De izquierda a derecha, Alberto Cabello, presidente de AJA Madrid; Virginia de la Cruz, vicepresidenta de Altodo; Lourdes Carballo Fidalgo, decana del Colegio de Abogados de Vigo; Maia Román, presidenta de la CEAJ; Dolores Fernández Campillo, diputada del Colegio de la Abogacía de Madrid; y Federico Bravo, decano del Colegio de Abogados de La Rioja. En pantalla, interviniendo telemáticamente, Pere Vidal López.
El debate sobre las amenazas contra los abogados, punto central del Congreso de Abogados Jóvenes
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30/9/2022 06:48
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Actualizado: 30/9/2022 00:49
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En el Congreso Nacional de la Abogacía joven, La conferencia titulada «Defensa de la abogacía» reunió a Lourdes Carballo Fidalgo, decana del Colegio de Abogados de Vigo; Virginia de la Cruz, vicepresidenta de Altodo; Dolores Fernández Campillo, diputada del Colegio de la Abogacía de Madrid, y Federico Bravo, decano del Colegio de Abogados de la Rioja, para discutir los riesgos que enfrenta la profesión del derecho en el presente, así como algunas de las posibles propuestas que nacen desde el gremio para solucionar estas amenazas antes de que representen un problema tanto para los individuos como para las mismas funciones que ejercen.
El problema de los clientes hostiles fue uno de los que más se destacó durante la conferencia. «En los colegios hay protocolos para atender a los abogados cuyos clientes los acosan, los amenazan o los agreden», indicó Fernández. Para ello deben enviar sus consultas al departamento de Defensa del abogado, responsable de representar sus intereses.
«Deseamos acoger a nuestros compañeros, y lo hacemos bien, pero primero tienen que pedirnos ayuda», dijo Fernández. «De nada sirven las quejas en los pasillos». «Las agresiones son cada vez más frecuentes», reclamó De la Cruz, «y en el caso de los abogados de turno de oficio, es más difícil defendernos si nos toca un caso que nos amenaza».
Por su lado, Carballo apuntó que «cualquier mecanismo para innovar requiere una reflexión sobre lo que hay que preservar, y lo que hay que preservar es la esencia de la abogacía».
Señaló que los ataques a las funciones de la abogacía (en vez de los que dirigen a profesionales particulares) representan una amenaza al derecho mismo a la defensa. En este sentido, dijo, los abogados tienen baterías de quejas, recursos y protestas que deben agotar, pero en el caso de ataques a sus funciones, «deben ampararse en los colegios».
Bajas de enfermedad sin suspensión de vistas
El panel también incluyó la participación del abogado Pere Vidal López, que sufrió un grave accidente a principios de mayo al caer de un patinete eléctrico y que ha atravesado tres operaciones quirúrgicas desde entonces. Sin embargo, su baja médica no impidió que el pasado 27 de mayo recibiera un escrito en el que el Juzgado Social número 6 de Zaragoza le denegaba su petición para suspender un juicio, con fecha para el pasado 7 de junio. La letrada de la Administración de Justicia señalaba justificaba esta negativa «puesto que en el poder que se aporta figuran más letrados, por lo que puede acudir a juicio cualquiera de los relacionados en dicho documento”.
Al no poder suspender las vistas por motivos de enfermedad, explicaba Vidal, los letrados se arriesgan a no poder cumplir con los plazos para presentar recursos. En este caso, lo mejor podría ser pedir una suspensión de mutuo acuerdo, informando a los otros letrados en vez de dejárselo al juzgado.
Es una situación parecida a aquella en la que se encuentran las abogadas con una baja de maternidad o de cuidados familiares, como destacaba De la Cruz, algo que describió como «una situación discriminatoria que hay que corregir». Si bien existe el derecho a presentar la baja y que se reconozca, es algo que «depende del visto bueno de la Administración de la Justicia», una situación que no siempre concluye de forma favorable para los interesados.
Además, mientras se espera la respuesta, siguen recibiendo notificaciones en Lexnet, por lo que «es muy fácil que se les pase el plazo». «Podemos pedir la suspensión del plazo, que puede aprobarse o no, lo cual genera una preocupación que obliga a descuidar todo para atender al cliente», señala De la Cruz.
Y reclama que se considere que «la baja no es motivo de fuerza mayor» para dejar de atender los deberes profesionales. «La ley debería cambiar para que nos dejen enfermarnos o cuidar de nuestros hijos», dijo, proponiendo que exista una opción o casilla que esté disponible en Lexnet para dejar de recibir notificaciones.
El derecho a la desconexión digital fue otra de las principales reivindicaciones del panel, que concuerda en que, además de las situaciones extraordinarias discutidas, también debería abarcar algunos días al año. «Ya la abogacía joven logró que no nos lleguen notificaciones en Navidades, pero eso solo empezará a aplicarse el año que viene», afirma De la Cruz.
Otro de los frentes es el de la relación de confianza con el cliente, que «se compromete si se impone la sustitución» de abogados, según Carballo. Es un guiño al caso de Vidal, que se vio en una situación en la que hizo una denuncia pública, publicando en la red social Twitter una fotografía de cuando estaba en el hospital, cuando no obtuvo una respuesta favorable después de los recursos procesales.
Después de que se conociera su condición, dijo, recibió muchísimos mensajes de apoyo de sus colegas. «Sí he recibido críticas, especialmente de la Administración de Justicia», dijo. «Pero me he sentido arropadísimo por la abogacía», afirmó, destacando la importancia del apoyo de todos sus compañeros de la profesión.
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