El informe «Desigualdad y pacto social», coordinado por Luis Ayala Cañón, catedrático de Economía de la UNED, ha puesto en relieve algunos de los datos más demoledores sobre el fraude fiscal en España: estima que el 0,1 % más rico de la población española oculta en torno a 23% de sus ingresos al no declararlos al Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF).
Además, este documento, hecho con la colaboración de El Observatorio Social de la Fundación «la Caixa», explica que las rentas que no se someten a las retenciones y controles de terceros en cuanto a información de operaciones conllevan un nivel de cumplimiento fiscal de entre 60 % y 70 %, mucho más bajo que las declaradas bajo este tipo de inspecciones.
Ayala Cañón señala que las personas que reciben más ingresos «tienen más capacidad para defraudar o incumplir con la normativa fiscal por tener acceso a mecanismos más complejos», especialmente en lo que respecta a las rentas financieras, haciendo referencia a una de las cifras más impactantes del informe, que ilustra que el cumplimiento fiscal es más bajo cuanto más se asciende en la escala de rentas.
«También hay diferencias entre el fraude por trabajo salarial y el que se hace como trabajador autónomo», comenta, ya que algunas de las valoraciones del documento apuntan a una diferencia entre el 20 % de las rentas declaradas en el impuesto que representan las que proceden del autoempleo y el peso real que tiene en los hogares, que alcanza el 30 %.
Las encuestas de opinión apuntan que la mayoría de la población juzga que la causa principal del fraude es la ineficacia de la Administración Tributaria. «Una visión parcialmente injusta», aclara Ayala Cañón, señalando que «no es cuestión de eficacia, sino de medios».
En este sentido, dice que haría falta una mayor inversión en recursos humanos, así como en métodos para enfrentar las nuevas formas de comercio electrónico, la deslocalización y los movimientos internacionales de capital, estrategias que por el momento resultan muy difíciles de seguir por parte de la Agencia Tributaria.
«No quiere decir que debamos tirar la toalla, pero se necesita una gran inversión para hacerles frente», declara, haciendo referencia a todas las personas que realizan estas prácticas ilegales. «Puede que tengamos que vivir durante un largo tiempo con el fraude fiscal».
La planificación fiscal agresiva y las operaciones internacionales se encuentran en el centro de la estrategia de las grandes fortunas que procuran evitar pagar impuestos, dice Sara Torregrosa, investigadora y profesora de la Universidad de Lund.
«Si bien el fraude estimado agregado es menor en lugares como Suecia o Dinamarca, no lo es el referido específicamente a las rentas sin control automático por parte de terceros», explica.
Así, se puede deducir que quienes tienen los medios en otros países pueden realizar fraudes con una magnitud similar.
Por ello, una posible solución para este problema es «ajustar el funcionamiento del sistema tributario nacional a un sistema fuertemente internacionalizado y donde el capital es muy móvil», según Torregrosa, ya que la diferencia en estas prácticas entre países «ajustar el funcionamiento del sistema tributario nacional a un sistema fuertemente internacionalizado y donde el capital es muy móvil».
Torregrosa aclara que no solo lo que se considera fraude desde un punto de vista legal constituye todas las actividades de ocultación de rentas, sino que también «incluye cualquier aspecto que se interponga entre la renta total del individuo y la base imponible que declara», lo cual abarca las exenciones o procedimientos deficientes de valoración de las rentas.
Por ello, las propuestas del informe indica cuatro líneas de actuación para perseguir estas prácticas. Lo que pasa por ampliar las definiciones de las bases imponibles para limitar los privilegios fiscales y exenciones al gravar los valores reales de las rentas, alejándose de la estimación objetiva y usando valores más próximos a los de mercado en las rentas imputadas.
También aparecen las propuestas de armonización fiscal a nivel internacional y autonómico y optimización de los flujos automáticos de información entre los agentes económicos y las diferentes administraciones, así como una evaluación periódica de la brecha tributaria.
Estas son medidas claras que se pueden tomar para dificultar la ocultación e infradeclaración de rentas, por lo menos en los casos nacionales.
E incluso así, su implementación podría tardar un periodo indefinido en demostrar resultados claros.
