Miquel Iceta abre a consultas la futura Oficina Española de Derechos de Autor
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14/7/2022 06:48
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Actualizado: 14/7/2022 03:28
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El Gobierno pondrá en marcha la llamada Oficina Española de Derechos de Autor y Conexos, un nuevo organismo cuyo objetivo es reforzar las «competencias estatales en materia de propiedad intelectual», según anunció el ministro de Cultura y Deportes, Miquel Iceta en una de sus últimas comparecencias.
Esta iniciativa, de la que acaba de abrirse un periodo de consulta publica hasta el 30 de septiembre, pretende responder a los nuevos desafíos relacionados con Internet y los desarrollos tecnológicos en diversos niveles, así como a las nuevas formas de piratería digital.
Iceta señaló que la digitalización y transformación de los usos de obras y prestaciones protegidas por derechos de autor se unen nuevas formas de vulneración de estos como, por ejemplo, «nuevas estrategias de piratería aprovechando la combinación de funcionalidades que ofrecen las redes sociales».
«Como consecuencia de todo ello, el Estado ha ido sumando nuevas competencias y de gran calado a las ya existentes, como un mayor ámbito de supervisión y control de las entidades de gestión y de los nuevos operadores de gestión independientes», apuntó
Centralizar competencias
Mabel Klimt, socia directora de Elzaburu, destaca que aún hay poca información sobre esta iniciativa de la que acaba de abrirse consulta pública para aportar opiniones antes del 30 de septiembre del 2022. “Es previsible que el Gobierno elabore este anteproyecto con posterioridad”.
“Con todo, la idea de crear una Oficina en Derechos de Autor a imagen y semejanza de la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM) no es intrínsecamente mala, aunque habría una diferencia fundamental de partida entre ambos Organismos”.
En su opinión, “la razón de ser de la OEPM radica en que la protección de las marcas, diseños y patentes está subordinada a registro, es decir, a la concesión de un título administrativo que es el que confiere el derecho de exclusiva. Su actividad gira esencialmente en torno a ese procedimiento de registro”, comenta
Esta jurista señala que “en derechos de autor, por el contrario, la protección no está sujeta a formalidades y la inscripción de la obra en un Registro no es preceptiva, sino potestativa. Habría que buscar otra justificación a un organismo público como el que se propone”.
Para Klimt esta justificación “es posible que se encuentre en las ventajas que representa agrupar o centralizar bajo un paraguas común (la “Oficina”) a todos los órganos, autoridades y departamentos de la Administración que tienen atribuciones actualmente en materias relacionadas con los derechos de propiedad intelectual, que no son pocos”.
Desde su punto de vista, para que una entidad de este tipo funcione “reside en la posibilidad integrar de una manera natural y sin distorsiones a todos esos órganos con atribuciones en materia de propiedad intelectual, teniendo en cuenta que no todos están hoy bajo la órbita del Ministerio de Cultura».
Por ejemplo, «el Registro de la Propiedad Intelectual es un órgano descentralizado territorialmente y puede haber otros órganos de la Administración en temas de transformación digital o de medidas en frontera (protección Aduanera) que son transversales y difícilmente podrán ser adscritos a ese nuevo Organismo.”
Klimt considera que “si se consigue una integración adecuada de órganos, si la estructura de la Oficina es correcta, si la creación no supone una alteración en cuanto a las reglas del juego (la consideración del derecho de autor como una exclusiva no sujeta a registro) y la dotación económica está a la altura de la ambición del proyecto, de entrada, no parece que debamos rasgarnos las vestiduras”.
Criterios de racionalidad
Por su parte, Iban Díez, socio de Menta Abogados, resalta que “cualquier iniciativa que mejore la eficiencia en la gestión pública de la protección de la propiedad intelectual será siempre positiva”.
Díez cree que “es cierto que todas las últimas reformas legislativas en materia de propiedad intelectual han ‘publificado’, si se me permite la extraña palabra, añadiendo competencias públicas de monitorización y control en un área del derecho que es esencialmente privada: como un mayor ámbito de supervisión y control de las entidades de gestión y de los nuevos operadores de gestión independientes, supervisión de las obras huérfanas o las nuevas atribuciones de protección pública de la propiedad intelectual por parte de las secciones Primera y Segunda de la Comisión de Propiedad Intelectual».
“Asimismo, hay otros recursos públicos de protección, como es el Registro de la Propiedad Intelectual, que no está desplegando todas sus capacidades en el ámbito digital”, subraya.
