La Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo ha confirmado el envío de una misión a Cataluña en el segundo semestre de 2023 para analizar la situación de «persecución» del español en la Educación, según han acordado hoy los coordinadores de grupo político.
Esta misión, solicitada formalmente el pasado mes de febrero por Ciudadanos, ha quedado para el segundo semestre del año, probablemente diciembre, ante la celebración en mayo de elecciones municipales y autonómicas, ya que no se pueden celebrar este tipo de misiones en periodo preelectoral.
Tras la votación de hoy, en próximas reuniones de coordinadores se concretarán detalles como el mandato, la agenda, la composición y las fechas del viaje.
Además, también a propuesta de Cs, se ha acordado la celebración de una sesión informativa en el primer semestre del año que viene, denominada ‘hearing’, en la que tendrán lugar distintas comparecencias para abordar la situación de la lengua española en Cataluña.
Ciudadanos ha trabajado a fondo desde que presentó la propuesta para que se lleve a cabo esta misión, basada en la existencia en Cataluña de una discriminación que va en contra del multilingüismo y de la ley y las sentencias judiciales, así como de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la Declaración de los Derechos del Niño de UNICEF y el artículo 21 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la UE.
«Esta discriminación es especialmente grave porque proviene de la Administración que tiene las competencias educativas y se produce ante la inacción del Gobierno del Estado», denuncia la eurodiputada de Ciudadanos y vicepresidenta de la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior (LIBE) del Parlamento Europeo, Maite Pagazaurtundúa.
“La angustia por la desprotección, la discriminación y el acoso que sufren a diario estos niños y familias es injustificada en una Europa democrática”, concluye.
Según explica Pagazaurtundúa, la misión debe permitir a los eurodiputados conocer de primera mano el «incumplimiento» en los centros educativos de la legalidad que obliga a que al menos el 25% de la educación se imparta en español y el «desacato» de la Generalitat, «en connivencia con el Gobierno», de las sentencias que dan la razón a quienes están reivindicando ese derecho ante los tribunales.
“Resulta increíble que el español no se pueda utilizar como lengua vehicular en la enseñanza en Cataluña”, señala Pagazaurtundúa, y añade que «como el incumplimiento de sentencias afecta al Estado de Derecho mismo, es importante que se conozca un modelo que, como obligación, resulta absurdo en el siglo XXI».
Esta misión ha sido una reclamación de las organizaciones constitucionalistas y defensoras del bilingüismo en la Educación en Cataluña, con el fin de que el Parlamento Europeo analice la «violación» de los derechos civiles de los alumnos que han solicitado judicialmente cursar sus estudios también en español y no solo en catalán, y que ven anulados sus derechos.
Varias de estas asociaciones de defensa del español denunciaron el pasado 12 de octubre ante Europa la discriminación por razones de lengua en España, en una jornada organizada por Maite Pagazaurtundúa coincidiendo con el Día de la Hispanidad.
Junto a la lucha en Cataluña por el derecho a la educación también en español, organizaciones de Navarra, Comunidad Valenciana y Baleares explicaron también su caso.
En concreto, participaron Ana Losada, presidenta de la Asamblea por una Escuela Bilingüe (AEB) en Cataluña; José Domingo, presidente de Impulso Ciudadano; Carlos Silva, portavoz de la plataforma de profesores Docentes Libres; Julián Ruiz-Bravo, portavoz de ‘PLIS. Educación, por favor’ (Baleares); Miguel Ángel Robles, portavoz de la plataforma de Docentes por la Libertad Lingüística (Alicante); así como Miguel Cornejo, presidente de la asociación Pompaelo, para hablar de País Vasco y Navarra.
“Es terrible que se quiera seguir ese mismo camino de eliminación del español en otras comunidades autónomas”, manifiesta la eurodiputada.
Pagazaurtundúa ha mantenido informada a la Comisión Europea y, especialmente, al comisario de Justicia, Didier Reynders, de las «violaciones» al Estado de Derecho en Cataluña en distintos ámbitos, sobre todo en el educativo, con el fin de que el Ejecutivo comunitario reaccione e «inste al Gobierno de Sánchez a actuar».
