El abogado Jorge Rodríguez afirma en su denuncia ante el promotor de la Acción Disciplinaria que el acoso y derribo que ha lanzado en redes contra Salvador Alba, miembro de su despacho, está afectando a su firma y pide que se intervenga disciplinariamente contra la magistra, que aparece en la foto cuando era delegada del Gobierno contra la violencia de género por Podemos. Foto: EP.
Victoria Rosell denunciada ante el promotor de la Acción Disciplinaria por acosar en redes a la firma que ha contratado a Salvador Alba
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03/7/2025 05:38
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Actualizado: 02/7/2025 21:35
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La magistrada Victoria Rosell ha sido denunciada ante el promotor de la Acción. Disciplinaria del Consejo General del Poder Judicial por el abogado Jorge Rodríguez, socio director de la firma canaria Consortium Abogados, por dañar la reputación de su despacho desde las redes sociales al haber contratado al exmagistrado Salvador Alba.
«La magistrada que aquí se denuncia ejerce su función jurisdiccional en la Audiencia Provincial de Las Palmas de Gran Canaria y, en los últimos días ha venido desarrollando una activa promoción de acoso y derribo contra un compañero abogado, miembro y colaborador del despacho, del que es titular el dicente», dice el letrado.
Y añade: «Al referir información de don Salvador Alba Mesa, extraída de la web corporativa, daña, perjudica y lesiona la reputación profesional del despacho y de todos sus miembros, y lo hace mediante la difusión activa en sus cuentas en redes sociales de la información que publica don Carlos Sosa Báez, su pareja y propietario y editor de la publicación digital ‘canariasahora.com'».
De acuerdo con Rodríguez, no es un hecho aislado lo que se está denunciando sino que es «un comportamiento habitual y continuo de faltas de consideración a profesionales y ciudadanos en el desempeño de sus funciones».
Y subraya de forma destacada que esto es «especialmente grave, si tenemos en cuenta que [Victoria Rosell] es magistrada en una Sección de la Audiencia Provincial de Las Palmas en cuyo ámbito trabajamos y actuamos profesionalmente».
CONDUCTA PUNIBLE DISCIPLINARIAMENTE
El abogado, que ha aportado al promotor pantallazos de lo que dice la magistrada en redes sociales, entiende que la conducta de Rosell, exdelegada del Gobierno para la violencia de género –cargo al que se elevó impulsada por Podemos– encaja disciplinariamente en los artículos 418.5 y 419.2 de la Ley Orgánica del Poder Judicial.
El primero sanciona como falta grave el exceso o abuso de autoridad o falta grave de consideración respecto de los abogados y procuradores; el segundo castiga la desatención o desconsideración con iguales o inferiores en el orden jerárquico, entre los que se encuentran también los abogados y procuradores.
Rodríguez también recuerda la obligación y el deber constitucional que tienen todos los jueces y magistrados de guardar fidelidad a la Constitución entre cuyos valores fundamentales se encuentra la Justicia, cuyo artículo 24 «consagra el derecho de defensa como uno de los derechos fundamentales, siendo función atribuida legalmente de los abogados su ejercicio constitucional».
Una Constitución que consagra, en su artículo 25.2, el derecho a la reinserción social que establece que las penas privativas de libertad deben estar orientadas a la reeducación y reinserción del condenado.
Esto significa que el objetivo del sistema penitenciario no es únicamente castigar, sino también preparar al interno para su regreso a la sociedad mediante programas de formación, tratamiento psicológico, actividades laborales y educativas que favorezcan su desarrollo personal y social. El Estado, por tanto, tiene el deber de crear condiciones que permitan dicha reintegración.
De lo que se deduce, de acuerdo con lo denunciado por el socio director de Consortium Abogados, que una magistrada en ejercicio de sus funciones estaría frustrando este mandato constitucional.
Salvador Alba, exmagistrado, fue condenado por el Tribunal Supremo a 6 años y 6 meses de cárcel por los delitos de prevaricación, cohecho y falsedad en documento oficial. Ha cumplido 2 años y 4 meses de prisión.
Actualmente se encuentra en el tercer grado. Trabaja, desde el 1 de febrero pasado para la firma de Jorge Rodríguez como consultor –»Of Counsel», en el lenguaje de la profesión– y desde el pasado mes de marzo como abogado, tras obtener la reincorporación al Colegio de Abogados de Las Palmas de Gran Canaria con el visto bueno del Consejo General de la Abogacía Española.
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