Fernando Presencia en una foto tomada en 2016 cuando todavía era juez en Talavera de la Reina.
La AN rechaza la denuncia de Presencia contra Dolores Delgado y Zapatero por estar basada en documentos falsos
|
13/4/2022 20:47
|
Actualizado: 13/4/2022 22:56
|
El magistrado Joaquín Gadea Francés, del Juzgado Central de Instrucción 6 de la Audiencia Nacional, ha rechazado la denuncia interpuesta contra la fiscal general del Estado, Dolores Delgado, y el expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, interpuesta por el exmagistrado Fernando Presencia – y la Asociación Contra la Corrupción y Defensa de la Acción Pública (ACODAP), que preside– por considerar que está basada en documentación falsa.
Presencia había acusado a Delgado y a Zapatero de los supuestos delitos de fraude fiscal y blanqueo de capitales.
Gadea, en un auto muy duro, subraya que los documentos que presenta Presencia para sustanciar su denuncia adolecen «de cualquier sustento mínimo que haga verosimil la denuncia, limitándose el denunciante a afirmar su existencia, sin ningún apoyo mínimamente objetivo que permita apreciar ni siquiera de forma inicial su credibilidad, lo que conlleva a que se rechace de plano la apertura de un procedimiento penal para su comprobación, tal como pretende el denunciante».
Una valoración que comparte al ciento por ciento el Ministerio Fiscal.
Por lo que, además de rechazar la admisión de la denuncia, ha ido más allá. La ha remitido, junto con los «documentos» en los que se basa, a los Juzgados de Talavera de la Reina a fin de que, allí –que es donde tiene su domicilio el denunciante Presencia– el juez de instrucción al que le corresponda investigue si todo ha sido una invención, una denuncia falsa, y actúe judicialmente en consecuencia.
PRUEBAS SIN BASE
En su denuncia, Presencia y ACODAP implicaban a Dolores Delgado y a José Luis Rodríguez Zapatero en una trama criminal.
Días más tarde de presentar la denuncia, Presencia aportó varios «documentos escaneados, cartas manuscritas, sin fecha, sin firma, sin datos del remitente ni destinatario, acabadas con el texto ‘poner fecha, pasar a limpio y enviar’ y documentos mecanografiados, presuntamente de una entidad bancaria, sin sello, sin membrete, sin ninguna otra identificación que permita determinar su origen», relata el magistrado.
La fuente de dichos papeles es un buzón creado por ACODAP para recibir denuncias.
«No se aporta información ni de quién la ha presentado, ni de dónde han sido obtenidos los documentos aportados, ni, en definitiva, quién los ha elaborado, cuándo o a quien le han sido remitidos», añade.
«Es más, debemos poner de manifiesto que la forma de transmitir la denuncia (o como refiere la Fiscalía ‘la burda composición de unas cartas’) no permite descartar en absoluto la posibilidad de encontrarnos ante una documentación creada ‘ex profeso’ para el hecho concreto que se denuncia, lo que no excluiría, desde la provisionalidad de este momento inicial, una ulterior actuación en orden a investigar el posible carácter espurio de las mismas», subraya.
Garea califica, además, la «poca solvencia» de la denuncia; su carácter «poco serio y creíble».
LA TRAYECTORIA DE ACODAP
El magistrado también hace referencia a la trayectoria reciente de ACODAP, que no ha dejado de presentar «diferentes escritos contra miembros del Gobierno, de la Judicatura y de Altas Instituciones del Estado sin mayor apoyo o base que ‘presuntas denuncias’ que llegan a su correo; es decir, siempre amparadas en un anonimato que impide cualquier actuación seria, rigurosa y respetuosa con el estado de derecho».
Entre los denunciados por Presencia y por ACODAP se encuentran el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, el expresidente del Gobierno, Felipe González, la ministra de Defensa, Margarita Robles, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, el exministro de Defensa, Federico Trillo, el presidente del Consejo General del Poder Judicial, Carlos Lesmes, el presidente de la Sala de lo Penal del Supremo, Manuel Marchena, su compañero de Sala, Pablo Llarena, el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, Vicente Rouco, el exmagistrado de la Sala de lo Penal, Luciano Varela, y el juez decano de Valladolid, Emilio Vega, entre otros.
Además de Dolores Delgado y José Luis Rodríguez Zapatero.
DOS SENTENCIAS LE INHABILITARON COMO JUEZ
Aunque Fernando Presencia se hace llamar «juez» o «juez decano de Talavera», la realidad es que está fuera de la carrera judicial desde hace cuatro años. Ha sido inhabilitado como magistrado dos veces por sendas sentencias de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo.
La primera fue en julio de 2017. El Alto Tribunal confirmó la condena de 10 años de inhabilitación y al pago de una multa de 3.600 euros por un delito de prevaricación por sobreseer unas diligencias previas abiertas por el atropello a un peatón y la posterior fuga del conductor.
La sentencia consideró probado que, siendo titular del juzgado de Primera Instancia e Instrucción 2 de Talavera de la Reina, el magistrado condenado dictó un auto de sobreseimiento de dicha investigación, seguida por un supuesto delito de omisión del deber de socorro y transformó en falta por imprudencia leve, no en delito, las lesiones derivadas del atropello, para “favorecer” al conductor denunciado que era amigo suyo.
La segunda sentencia tuvo lugar en noviembre de 2018. Fueron otros 10 años de inhabilitación por sobreseer una querella por el delito de estafa contra una persona con la que mantenía una relación de amistad.
Fue la segunda condena firme de inhabilitación por prevaricación que tiene.
En 2020 fue condenado, otra vez, a dos años y 10 meses de prisión por un delito continuado de denuncia falsa en la persona del fiscal decano de esa ciudad, Ángel Demetrio de la Cruz Andrade.
El Juzgado de lo Penal 3 de Toledo, son sede en Talavera, le impuso, además, el pago de una indemnización de 30.000 euros al fiscal.
Presencia llegó a Talavera después de que el Consejo General del Poder Judicial, del que formaban parte Margarita Robles, Manuel Almenar y Fernando de Rosa, le impusiera una sanción de pérdida de su destino en el Juzgado de lo Mercantil 2 de Valencia y traslado forzoso por haber impartido cursos de formación incompatibles con su condición de juez.
Después de perder su categoría de magistrado y su destino, Presencia fundó ACODAP, desde donde se ha dedicado a presentar denuncias.
LA JUSTICIA NO PUEDE CONVERTIRSE EN INSTRUMENTO DE ATAQUE
El magistrado Garea recuerda en su auto que «El proceso penal en ningún caso puede transmutarse en un instrumento de ataque contra determinadas personas, con independencia de su posición institucional o cargo, sean anónimas o conocidas«.
«Esta afectación», añade, «se da en cualquier circunstancia, pero como señala la Fiscalía en su informe, determinadas personas ‘por su posición institucional, en ocasiones, no pueden ejercer su legitimo derecho de defensa'».
Noticias Relacionadas:
