El Ministerio de Justicia ha convocado este miércoles 200 plazas para el acceso a la Carrera Judicial, en concreto, 120 para juez y 80 para fiscal. De todas las plazas, se han reservado 10 para ser cubiertas por personas con discapacidad en grado igual o superior al 33%, siempre que acrediten el grado de discapacidad y la compatibilidad para el desempeño de las funciones o tareas correspondientes.
En el caso de que algunas personas aspirantes que toman parte en el proceso por el turno de reserva para personas con discapacidad superase la oposición y no obtuviera plaza por ese turno, si su puntuación es superior a la obtenida por otros aspirantes de turno libre, sería incluido en este bloque.
No obstante, si el número final de personas aprobadas es inferior al de las plazas convocadas, la Comisión de Selección ofrecerá un número de plazas igual al de las aprobadas, manteniendo, en este caso, la misma proporción que guardan las plazas convocadas en cada una de las carreras.
Según ha publicado el BOE, las personas interesadas en participar en este proceso deberán realizar el formulario de inscripción en un plazo de 15 días hábiles contados a partir de este jueves. Pues no presentarlo en el plazo correspondiente supondrá la expulsión del aspirante.
Estas plazas, en la opinión de las asociaciones de jueces y fiscales, son pocas. En 2021, emitieron un comunicado en el que denunciaron que la Oferta de Empleo Público para el acceso a las Carrera judicial y fiscal se había reducido en un 33%. Pues en 2019 y 2020 se convocaron un total de 300 plazas cada año.
El comunicado lo firmaron la asociación Profesional de la Magistratura (APM), la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV), Jueces y Juezas para la Democracia (JJpD), Foro Judicial Independiente (FJI), la Asociación de Fiscales (AF), Unión Progresista de Fiscales (UPF) y Asociación Profesional Independiente de Fiscales (APIF).
En dicho comunicado manifestaron que España se encontraba por debajo de la ratio media europea de jueces y fiscales por habitante, “por lo que la oferta contenida en el proyecto de presupuestos supone un jarro de agua fría a las expectativas de inversión para paliar esta situación”.
