La Comunidad de Madrid iniciará trámites legales al no haber recibido ninguna oferta económica en la licitación para la construcción, mantenimiento y explotación de la Ciudad de la Justicia a pesar de que se han llegado a interesar las siete grandes empresas españolas.
Conforme a la Ley que regula la contratación pública en los casos en los que queda desierto un concurso público, la norma prevé la posibilidad de llevar a cabo un procedimiento negociado, siempre y cuando las condiciones esenciales del contrato no sean alteradas, como, por ejemplo, el presupuesto base de licitación.
Pues, según han explicado fuentes de la Consejería de Justicia, en este tipo de negociados sin publicidad, la ley contempla un mínimo de tres empresas, pero la filosofía de la Comunidad de Madrid es hacer partícipe al mayor número de entidades posibles. «Siempre y cuando estén bajo los parámetros y criterios de solvencia recogidos en el pliego del contrato».
Contactarán con las empresas que se interesaron por el proyecto
Durante estos días «contactaremos de forma inmediata con las empresas que se han puesto en contacto con nosotros para interesarse por el proyecto durante todo este periodo. En las dos reuniones gordas que tuvimos, se llegaron a presentar unas 65 personas de diversas empresas, entre las que se encontraban las siete más gordas. Allí se resolvieron dudas».
Por ello, en la mayor brevedad de tiempo posible iniciarán los trámites legales pertinentes que permitan seguir avanzando en este proyecto «necesario para la Justicia madrileña». «Nos dirigiremos a aquellas que sabemos que son solventes y les invitaremos a participar».
Eso sí, «hay condiciones del contrato que son inamovibles, como el precio, que son dos mil cien millones de euros, pero queremos saber cuál es el motivo de la no concurrencia cuando ya se habían puesto todas las cartas sobre la mesa».
De esta forma, «nos podrán decir qué aspectos se podrían cambiar e intentar llegar a algún tipo de acuerdo dentro del marco de la legalidad y de las posibilidades que nos da la ley de contratos públicos».
Y aunque ha señalado que la Comunidad de Madrid mantiene su voluntad de reagrupar todos los órganos judiciales y fiscales del Partido Judicial de Madrid en un único enclave con el objetivo de alcanzar una mayor eficiencia en la Administración de Justicia, lo que redundará en un beneficio para las arcas regionales, hay un clima de incertidumbre.
«Quizá por la subida de precio de materias primas, energías o subida de precios de interés las empresas se hayan echado para atrás, pero no lo sabemos a ciencia cierta», ha concluido.
