Anna Gabriel i Sabaté, exdiputada del Parlamento catalán que se encontraba huida en Suiza desde febrero de 2018, ha comparecido hoy voluntariamente ante el Tribunal Supremo (TS), acompañada de su abogado, Iñigo Iruín Sanz, para ponerse a disposición del Tribunal y regularizar su situación procesal de rebeldía.
Gabriel, que fue diputada del Parlamento de Cataluña por la CUP hasta su destitución el 28 de octubre de 2017 en aplicación del artículo 155 de la Constitución, está procesada en el ‘caso procés’ por su posible implicación en la declaración unilateral de independencia de Cataluña.
Fue declarada en rebeldía en julio de 2018.
Anna Gabriel fue investigada como presunta autora de un delito de desobediencia del artículo 410 del Código Penal, sin que existiera contra ella ninguna orden europea o internacional de detención puesto que el delito que se le atribuye no lleva aparejada pena privativa de libertad, sino pena de multa de hasta doce meses y una pena de inhabilitación especial para empleo o cargo público de hasta dos años de duración.
Sin embargo, existía una orden nacional de detención para que fuera puesta a disposición del Tribunal y pudiera recibírsele declaración, ante la imposibilidad legal de continuar el procedimiento contra ella sin haber practicado una previa declaración indagatoria.
Consecuentemente, la decisión del magistrado Instructor, Pablo Llarena Conde, tras su entrega ha sido la de citarla para ser interrogada en fechas cercanas y con participación del resto de las partes personadas en el proceso.
Llarena ha acordado la libertad provisional de Anna Gabriel, quedando sin efecto la orden de búsqueda y detención existente contra ella, así como la declaración de rebeldía.
El magistrado le ha impuesto la obligación de que comparecezca ante el Supremo cuantas veces sea llamada y de que designe un domicilio y teléfono donde ser localizada.
El magistrado instructor dejó en una pieza separada a los procesados huidos de la Justicia que han sido declarados en rebeldía, el expresidente catalán Carles Puigdemont, y los exconsejeros Antoni Comín, Lluis Puig, Clara Ponsatí, Marta Rovira, Anna Gabriel y Meritxell Serret.
Esta última también se entregó en el Supremo en marzo de 2021.
