sociedad Civil Catalana porque «los demandados y las cuantías son divergentes».
La demanda por responsabilidad contable, no obstante, continúa contra los condenados por malversación de fondos Oriol Junqueras i Vies, Raül Romeva i Rueda, Dolors Bassa Coll y Jordi Turull i Negre.
