El presidente del Consejo General de Procuradores de España (CGPE), Juan Carlos Estévez, explica en esta entrevista los desafíos a los que está haciendo actualmente la procura a dos días de la celebración de las XII Jornadas Nacionales de las Juntas de Gobierno que se celebrarán en Huesca, Aragón. Todo un cónclave donde habrá respuestas a las dudas que flotan en el aire. Foto: Confilegal.
Juan Carlos Estévez, presidente CGPE: «Estamos negociando con el Ministerio los aranceles; pronto habrá noticias, soy optimista»
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13/9/2022 06:50
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Actualizado: 13/9/2022 10:29
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Tres años después, y una pandemia mundial por medio, el Consejo General de Procuradores de España (CGPE) retoma la normalidad celebrando las XII Jornadas Nacionales de Juntas de Gobierno. Será en Huesta entre el 15 y el 17 de septiembre próximos. De jueves a sábado.
Los 67 Colegios de Procuradores, con sus decanos y Juntas de Gobierno debatirán sobre lo que más les interesa: cómo la procura debe «surfear» sobre la ola de las nuevas tecnologías –»Blockchain», Inteligencia Artificial, ciberseguridad, Justicia 2030–, para estar a la vanguardia de los cambios que están sucediendo y evitar caer en la obsolescencia; la ejecución de las sentencias para recuperar 10.500 millones de euros; la mediación y, cómo no, los aranceles, lo que más preocupa a los más de 11.000 procuradores de toda España.
El Consejo de Ministros aprobó, el 3 de mayo pasado, la modificación del Real Decreto 1373/2003, de 7 de noviembre por la que se que eliminaban los aranceles mínimos existentes, por los que los procuradores se han venido rigiendo hasta ahora, y estableció un techo máximo de 75.000 euros para un mismo asunto, actuación o proceso.
En esta entrevista, Juan Carlos Estévez, presidente del CGPE, explica cómo están las cosas. A dos días de las XII Jornadas Nacionales de Juntas de Gobierno que inaugurará él con una mesa coloquio con cuatro «morlacos» –dicho en tono taurino y sin ánimo de ofender a nadie– de alto nivel: Los exministros de Justicia Francisco Caamaño, Alberto Ruiz-Gallardón, Rafael Catalá Polo y Juan Carlos Campo Moreno.
Emulando así al Colegio de la Abogacía de Madrid que, en su 425 Aniversario –426 para ser más exactos– consiguió reunir en el edificio del Instituto de Empresa, en Madrid, a cuatro exministros de Justicia también. En este caso tiene un punto adicional de complejidad, porque no es Madrid sino Huesca. Y hay que desplazarse. ¿Músculo? Evidente.
¿Por qué son importantes estas jornadas nacionales de juntas de gobierno de los 67 Colegios de Procuradores de España, señor Estévez?
Hasta la aparición de la pandemia, cada año y medio y dos años solíamos celebrar Jornadas de Juntas Gobierno de los 67 Colegios de Procuradores. Estas Jornadas son, de hecho, una prolongación del Pleno del Consejo General de Procuradores, que presido.
Durante su celebración nos ponemos todos al día. Desde el CGPE informamos de lo que está en marcha y escuchamos todo lo que preocupa a la profesión.
Esta vez el encuentro ha correspondido a la Comunidad Autónoma de Aragón, concretamente a la ciudad de Huesca. Va a ser la primera vez en tres años que nos reunimos.
Vamos a repasar una serie de cuestiones de actualidad de la procura y de la propia justicia.
Una de las mesas redondas aborda lo que más preocupa a la profesión: Los aranceles de los procuradores. ¿En qué situación se encuentra la cosa después de la aprobación del Real Decreto-ley que suprimió los aranceles mínimos y limitó los máximos?
Estamos negociando con el Ministerio los aranceles; pronto habrá noticias, soy optimista. Estamos trabajando con ellos codo con codo en el marco de una Comisión Mixta, formada por procuradores y por el Ministerio.
Las negociaciones están bastante avanzadas. Hay un texto, más o menos consensuado, sobre el arancel. Ahora estamos abordando cantidades, flecos, artículo por artículo.
Tengo la esperanza de que, en este otoño, entre octubre y noviembre, estén los aranceles.
¿Estamos hablando de aranceles máximos y mínimos, también?
Sí, los aranceles tan como vienen configurados de Europa y cómo han quedado configurados con la Ley 15/2021 de noviembre pasado. Serán aranceles de mínimos y de máximos al mismo tiempo.
