El letrado de la Administración de Justicia Adrián Gómez-Linacero realizó una dura crítica contra el estado de las subastas judiciales, a las que calificó de «ineficientes, lentas y burocratizadas» en una de las charlas de las jornadas dedicadas al Legaltech y organizadas por la agencia de servicios legales Atlante. «Que un país tenga una ejecución insatisfactoria repele a los inversores», indicó.
Gómez-Linacero señaló especialmente que la «programación deficitaria de personal y recursos» denota un «régimen anquilosado que necesita una rendición de cuentas».
La evidencia del efecto perjudicial de estas condiciones, apuntó, se manifiesta como un «interés nulo por parte de los compradores», especialmente por la falta de datos fiables. «Muchas veces falta información sobre la situación posesoria y arrendaticia en las páginas web», denunció. «A veces no hay ni foto».
La necesidad de la digitalización en todos los niveles de los procesos concursales ha sido la protagonista del coloquio titulado «Entidad especializada: Una propuesta digital necesaria».
Bárbara de Ron, ‘Business Development Manager’ en Oportunalia, fue la moderadora del debate, en el que participaron Gómez-Linacero, Ángel Rubio, director de Servicios Legales en Altamira y Manuel Ruíz de Lara, magistrado del Juzgado Mercantil № 1, que destacó la dificultad de solucionar los problemas de errores humanos desde lo legislativo.
Ruíz de Lara resaltó la obligación de «buscar un equilibrio en los niveles técnicos» para corregir situaciones a posteriori. «Cuando se inserta un cero de más en los precios, no siempre es un intento de quebrar la subasta, sino que puede ser una equivocación que debería poder arreglarse», dijo.
Por su lado, Rubio destacó el «problema de accesibilidad» del sector. «Aquí sigue siendo todo manual, lo cual causa errores que pueden llevar a cancelar la subasta», dijo, destacando las desventajas para todos los involucrados.
En este sentido, indicó que debe buscarse elevar el porcentaje de acreditación a terceros y que el mejor espacio para liquidar una casa es el mercado inmobiliario, no los juzgados. «El banco no necesita quedarse con la casa, sino recuperar la deuda vendiéndola, porque si no, pierde dinero».
«Al presentar una demanda, se puede tardar seis años para conseguir la posesión de un activo que ya para entonces está deteriorado», dijo. «Si se hubiera adjudicado al menos en un plazo de tres años, valdría el doble».
Ruíz de Lara tampoco escatimó en reproches a la «situación de cola» que experimentan las subastas, para lo cual propone «potenciar mecanismos de reestructuración para evitar concursos».
Las soluciones ante la burocratización
El magistrado indicó la utilidad de una futura regulación específica que permita la entrada de entidades especializadas que provean al trámite de «celeridad, transparencia y la posibilidad de maximizar el número de ofertantes».
Además, dijo que debe buscarse facilitar los procedimientos de búsqueda y «coordinar la información disponible» de tal manera que se proteja en todo caso el secreto profesional de los involucrados.
También se puso de relieve la colaboración entre los cuerpos públicos y privados, que han cobrado más relevancia desde la pandemia del Covid, durante la cual se cambió la ley para permitir las actuaciones de las entidades especializadas en subastas, según Rubio.
El rol de la tecnología, dijo, tiene más espacios y competencias en los que puede aportar «Es mejor digitalizar que echar a gente», dijo.
«Los juzgados necesitan lectores documentales que funcionen como robots, que es tecnología que ya está disponible», afirmó. «No aporta valor que un profesional lea y chequee todos los datos de los textos relevantes».
Gómez-Linacero también apuntó como una prioridad la modernización de los actos de comunicación, «aunque se resista el Tribunal Constitucional», de manera que se superen las cartas y se imponga un sistema de correo electrónico con comprobación de documentos de identidad para que las notificaciones no tarden tanto.
