El Juzgado Central de lo Contencioso-Administrativo número 1 de Madrid ha admitido a trámite el recurso de la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) contra el Ministerio del Interior por su «inactividad e incumplimiento» de la cláusula tercera del acuerdo de equiparación salarial firmado en 2018 con las asociaciones de la Guardia Civil y los sindicatos de Policía Nacional.
El proceso se sustanciará mediante procedimiento abreviado y la vista se celebrará el 11 de enero de 2023, a las 12.00, según consta en el decreto, fechado a 8 de septiembre.
«Son numerosas las ocasiones en las que desde la Asociación Unificada de Guardias Civiles hemos instado el cumplimiento íntegro del acuerdo de equiparación salarial y seguimos luchando por aquello que es de justicia», ha señalado la AUGC.
Mediante este procedimiento insta a la Justica a que obligue al Ministerio del Interior a cumplir con lo previsto en la cláusula tercera del Acuerdo de Equiparación salarial. Dicha cláusula establece que se destinen 100 millones de euros en cada ejercicio para incentivar el reingreso del personal de Segunda Actividad sin destino y Reserva no ocupada.
«Los guardias civiles en situación de reserva sin destino deben ser una prioridad para el Ministerio del Interior y para la seguridad pública de nuestro país. Pueden contribuir con su experiencia y dedicación a su mejora y mayor eficacia. AUGC no cejará en su defensa», subraya esta asociación.
La estimación del recurso obligaría a que el Ministerio cumpla la mencionada cláusula del acuerdo. «De nuevo, la Asociación Unificada de Guardias Civiles es la única que acude a la Justicia para que el Gobierno cumpla los compromisos adquiridos con los miembros de la Guardia Civil», ha manifestado esta asociación en un comunicado.
«Es un procedimiento cuya resolución va a marcar un precedente importante porque de ser estimado va a suponer que el Ministerio del Interior no puede sustraerse del cumplimiento de las obligaciones pactadas con sindicatos de Policía y asociaciones de guardias civiles, lo que a todas luces es una situación contraria al principio de confianza legítima y a la obligación de los poderes públicos de cumplir las normas jurídicas», declara a Confilegal Mariano Casado, jefe de la asesoría jurídica de la AUGC.