Para este jurista “este panorama, da imagen de una cierta dispersión competencial, y falta de eficacia entre órganos administrativos que entendemos que sí puede justificar una racionalización por la vía de una única Oficina Central de Propiedad Intelectual”.
Díez cree que la clave para que esta oficina funcione “debe cumplir con los criterios de eficacia y racionalidad. Esta Oficina debe servir para dar mejores herramientas públicas a los creadores para la protección de sus derechos de autor, pero racionalizando recursos y centralizando todo en un único órgano administrativo”.
“Además, un órgano especializado, permite tener una voz única y súper-especializada de la Administración en todos los foros nacionales e internacionales. Si es así, sin duda, es una gran oportunidad”, indica.
“No obstante, si la Oficina duplica organismos y no responde a un ejercicio de racionalidad administrativa, eliminando los departamentos que anteriormente se dedicaban, de forma dispersa a estas tareas, será claramente una oportunidad perdida”, indica.
En su opinión, “dotar a esta Oficina de recursos financieros suficientes y una autonomía organizativa, también es clave. Los asuntos de propiedad intelectual tienen una naturaleza transversal que requiere de estabilidad frente a los vaivenes políticos».
“En ese sentido, creo que hubiera sido una buena noticia que esta Oficina adoptase la forma de Agencia Estatal. Le dotaría de una autonomía y flexibilidad en su gestión y administración que serían muy beneficiosas para afrontar los retos que plantea la propiedad intelectual en el entorno digital y las nuevas tecnologías”, comenta.
Una reclamación antigua satisfecha
Para Diego de la Vega, abogado de Propiedad Industrial, Intelectual y Tecnología de Pérez-Llorca, esta iniciativa “bajo la forma jurídica de organismo autónomo, responde a una reclamación antigua de ciertos sectores que reclamaban de la Administración un ejercicio más eficiente de sus competencias en materia de propiedad intelectual”.
A su juicio, “aunque es aún pronto para valorar la norma, de la que se conoce un anteproyecto que, con toda seguridad, será modificado durante su tramitación, sí es relevante el hecho de que esta cuestión se haya puesto sobre la mesa, lo que cabe interpretarse como un cierto interés público de impulsar la protección de intangibles y el ecosistema digital”.
“No en vano, una lectura de la exposición de motivos revela que los motivos alegados para la creación de la futura Oficina radican en tecnologías como el ‘streaming’ la inteligencia artificial, los NFT y, en general, la explotación de obras en Internet”, señala.
También señala que “en este sentido, el propio texto habla de la insuficiencia del esquema actual, dependiente de la Subdirección General de Propiedad Intelectual del Ministerio de Cultura y Deporte, para dar respuesta a todos estos temas, por lo que propone la creación de la Oficina para, entre otras cosas, modernizar el Registro de la Propiedad Intelectual y la Comisión de Propiedad Intelectual”.
Desde su punto de vista, “sería un error entender la nueva Oficina como un correlato de la de Estados Unidos (Copyright Office) o Reino Unido (Intellectual Property Office), que tienen atribuciones muy distintas por el mayor formalismo que requiere allí la propiedad intelectual”.
Este jurista subraya que “con el texto publicado, la cuestión de las competencias sigue siendo una incógnita, si bien cabe esperar que se resuelva a medida que avance el proceso legislativo, en el que convendría dotar de contenido concreto a la Oficina si lo que se pretende es que no se limite a subrogarse en todos los derechos y obligaciones derivados de las competencias atribuidas al Ministerio de Cultura y Deporte en materia de propiedad intelectual”.
“Esto dejaría el proyecto como un mero cambio de nombre, lo que no casaría bien con la contundente y ambiciosa exposición de motivos”, advierte.
De la Vega subraya que “ha de entenderse que el proceso legislativo completo no acabará con la aprobación de esta norma, sino con la del real decreto que apruebe el estatuto de la Oficina, que deberá ser aprobado antes del 31 de diciembre de 2023, por lo que no es previsible que la Oficina comience a operar en el corto plazo”.
Otra cuestión que destaca es que “convendría, por último, unificar criterios en cuanto a la denominación, puesto que ya existe una Comisión de Propiedad Intelectual pero el nombre propuesto ahora es, sin embargo, el de Oficina Española de Derechos de Autor y Conexos, cuestión que ya está generando cierto debate en el sector”.
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