Se están actualizando tanto en sus cuantías como en su articulado porque son del año 2002-2003 y han pasado 20 años. Dese cuenta de que, desde entonces, han aprobado cantidad de leyes nuevas, de notificaciones legales, por una parte, y, por otra parte la pérdida de poder adquisitivo debido al IPC, que ronda el 45 %.
¿El Ministerio de Justicia se ha mostrado receptivo?
Tenemos un buen diálogo con el Ministerio. Estamos trabajando duro para sacar esto lo antes posible adelante. El Ministerio es consciente de que no le quedaba más remedio que sacar el Real Decreto de mayo pasado que debería haber ido acompañado del nuevo arancel.
Este nuevo arancel tiene que salir en plazo. La fecha límite es noviembre de este año. Es la propia Ley la que fijó un año para cerrar el frente de los aranceles.
El Real Decreto ha salido antes, según nos han explicado, por necesidades de Europa.
Por lo que veo, está esperanzado con los posibles resultados.
Pues sí, muy esperanzado. Tengo la promesa, tanto de la ministra como de todo el equipo del Ministerio, de que vamos a llegar a un acuerdo. Estamos negociando y nos estamos reuniendo regularmente.
Desde la procura ustedes le dan mucha importancia también a la mediación. ¿Son ustedes conscientes del espacio de actuación que podrían tener al introducir la mediación obligatoria…?
Nosotros llevamos muchos años los procuradores con la mediación. Tanto es así que tenemos una institución de mediación propia. Pero no de ahora, ya desde hace tiempo.
Creo que bastante prestigiada. Es una labor importante que podemos hacer los propios procuradores y las instituciones de la procura. El Consejo General y, como no, también todos y cada uno de los colegios. Nosotros siempre hemos colaborado estrechamente en la implantación de la mediación.
La mediación no es la panacea que cura todos los males, pero sí puede contribuir a resolver algunos problemas, sobre todo los de cuantías inferiores, por ejemplo.
Para cosas de pequeño calado la mediación tiene un espacio de intervención evidente, resolviendo conflictos, lo que es muy importante para la paz social.
Los grandes problemas se pueden resolver bien a través del arbitraje, y, fundamentalmente y principalmente, a través de la intervención judicial.
El proyecto de Ley de Eficiencia procesal, que está el trámite en el Congreso de los Diputados prima también la mediación de una manera muy importante.
Tanto es así que, en tema de las costas se resuelve en función de las intervenciones previas en mediación que se hayan hecho por los intervinientes en un proceso.
La asignatura pendiente sigue siendo la ejecución de las sentencias. El pasado mes de febrero ustedes revelaron que de los 14.000 millones concedidos a una de las partes en sentencias firmes por los jueces solo se recuperaban 3.500 millones. Entonces no quisieron calificarlo de justicia fallida en el aspecto ejecutorio, pero las cifras hablan por sí mismas. ¿Ha habido algún avance?
A día de hoy no, pero estamos trabajando para presentar este año, antes de Navidades, un par de documentos. Uno más breve y otro más extenso, sobre esta materia. El primero se refiere a la ejecución en todo el territorio, con mayores cifras y mayor precisión. El segundo afecta a toda la procura. Abordamos las ejecuciones y cómo deben afrontarse en el futuro.
Todo esto tendrá nuevas repercusiones. Puedo avanzar también que con el Ministerio de Justicia estamos trabajando sobre ello.
El Ministerio ha sido receptivo y es muy consciente del problema que tiene la justicia española en lo que a las ejecuciones se refiere. Se ha creado otra Comisión Mixta, compuesta por letrados de la Administración de Justicia y procuradores.
El objetivo sería darnos competencias a los procuradores, siempre bajo la órbita y la supervisión del letrado judicial, para llevar a cabo las ejecuciones.
Finalmente, ¿en qué consiste el acuerdo que han cerrado con la Asociación de Trabajadores Autónomos, ATA?
Tenemos muchos puntos en común. Un despacho de un procurador es un despacho de un autónomo. Todos los procuradores, de una manera o de otra, somos autónomos.
Por eso podemos colaborar y trabajar con ATA en interés común de la asociación y de nuestra institución.
Ellos pueden ayudarnos a nosotros en formación, con cursos, y nosotros podemos colaborar con ellos en relaciones públicas, en acceso a tribunales, a instituciones. Eso es lo que hemos firmado. Aunque, como decía mi abuela, cada uno en su casa y Dios en la de todos.
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