El presidente del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), Celso Rodríguez Padrón, ha remitido al decano del Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM), José María Alonso, un acuerdo adoptado por la Sala de Gobierno según el cual se reconoce que las restricciones de entrada a abogados y procuradores en algunas de las dependencias de los órganos judiciales carecen de amparo normativo o reglamentario.
Así lo ha informado hoy el ICAM, en un comunicado, en el que explica que este acuerdo es resultado de las reiteradas solicitudes y conversaciones que el decano y el departamento de Defensa de la Abogacía del ICAM han tenido durante meses con el TSJ con el objetivo de terminar con las medidas de limitación y restricción de acceso a las dependencias judiciales que vienen sufriendo los letrados en el ejercicio de su profesión.
El ICAM manifiesta que, tal y como reconoce el presidente del TSJ en el acuerdo, las restricciones de entrada a abogados y procuradores ni se contemplaban en el artículo 18 de la Ley 3/2020, de 18 de septiembre, de medidas procesales y organizativas para hacer frente al Covid-19 en el ámbito de la Administración de Justicia, ni figuran ya tampoco en la Tercera Actualización de la Guía de Buenas prácticas y adopción de medidas de Salud Profesional aprobada por Acuerdo de 12 de agosto de 2021, de la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial, al haberse suprimido la mención a “profesionales” en el apartado VIII-4, por lo que solicita la notificación de este acuerdo a todos los órganos judiciales del territorio.
“Esta cuestión nos preocupaba enormemente, ya que se estaba impidiendo a los profesionales de la abogacía realizar su labor de forma digna cuando acudían diariamente a las oficinas judiciales para realizar distintos trámites, tomar vista de las actuaciones o solicitar cualquier tipo de información sobre la tramitación de un procedimiento, limitándoles el libre acceso al interior de la oficina judicial mediante la instalación de verdaderas ‘barricadas’ o barreras físicas, conformadas con mesas, mamparas o carteles con mensajes prohibiendo el acceso, con un contenido que en muchos casos podríamos calificar incluso de desconsiderados, no solo para los profesionales, sino también para la ciudadanía”, ha señalado el decano del ICAM.
«Una situación ante la que no podíamos permanecer inactivos y frente a la que hemos estados trabajando incansablemente desde el Colegio a través de Defensa de la Abogacía. Por supuesto continuaremos realizando un seguimiento diario, hasta que tengamos constancia de que los compañeros y compañeras pueden transitar libremente para realizar debidamente su trabajo por cualquier oficina judicial”, añade.
En el comunicado, el Departamento de Defensa de la Abogacía del ICAM agradece a los letrados que han denunciando ante el Colegio la situación que se estaba viviendo en los Juzgados y que ha permitido formular las quejas pertinentes y poner en marcha distintas acciones para terminar con esta situación que «afecta gravemente a la dignidad de la profesión y al ejercicio del derecho de defensa».
El ICAM manifiesta que seguirá trabajando para perfeccionar los canales de recepción de incidencias a través de “Justicia en imágenes” de la App +ICAM para seguir denunciando situaciones de este tipo.
El diputado del ICAM Eugenio Ribón Seisdedos ha venido denunciando públicamente en Twitter esta situación a raíz de las quejas recibidas en el Colegio:
