La principal asociación de jueces, la Asociación Profesional de la Magistratura (APM) exigió ayer públicamente la dimisión de la ministra de Igualdad, Irene Montero –de Unidas Podemos–, por las duras críticas vertidas contra jueces y magistrados tras conocerse varias sentencias que, en aplicación de la llamada «ley del sí es sí», han favorecido a condenados por abusos sexuales.
Una ley, la Ley Orgánica 10/2022 de garantía integral de la libertad sexual, que promovió y apoyó la ministra Montero.
Los tribunales ya han rebajado al menos 11 condenas de abusos sexuales por la aplicación de la ‘ley del solo sí es sí’, impulsada por el Ministerio de Igualdad, y han excarcelado a cinco personas. Se espera que los magistrados tengan que revisar decenas de sentencias más toda vez que la reforma del Código Penal resulta «más favorable al reo».
Entre los casos de revisión de sentencia y rebaja de pena, fuentes jurídicas consultadas por Europa Press han confirmado cuatro en Madrid, dos en Baleares, dos en Galicia, una en Andalucía, una en Murcia y una en Segovia.
Cinco de estos 11 casos han conllevado la excarcelación de los condenados: dos de Baleares, dos de Madrid y uno de Galicia.
Los magistrados han explicado en sus resoluciones que las rebajas responden a la aplicación de la Ley Orgánica 10/2022, de 6 de septiembre, de garantía integral de la libertad sexual.
Al hilo, los tribunales han recordado que aunque la ‘ley del solo sí es sí’ no aclara si debe ser o no aplicada a procedimientos en trámite o con sentencia firme, el propio Código Penal indica que «tendrán efecto retroactivo aquellas leyes penales que favorezcan al reo»
«Las últimas declaraciones efectuadas por la Ministra de Igualdad, Irene Montero, se suman a sus ataques constantes a los jueces y juezas de este país y resultan intolerables e inadmisibles en una democracia», dice la APM.
Y expresa su más enérgico rechazo a sus descalificaciones y a otros responsables políticos –en referencia directa a la delegada del Gobierno contra la violencia de género, Victoria Rosell (magistrada en servicios especiales)– por el proceso de revisión de dichas condenas por delitos contra la libertad sexual como consecuencia de la vigencia de la nueva ley.
ACUSACIONES SIN RIGOR Y SUSTENTO REAL
«La acusación de que existe un prejuicio generalizado en el Poder Judicial contra las mujeres, además de carecer del más mínimo rigor y sustento real, resulta ofensiva y
produce una alarma innecesaria y devastadora en la confianza de quienes son o han sido víctimas de estos delitos, devaluando los estándares de calidad democrática que, en toda la Unión Europea, reclama el valor Estado de Derecho», afirma la APM.
«Los jueces y juezas en España estamos firmemente comprometidos con la protección de las víctimas y, de igual modo, con las garantías de quienes están sometidos
a un proceso penal. Y ese compromiso comporta el diligente cumplimiento de las obligaciones que resultan de la aplicación de la ley que soberanamente ha sido aprobada por nuestras cámaras legislativas, en cuanto a prestar a unos y otros la necesaria tutela efectiva», añade.
Y precisa: «Acudir a descalificaciones generalizadas con fundamento en pretendidos prejuicios y estereotipos, en lugar de asumir con honestidad la posibilidad de que la norma pueda dar lugar a interpretaciones que puedan resolverse, por imperativo de los básicos principios penales, en favor del reo, resulta una actuación totalmente reprobable por falsa y por injusta; sobre todo, teniendo en cuenta que tal afirmación se desmiente con la evidencia constatable de la labor cotidiana de los Juzgados y Tribunales que persiguen con determinación y denuedo las conductas criminales que integran estos delitos contra la libertad sexual».
