Presencia cree que recusando a los 16 magistrados eso impediría que lo pudieran juzgar. Foto: Confilegal.
Presencia finalmente recusa a toda la Sala de lo Penal para impedir que lo juzguen
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14/6/2022 06:48
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Actualizado: 14/6/2022 09:59
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El exmagistrado Fernando Presencia finalmente ha dado su último paso para preconstituir la prueba que cree que impedirá que la Sala de lo Penal entre a enjuiciar el recurso de casación que interpuso contra la condena de 2 años y 10 meses que pende sobre su cabeza.
Ese paso ha sido recusar a los 16 miembros que conforman la Sala Segunda. Cosa que hizo ayer.
De esa forma cree que conseguirá varar cualquier decisión que se pueda tomar su persona e impedir su inevitable entrada en prisión en el caso hipotético de que la Sala inadmitiera la recusación, circunstancia que es probable que puede producirse, y que después sus magistrados validaran la condena de la primera y la segunda instancia.
Este periódico ya avanzó el pasado 10 de junio, viernes, que esa era la estrategia que había venido aplicando Presencia en las pasadas semanas, en forma de goteo medido de acusaciones, uno a uno, sobre los miembros de esta Sala, a los que denunciaba públicamente por corrupción al, supuestamente, tener dinero oculto en paraísos fiscales.
De esa forma, llegó a denunciar a 9 de los 16 magistrados.
Para «sustanciar» esas denuncias aportaba fotocopias de supuestos documentos que había recibido, de no se sabe qué procedencia, a través del buzón de su asociación, ACODAP.
Sin embargo, la denuncia pública del presidente de la Sala de lo Penal del Supremo, Manuel Marchena, en forma de escrito al presidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y del Tribunal Supremo, Carlos Lesmes, por las imputaciones «radicalmente falsas» y «calumniosas» vertidas por Presencia contra los componentes de su Sala, ha cambiado todo.
Porque según fuentes del CGPJ, Lesmes ha enviado la denuncia a la Fiscalía General del Estado.
Lo que se une a otras denuncias que algunos magistrados habían presentado previamente también contra Presencia ante el Ministerio Fiscal.
El exmagistrado presupone que ahora la maquinaria fiscal y después la judicial se pondrá en funcionamiento contra su persona.
De ahí que ahora haya elevado la apuesta recusando a los 16 magistrados, autoproclamándose «víctima».
Según explica Presencia desde su página web, desde la que sigue solicitando donativos abiertamente, basa su escrito de recusación en el de Marchena porque afirma que con ello da por supuesta su culpabilidad en todos los procedimientos que se dirimen en su Sala.
Y principalmente este, con el que podría dar con sus huesos en la cárcel.
LA «PARADOJA» DE PRESENCIA
Según fuentes jurídicas consultadas, «lo paradójico de este caso es que Presencia, que se ha autoerigido en adalid de la lucha contra la corrupción, fue expulsado dos veces de la carrera judicial. Precisamente por corrupción. En concreto por prevaricación, por dictar dos sentencias a sabiendas de que eran injustas».
«La prevaricación judicial en el lenguaje de los tratados internacionales se llama abuso de poder. Y el abuso de poder es considerado, a todos los efectos, corrupción«, añaden las mismas fuentes.
Además, ponen en tela de juicio los documentos que enarbola para acusar a diestro y siniestro.
Tienen muy presente el auto que dictó que magistrado de refuerzo del Juzgado Central de Instrucción 6 de la Audiencia Nacional, Joaquín Gadea, por el que archivó la acusación contra el expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, y la fiscal general del Estado, Dolores Delgado.
Un auto que después reenvió de vuelta a Talavera de la Reina, donde vive Presencia, para que se investigue como supuesto delito de denuncia falsa.
En dicho auto –muy duro–, Gadea relató que días más tarde de presentar esa denuncia, que cayó en su Juzgado, Presencia aportó varios «documentos escaneados, cartas manuscritas, sin fecha, sin firma, sin datos del remitente ni destinatario, acabadas con el texto ‘poner fecha, pasar a limpio y enviar’ y documentos mecanografiados, presuntamente de una entidad bancaria, sin sello, sin membrete, sin ninguna otra identificación que permita determinar su origen», relata el magistrado.
Y refería que la fuente de dichos papeles era el buzón de ACODAP.
«No se aporta información ni de quién la ha presentado, ni de dónde han sido obtenidos los documentos aportados, ni, en definitiva, quién los ha elaborado, cuándo o a quien le han sido remitidos», precisaba el magistrado.
«Es más, debemos poner de manifiesto que la forma de transmitir la denuncia (o como refiere la Fiscalía ‘la burda composición de unas cartas’) no permite descartar en absoluto la posibilidad de encontrarnos ante una documentación creada ‘ex profeso’ para el hecho concreto que se denuncia, lo que no excluiría, desde la provisionalidad de este momento inicial, una ulterior actuación en orden a investigar el posible carácter espurio de las mismas», subrayaba.
Los documentos que el exmagistrado presentó, en suma, adolecían, según el criterio del magistrado Gadea, «de cualquier sustento mínimo que haga verosimil la denuncia, limitándose el denunciante a afirmar su existencia, sin ningún apoyo mínimamente objetivo que permita apreciar ni siquiera de forma inicial su credibilidad, lo que conlleva a que se rechace de plano la apertura de un procedimiento penal para su comprobación, tal como pretende el denunciante».
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