Se pronunciado así acerca de la cuestión prejudicial elevada por el magistrado del Tribunal Supremo instructor del caso 'procés', Pablo Llarena, después de que la Justicia belga rechazara entregar a las autoridades españolas al exconsejero catalán Lluis Puig. En la imagen, de izquierda a derecha: Llarena, Comín y Puigdemont.
El abogado general del TJUE da la razón al juez Llarena frente a Bélgica y abre el camino para la entrega de Puigdemont
El francés Richard de la Tour concluye que los Tribunales belgas no pueden denegar la ejecución de las euroórdenes
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14/7/2022 12:19
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Actualizado: 14/7/2022 12:46
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El abogado general del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) Richard de la Tour considera que la Justicia belga no puede rechazar la entrega de los encausados por el ‘procés’ reclamados por el magistrado del Tribunal Supremo (TS) Pablo Llarena, entre ellos el expresidente autonómico catalán Carles Puigdemont, basándose en el riesgo de que se violen sus derechos fundamentales si no demuestra deficiencias sistémicas y generalizadas en España, ni puede poner en duda las competencias del Alto Tribunal como autoridad para emitir tales euroórdenes.
La opinión del abogado general no es vinculante para el TJUE, pero en la gran mayoría de los casos -casi un 70%- las sentencias dictadas por el tribunal con sede en Luxemburgo siguen la línea marcada por estos dictámenes.
Así se ha pronunciado así en relación a la cuestión prejudicial planteada por el instructor del caso ‘procés’ ante el TJUE, en marzo de 2021, sobre el alcance de las posibilidades de emisión de una Orden de Detención Europea (ODE), así como por las razones para su denegación, una vez que en agosto de 2020 un juzgado de Primera Instancia de Bruselas rechazó la entrega del exconsejero catalán Lluis Puig, resolución que fue confirmada en enero de 2021 por la Sala de Acusación del Tribunal de Apelación de Bruselas.
Los jueces belgas denegaron la entrega de Puig al Supremo porque entienden que el órgano competente para instruir la causa no es el TS, sino el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJCat) y que de ser entregado en España podrían ponerse en riesgo derechos fundamentales como la presunción de inocencia.
Tras analizar el contenido de esas resoluciones, Llarena tiene dudas de que sean compatibles con el Derecho de la Unión, por lo que adoptó la decisión de plantear siete preguntas al TJUE. Una de sus principales dudas es si el órgano de ejecución belga tiene la facultad, conforme al Derecho de la Unión, de controlar la competencia del órgano de emisión, en este caso el Tribunal Supremo.
Una vez se pronuncie el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, el magistrado decidirá si mantiene, retira o emite nuevas euroórdenes respecto a Lluis Puig, Carles Puigdemont, Antoni Comín, Clara Ponsatí y Marta Rovira, contra quienes se sigue procedimiento por delitos de sedición, malversación de caudales públicos o desobediencia en relación al ‘procés’.
El francés Richard de la Tour recuerda en su dictamen el «principio de confianza mutua» entre los Estados miembro que prima en materia judicial, un elemento «de importancia capital» que debe aplicarse plenamente para proteger el espacio sin fronteras dentro de la UE y simplificar la cooperación judicial para «luchar contra la impunidad».
Por ello, señala que pretender que la autoridad judicial de ejecución compruebe en profundidad la existencia de un riesgo para los derechos fundamentales del reclamado sin que existan «deficiencias sistémicas o generalizadas» en el sistema judicial desde el que se dicta la euroorden «no sería sino la expresión de una desconfianza contraria» de las reglas de la UE sobre euroórdenes.
Llarena dejó en una pieza separada a los procesados huidos de la Justicia que han sido declarados en rebeldía, el expresidente catalán Carles Puigdemont, y los exconsejeros Antoni Comín, Lluis Puig, Clara Ponsatí, Marta Rovira, Anna Gabriel y Meritxell Serret, quien se entregó en el Supremo en marzo de 2021.
ACOSADO POR LOS SEPARATISTAS
El instructor del caso ‘procés’ está en la diana de los separatistas tras haber procesado a 25 líderes independentistas y como consecuencias de las euroórdenes contra Puigdemont y los exconsejeros prófugos de la justicia.
En marzo de 2018, Arran hizo pintadas en la segunda residencia del magistrado, en una localidad de Gerona, tildándolo de “fascista” e instándole a abandonar el municipio.
En noviembre de 2018, miembros de Arran también atacaron, de madrugada, el domicilio particular de Llarena, lanzando un cubo de pintura amarilla contra el portal y los telefonillos. «El pueblo manda, Arran obedece. Ocho meses después, por petición popular y con una resolución de la instrucción judicial que prevé sentencias desmesuradas, lo hemos vuelto a hacer: señalamos al juez Llarena como símbolo del régimen del 78», manifestó Arran en un vídeo publicado en redes sociales que recogía el ataque.
En julio de ese año, Llarena, su esposa, Gema Espinosa, y 15 amigos suyos también sufrieron un escrache independentista por parte de miembros del CDR de Palafrugell (Gerona) al salir de un restaurante de la localidad. Alrededor de 20 independentistas, que fueron alertados de la presencia del magistrado y sus amigos, increparon a gritos y amenazaron al grupo cuando abandonaba el local. El magistrado, que iba protegido policialmente, no pasó ningún peligro por esa circunstancia.
Incidentes de recusación, una demanda colectiva y una demanda civil interpuesta en Bélgica por Puigdemont y cuatro exconsejeros son otras de las acciones de los separatistas a las que se ha enfrentado este magistrado.
El ataque al domicilio de Llarena fue condenado por el presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, Carlos Lesmes, quien pidió respeto a la independencia judicial.
En septiembre de 2018, el Congreso de los Diputados también mostró su respaldo al magistrado ante las presiones recibidas y por la demanda de Puigdemont y los exconsejeros ante los tribunales belgas. Fue una Proposición No de ley de Ciudadanos que instó, además, al Ejecutivo a que de forma inmediata articulara «una clara y abierta defensa» de la jurisdicción española, de sus principios de integridad e inmunidad jurisdiccional frente a esa demanda presentada por esos prófugos de la justicia. La iniciativa fue respaldada por el PP y el PSOE. Unidos Podemos, el PNV, ERC y el PDeCAT la rechazaron.
El juez Llarena recibió aquel año el premio de Confilegal a la Independencia. Un reconocimiento al gran trabajo realizado en ese procedimiento.
El pasado mes de octubre también fue distinguido por la Fundación Villacisneros, con su premio anual «en reconocimiento a su trabajo en defensa del Estado de Derecho», que le fue entregado el 16 de noviembre, en un acto en Madrid.
La Fundación Villacisneros ha destacado que Llarena, «a pesar de la persecución padecida, ha sabido mantenerse firme frente a los intentos de coacción, ejerciendo su función como se espera de un servidor público, con objetividad y neutralidad».
«No es fácil hacerlo en las circunstancias señaladas y por eso su comportamiento resulta ejemplar y digno de reconocimiento», subraya.
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