El caso abierto por Simona Chambi contra Victoria Rosell, exdelegada del Gobierno contra la violencia de género puesta por Podemos en el pasado gobierno, busca encontrar una solución final en el Tribunal Supremo en forma de recurso de queja, después de que la Audiencia Provincial de Las Palmas de Gran Canaria denegara su recurso de casación.
Y es que la causa como poco es rara, desde el punto de vista jurídico.
Chambi había sido acusada por Rosell por los supuestos delitos de extorsión, amenazas, coacciones y estafa procesal después de que esta interpusiera una demanda laboral tras haber sido despedida en plena pandemia de COVID, en 2020.
La Audiencia Provincial de Las Palmas, dos años después, sobreseyó libremente –lo que equivale a una sentencia absolutoria– a Chambi.
La empleada del hogar ni extorsionó, ni coaccionó ni estafó procesalmente a su empleadora.
«El abogado defensor de la exempleada de Rosell considera que solo se puede encontrar justicia en el Tribunal Supremo, lejos de la supuesta influencia de Rosell sobre los tribunales canarios, en cuya Audiencia Provincial está destinada desde su cese tras el desastre electoral de Podemos en las elecciones del 23 de julio»
Aquello dio pie a que el abogado de la trabajadora, Federico Vicente, interpusiera una querella, dos meses después de aquello, contra la exdiputada por Podemos por los delitos de denuncia falsa y simulación de delito.
En aquella querella el abogado argumentaba que su cliente había sufrido un «lucro cesante» del que era responsable directa Rosell ya que sus acusaciones le habían impedido conseguir un nuevo trabajo durante esos dos años.
Para el letrado los «daños morales» son, igualmente evidentes. “Como consecuencia de la haber sido denunciada por extorsión y su divulgación pública, su coste de la calidad de vida a efectos sociales y económicos ha sido brutal. Puesto que, socialmente no está bien visto, ni aceptado, que te acusen de ser una mujer extorsionadora”.
La querella cayó en el Juzgado de Instrucción 7 de Las Palmas de Gran Canaria, del que es titular el magistrado Francisco Javier García García-Sotoca. Este dictó un auto de incoación de diligencias previas el 18 de enero de 2023, presumiendo indicios de los delitos de denuncia falsa y simulación de delito en el mismo auto.
García García-Sotoca retrotajo, en junio de ese año, la causa cinco meses, inadmitiendo la querella por no encontrar materia delictiva, sin que realizara ninguna diligencia, investigación o llamara a declarar a nadie. Algo del todo punto anómalo, según Vicente.
«El magistrado ha dictado dos autos de todo punto contradictorios e incompatibles dentro de un procedimiento», subraya.
El abogado de Chambi recurrió en reforma y apelación ante la Audiencia Provincial de Las Palmas y este órgano judicial se pronunció en la misma dirección.
Los magistrados de la Sección Sexta de ese órgano, Emilio Moya, Eugenia Cabello Díaz y Carlos Vielba Escobar, argumentaron que “la falsedad debe emerger de los hechos denunciados”. No se “deduce necesariamente de la absolución o del archivo del procedimiento”, añaden en su sentencia.
Ese abandono de la justicia canaria a lo que la causa de Chambi, que debería haber estado clara una vez que fue absuelta de las acusaciones de extorsión, coacción y estafa procesal es lo que ahora ha provocado este recurso de queja ante la Sala de lo Penal del Supremo.
El abogado defensor de la exempleada de Rosell considera que solo se puede encontrar justicia en el Tribunal Supremo, lejos de la supuesta influencia de Rosell sobre los tribunales canarios, en cuya Audiencia Provincial está destinada desde su cese tras el desastre electoral de Podemos en las elecciones del 23 de julio.
