El juez Ismael Moreno, encargado de la instrucción de la operación Titella en la Audiencia Nacional, tomará declaración este martes a cinco investigados que guardarían relación con el productor televisivo José Luis Moreno, llegando algunos de ellos a colaborar presuntamente para conseguir financiación de forma fraudulenta.
La declaración, fijada según la diligencia emitida la semana pasada por el Juzgado Central de Instrucción Número 2, está prevista para las 9.30 horas del día de hoy.
Uno de los citados es Jorge Medina, a quienes los investigadores sitúan en la trama dedicada al fraude y estafa a entidades bancarias e inversores privados.
En concreto, los oficios policiales señalan que «habría utilizado su propio entramado societario para llevar a cabo la actividad fraudulenta consistente en el ingreso recurrente de cheques de importes elevados que posteriormente vienen devueltos por embargos o falta de liquidez en las cuentas».
Ese mismo día el magistrado también escuchará en calidad de investigados a Luis Oliver Albesa, Alfonso Escribano y Francisco Manuel García Navarro. Este último continúa como no personado en las acusaciones, motivo por el cual el instructor ordenó hace un mes a la Policía Nacional y la Guardia Civil su localización.
Estaba previsto que este mismo martes el magistrado escuchase a Pascal Jean Jorgen, presunto colaborador de Moreno y administrador único de la sociedad Indiana Films, aunque su declaración podría no celebrarse.
Jorgen, que se encontraba en tratamiento facultativo, debía comparecer este lunes en la Audiencia Nacional para informar de su situación, pero no lo hizo.
Es por eso que el juez requiere en su auto, dirigido a su defensa, que alegue lo que proceda respecto a la incomparecencia de su cliente aportando los justificantes correspondientes sobre la citada ausencia.
En el caso de Jorgen, los agentes creen que habría trabajado para el ventrílocuo intentando «cerrar operaciones con inversores privados para conseguirle liquidez, teniendo conocimiento que la documentación aportada a los inversores de las sociedades a las que se les daba financiación era fraudulenta».
Aunque el instructor fijó para este lunes la declaración de otros cuatro investigados, las mismas han sido suspendidas y fijadas para el próximo 9 de mayo. Ese día declararán, entre otros, el presunto testaferro del empresario argentino Alejandro Roemmers en España, donde cuidaría de sus intereses.
José Luis Moreno declaró el pasado febrero en la Audiencia Nacional
El productor de televisión José Luis Moreno ya compareció el pasado 17 de febrero ante el juez, negando en su declaración cualquier ilegalidad en relación con la presunta macroestafa que se investiga en la ‘Operación Titella’.
«No soy capo de nada», dijo en su momento al ser preguntado por su defensa al principio del interrogatorio. Moreno negó también que usara testaferros. «No puedo soportalos», habría señalado, para reivindicar que a lo largo de su carrera ha realizado más de 3.000 producciones que se han traducido en 150 millones de euros en contratos firmados.
José Luis Moreno, acusado de estafa, blanqueo, asociación ilícita, falsificación de documentos, insolvencia punible y delitos contra la Hacienda Pública, está en libertad condicional, con la obligación de comparecer semanalmente en un juzgado, retirada de pasaporte y prohibición de salir del país.
Moreno, Aguilera y Salazar, posibles encargados de la trama de estafa y blanqueo dentro de la organización
Los investigadores dividen la presunta trama en dos organizaciones: una liderada por Moreno, Antonio Aguilera y Antonio Salazar, dedicada desde 2017 al «fraude y estafa a entidades bancarias e inversores privados», «a la falsificación de efectos bancarios como cheques y pagarés» y al «blanqueo de capitales»; y otra, encabezada por Carlos Brambilla, presunto narcotraficante que se habría valido de dicha estructura para blanquear el dinero.
Según el relato judicial, Moreno y Aguilera serían los «máximos responsables» y Salazar, el tercero en acción. Cada uno tendría una función.
El productor, «como persona pública muy reconocida, prestaría su nombre como tarjeta de visita» a fin de conseguir fácilmente la financiación que fingirían necesitar para poner en marcha un proyecto cinematográfico. Por tanto, «era el principal receptor de los fondos obtenidos».
Ese dinero pasaría entonces a manos de Aguilera y Salazar. Los dos tendrían «amplios conocimientos en operativa bancaria y mercantil», por lo que se ocuparían de crear las sociedades, «maquillarlas», poner administradores y presentarlas ante las entidades bancarias como los destinatarios de la financiación necesaria para dichos proyectos.
En realidad, carecerían de actividad alguna.
Mediante esta red de «empresas pantalla» administradas por presuntos testaferros ambas organizaciones moverían «grandes cantidades de dinero en efectivo» a las que intentaban dar salida con ingresos que hacían pasar por beneficios de su labor mercantil o con inyecciones en metálico.
Para ello contarían en principio con la complicidad de empleados de banca, que se llevarían su comisión a cambio de introductor este dinero en el circuito legal.
