El exjuez Baltasar Garzón ha solicitado al Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas que inste a España a cumplir con el dictamen emitido hace un año por este organismo internacional, el cual declaró que se habían violado los derechos fundamentales del otrora magistrado e impuso a las autoridades españolas la obligación de proporcionarle una «reparación integral» del daño causado, una reparación que cree que debe incluir su restitución en la carrera judicial.
La abogada de Garzón en este caso, Helen Duffy, ha informado en un comunicado de que ha enviado un escrito instando a que «el Gobierno cumpla con la obligación de otorgar la ‘reparación integral’ indicada por el Comité, incluyendo la reinserción en la judicatura, reconocimiento y compensación, y medidas para garantizar la no repetición de la interferencia en la independencia judicial que ha tenido lugar en este caso».
RECHAZO DEL CONSTITUCIONAL Y ESTRASBURGO
Garzón presentó una queja contra España ante este Comité de la ONU en la que alegaba haber sido víctima de múltiples violaciones de sus Derechos Humanos durante los dos procedimientos que se dirigieron en su contra en el Supremo.
En el marco de su estrategia de defensa, el exmagistrado recurrió también al Tribunal Constitucional y al Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH). Ambos inadmitieron de plano sus recursos contra la condena por prevaricación que le impuso el Tribunal Supremo.
Por su parte, el TS fijó, en una sentencia de 12 de febrero de 2020 referida a otro asunto, que un dictamen del Comité de Derechos Humanos de la ONU, como el que ha dio la razón a Garzón, no es equiparable a una resolución del TEDH.
En su dictamen del 25 de agosto de 2021, el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas dio la razón a Garzón al concluir que el Tribunal Supremo (TS) vulneró su derecho a la presunción de inocencia y su derecho a la revisión de la condena y la pena cuando en 2012 le condenó a 11 años de inhabilitación por un delito de prevaricación por ordenar la intervención de los teléfonos de los abogados de los principales acusados en el ‘caso Gürtel’.
El Comité consideró que la interpretación en este asunto de Garzón –aún en el supuesto de haber sido errónea»– «no constituyó una conducta o incompetencia grave que pudiera justificar su condena penal», al tiempo que calificó de «arbitraria e imprevisible» la condena del TS «al no estar basada en provisiones suficientemente explícitas, claras y precisas que definan con exactitud la conducta prohibida» por la ley.
También vio vulnerados los derechos de Garzón por el proceso derivado del ‘caso Franquismo’ –donde investigaba desapariciones forzadas durante la Guerra Civil y la dictadura de Francisco Franco– al estimar que el entonces juez hizo una «interpretación jurídica plausible» de la que no se desprende «una mala conducta o incompetencia que pudiera justificar su incapacidad para el desempeño de sus funciones».
En consecuencia, la ONU dictaminó que «el Estado parte tiene la obligación» de «borrar los antecedentes penales del autor y de proporcionarle una compensación adecuada por el daño sufrido», de proporcionar al ex juez un recurso efectivo y de «adoptar medidas para evitar que se cometan violaciones semejantes en el futuro».
«DESPRECIO A LOS DDHH»
Para Garzón, la «reparación integral» indicada por el Comité debería verse materializada, además de en esas medidas, en «su restitución en su puesto de juez», «la emisión de una disculpa pública por parte del Estado y la publicación del dictamen en el Boletín Oficial del Estado», «el pago de una indemnización por los daños materiales y morales sufridos», y «la modificación de la ley española» para garantizar la no repetición.
El antiguo titular del Juzgado Central de Instrucción Número 5 hace este llamamiento al Comité porque «el Gobierno de España tenía de plazo hasta el 25 de abril de 2022 para implementar el dictamen condenatorio», sin que lo haya hecho.
«Expresamos nuestra profunda preocupación por el llamativo desprecio de los Derechos Humanos y de la autoridad de mecanismos de la ONU que el silencio del Estado español representa», señala el comunicado.
De acuerdo con el mismo, «haces meses» que Duffy escribió al Gobierno «mostrando disposición a discutir formas constructivas de avanzar» para aplicar el dictamen de la organización internacional.
«Sin embargo, observamos con gran preocupación que el Gobierno no ha mostrado ningún esfuerzo por abordar las graves cuestiones que sustentan este caso, ni por ofrecer ninguna forma de reparación por las violaciones identificadas por el Comité», asegura Duffy.
Por ello, explica la nota de prensa, «se ha procedido a presentar el escrito ante el Relator Especial para el Seguimiento de los Dictámenes del Comité, y a otras
instancias internacionales, instándoles a tomar medidas que garanticen la implementación por parte de España».
«Hace tiempo que el Estado español debería haber abordado las notorias violaciones establecidas en este caso. Debe proporcionar a Baltasar Garzón la reparación exigida por la ley y comprometerse activamente para evitar la manipulación del derecho penal y el ataque a la independencia judicial que representa este caso», reclama.
