La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo tiene sobre su mesa el caso del exmagistrado Fernando Presencia. Es un recurso de casación contra la condena de 2 años y 10 meses que le impuso el Juzgado de lo Penal de Talavera de la Reina por los delitos de calumnias y denuncia falsa contra el fiscal decano de Talavera de la Reina, Ángel Demetrio de la Cruz Andrade.
Pena que fue confirmada, después, en apelación, por la Audiencia Provincial de Toledo.
En los últimos meses, Presencia ha denunciado públicamente, a través de la llamada Asociación contra la Corrupción y en Defensa de la Acción Pública (ACODAP), que preside, hasta a 9 de los 16 magistrados que componen esa Sala, entre ellos a Manuel Marchena, presidente de esa Sala de lo Penal del Supremo, y a sus compañeros Carmen Lamela, Pablo Llarena, Julián Sánchez Melgar y Vicente Magro.
A todos Presencia «les acusa» de tener dinero en el extranjero procedente de la corrupción.
De acuerdo con fuentes jurídicas consultadas, lo que pretende Presencia con estos ataques en forma de denuncias públicas contra los magistrados que tienen que decidir su futuro es construir la apariencia de parcialidad e animadversión de todos ellos contra su persona.
Lo que en términos legales se define como preconstituir la prueba.
Con ello el exmagistrado estaría tratando de impedir que la Sala de lo Penal pueda formar tribunal para enjuiciarlo en un futuro y con ello evitar su entrada en prisión, si el fallo final fuera la inadmisión de su recurso de casación. Al tener antecedentes penales y la pena ser superior a dos años las consecuencias no podrían ser otras que la cárcel.
Por lo que es muy previsible que, en los próximos días –o semanas–, siga denunciando al resto de los componentes de este tribunal, con ese fin, afirman las mismas fuentes consultadas.
Recientemente, el magistrado Joaquín Gadea, juez de refuerzo del Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, rechazó la denuncia que Presencia interpuso contra la fiscal general del Estado, Dolores Delgado y contra el expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, por estar basada en documentos falsos.
Gadea, en un auto muy duro, subrayó que los documentos que presentó Presencia para sustanciar su denuncia adolecen «de cualquier sustento mínimo que haga verosimil la denuncia, limitándose el denunciante a afirmar su existencia, sin ningún apoyo mínimamente objetivo que permita apreciar ni siquiera de forma inicial su credibilidad, lo que conlleva a que se rechace de plano la apertura de un procedimiento penal para su comprobación, tal como pretende el denunciante».
Además, remitió el expediente a los Juzgados de Talavera de la Reina, donde tiene su domicilio el exmagistrado para que se investigue esa denuncia falsa y se proceda, judicialmente contra él, en consecuencia, si hay base para ello.
Otro juez, el titular del Juzgado de Instrucción 47 de Madrid, Adolfo Carretero, también ha archivado, recientemente, la denuncia presentada por Presencia y ACODAP por presunto fraude fiscal y evasión de capitales contra la ministra de Defensa, la magistrada Margarita Robles, y los magistrados de la Audiencia Nacional María Tardón Olmos, Félix Alfonso Guevara Marcos, Carlos Fraile Coloma y Ana María Rubio Encinas.
LA CONDENA POR LA QUE PRESENCIA PODRÍA TERMINAR EN PRISIÓN
Presencia fue condenado en noviembre de 2020 por la titular del Juzgado de lo Penal 3 de Toledo, con sede en Talavera de la Reina, Marta Vicente de Gregorio, a 16 meses de prisión y multa de 3.420 euros por un delito continuado de denuncia falsa, por una parte.
Y a 18 meses de prisión por otro delito continuado de calumnias con publicidad y contra la autoridad en la persona de Ángel Demetrio de la Cruz Andrade, fiscal decano de esa ciudad y querellante, además de 30.000 euros de indemnización.
La magistrada relata en su sentencia que Presencia atribuyó a De la Cruz Andrade los delitos de prevaricación, cohecho y contra la ordenación del territorio en relación con la edificación de su chalet en la localidad de Pepino, a 8 kilómetros al norte de Talavera, con una denuncia que fue presentada ante el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha (TSJCLM) y que fue inadmitida por ese órgano.
El TSJCLM consideró que el fundamento de las informaciones que la sustanciaron, procedentes de quejas verbales de abogados y profesionales, eran vagas e inconcretas.
Con respecto al delito de cohecho y a la afirmación de que el chalet era fruto de un «pelotazo urbanístico» del fiscal decano, la magistrada, citando al TSJCLM, dijo que «cuando las afirmaciones de soborno, dádiva o promesa, lanzadas sin base racional accesible en una querella, se ven a priori desmentidos por datos documentados que ofrecen una apariencia sólida de origen lícito de la propiedad que se tiñe de sospechas, ello hace todavía más justificada la falta de fundamento de las mismas».
La magistrada recordaba que Presencia sustanció dichas acusaciones en una querella contra el fiscal decano ante el Tribunal Supremo que fue tumbada.
Y también refería que se archivaron las diligencias de investigación penal 5/2016, seguidas en la Fiscalía Superior de Castilla-La Mancha, en cuyo marco presentó un escrito en el que se imputaba al fiscal decano un delito de blanqueo de capitales sobre la base de un dictamen pericial elaborado por el perito Emilio Barroso González, encargado por el exmagistrado.
La magistrada Vicente de Gregorio fue denunciada después por Presencia por parecidas razones que ahora los magistrados del Tribunal Supremo.
