El Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx), acaba de dictar una sentencia en la que obliga a la compañía Iberdrola, propietaria de la macroplanta fotovoltaica ‘Núñez de Balboa’ en la provincia de Badajoz, a devolver a un vecino de la localidad más de 525 hectáreas que le fueron expropiadas para su construcción.
Santos Lázaro Arias, propietario de dichos terrenos en el término municipal de Usagre, tuvo que desprenderse de sus ellos forzosamente por el recurso que versa sobre el Acuerdo del Jurado Provincial de Expropiación Forzosa de Badajoz (en adelante JPB), de fecha 15/07/2020.
La relación entre Lázaro e Iberdrola, se había producido antes de la ejecución de la expropiación en un contrato de arrendamiento por 25 años, que permitía a la empresa promotora actuar en estos terrenos.
Iberdrola, no conforme con un simple arrendamiento, quiso hacerse con la propiedad de los mismos, argumentando que eran de propiedad pública, cuestión que fue avalada por distintas administraciones públicas, pero no por la Justicia.
La abogada del propietario de los terrenos, Dorinda Aventín, reprueba la labor de los distintos funcionarios de la administración pública, ya que es el Estado el que expropia en beneficio de Iberdrola. Claro ejemplo de que «el grande siempre cree que se puede comer al pequeño».
Violación del derecho de propiedad
Avetín considera que el TSJEx ha confirmado, «el abuso de derecho con el que Iberdrola ha gestionado su proyecto ‘Núñez de Balboa’, reconociendo la violación del derecho de propiedad de mi cliente».
Por otra parte, no se trata de una instalación más sino de la de mayor capacidad en funcionamiento en la actualidad de toda Europa (500 megawatios), por encima de Cestas Park (al sur de Burdeos, en Francia), con 300 MWh.
Cabe recurso
Según Avetín, la compañía aún no ha devuelto los terrenos, a pesar de que la sentencia dictada por los magistrados del tribunal del TSJEx, Daniel Ruíz Ballesteros, Elena Méndez Canseco, Mercenario Villalba Lava, Raimundo Prado Bernabeu, Casioano Rojas Pozo y Carmen Bravo Díaz, obliga a la restitución de su propiedad.
Por su parte, Iberdrola considera que el procedimiento expropiatorio fue llevado a cabo por la administración competente, «siguiendo los procedimientos legalmente establecidos y respetándose todos los derechos y garantías existentes» por lo que «no habrá desmantelamiento ya que la instalación dispone de todos los permisos para producir energía y seguirá funcionando con normalidad».
Contra esta sentencia, que no incluye indemnización al propietario por daños y perjuicios, cabe recurso de casación ante la Sala Tercera del Tribunal Supremo, que interpondrá Iberdrola, según ha confirmado.
