Begoña Trigo explica en Confilegal los pilares de la candidatura que encabeza al Decanato y Junta de Gobierno del Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM).
Begoña Trigo, candidata a decana del ICAM: ‘No podemos ser cómplices, hay que empezar un nuevo ciclo’
Se refiere a la falta de respeto a los derechos de los abogados y entiende también que hay que poner fin al continuismo
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25/11/2022 06:51
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Actualizado: 25/11/2022 08:34
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«Madrid ha sido siempre una sociedad reivindicativa y valiente, y hay que empezar un nuevo ciclo desde la abogacía para limitar los abusos y dar un paso más en la evolución del sistema». Este es el llamamiento de Begoña Trigo Aparicio, candidata a decana del Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM) en las elecciones del próximo 20 de diciembre, a las que concurre por ‘Somos Abogados’.
«No podemos ser cómplices», sostiene.
Begoña Trigo (Madrid, 1972) tiene despacho propio, BTA Abogados, una firma generalista y, además, es abogada de oficio en los turnos de Civil, Penal y Laboral.
Esta letrada madrileña lleva desempeñando la profesión más de 15 años y cuenta en su haber con más de mil asistencias.
Además, colabora desde hace una década con las universidades madrileñas como tutora de alumnos en prácticas curriculares y en las del Máster de la Abogacía.
En 2017 y 2018 fue galardonada con el premio Estrella de Oro a la excelencia profesional, que otorga anualmente el Instituto para la Excelencia Profesional, en reconocimiento a su trayectoria.
En la candidatura que lidera al Decanato y Junta de Gobierno del ICAM figuran Lourdes Pulido Alcón, José David Ruiz García, Álvaro Gómez Rodríguez, Alejandro Muñoz Castro, Mónica Sola Moratilla, Francisco Javier González Gutiérrez, Antonio Alberca Pérez, Marina Beatriz Burlli Romero, Enrique Sainz de Baranda de la Torre, Álvaro Sorli Moure, María Dolores Garrido Bullón, Susana Gómez Laín y Marina León Moro, en su mayoría pertenecientes al turno de oficio y algunos con más de 35 años de ejercicio.
¿Cuáles son las principales propuestas de su programa?
El programa tiene tres pilares fundamentales sobre los derechos de los abogados, el turno oficio y la relación del ICAM con los letrados y la sociedad, además de otras medidas en materia de igualdad, para los jóvenes y en relación a la obra social del ICAM.
¿Qué reivindicaciones hace respecto a los derechos de la abogacía?
Reclamamos el derecho a la conciliación y a poder descansar, y para ello exigimos que no nos notifiquen en agosto ni en Navidad. Un derecho que todavía no tenemos consolidado.
El derecho a la salud es un derecho fundamental que tampoco se nos reconoce, porque con un parte de baja médica no nos suspenden ni vistas ni plazos.
Exigimos también el derecho a un trato digno, ya que los juzgados a veces no nos dejan ver las actuaciones teniendo derecho a ello. Han finalizado las restricciones por el Covid, y todavía no nos dejan libertad para acceder a los juzgados, a pesar de que en Madrid han desaparecido las medidas restrictivas.
Además, nos someten a mucho tiempo de espera desde la hora de la citación, lo que vulnera también nuestro derecho a prever los horarios de trabajo. Esto es una falta de respeto. Además, no se justifican esos retrasos.
¿Qué medidas concretas plantea en materia de conciliación?
En nuestra profesión es difícil lograr la conciliación y reclamamos que se respeten los periodos vacacionales del mes de agosto y Navidad, tenemos que conseguir consolidar el derecho al descanso.
Para ello, proponemos que no haya notificaciones, sobre todo no urgentes, en los periodos vacacionales y si las hay que sea el ICAM el encargado de poner las quejas oportunas a los juzgados que emiten estas notificaciones vulnerando el derecho al descanso de los abogados.
Por otro lado, lucharemos para que haya guarderías en el ICAM y en las sedes judiciales.
También daremos la batata por un mayor desarrollo de la digitalización para poder realizar gestiones telemáticas con el juzgado, diligencias que no son urgentes y que se pueden hacer telemáticamente evitando tiempos de espera y desplazamientos innecesarios.
13 de los 14 miembros de su candidatura pertenecen al turno oficio, ¿que le diría a los que puedan pensar que solamente representan a este colectivo?
Que esta candidatura representa a todos los abogados del Colegio de la Abogacía de Madrid. Nuestras propuestas afectan a todos los compañeros.
Una vez que ponemos un pie en un juzgado todos somos iguales, independientemente del despacho del que vengamos. Es cierto que la mayoría de los abogados en Madrid ejercemos en pequeños y medianos bufetes, pero estos problemas afectan igualmente a las grandes corporaciones.
La consolidación de los derechos de la abogacía nos afecta a todos, como también la cobertura social en la Mutualidad o en el RETA, la obra social y la creación de residencias para mayores, entre otras medidas… Y lucharemos por todo ello y para todos.
Si dedicamos un especial interés al turno oficio es porque es la parte más débil de la abogacía, la más vulnerable y la más expuesta, con una dotación presupuestaria ridícula y un sinfín de responsabilidades, incluso más que para el resto de abogados. Por ejemplo, en materia deontológica las exigencias son mayores para este colectivo y no nos parece justo, por lo que requiere especial atención.
Es cierto que 13 de los 14 miembros de nuestra candidatura pertenecemos al turno oficio, pero además de esa labor llevamos a clientes particulares, porque con los honorarios que cobramos del turno oficio no podríamos sobrevivir.
¿Y qué proyectos tiene para el turno oficio?
Desde el punto de vista económico exigimos una actualización del IPC -que no se produce desde 2003- que supondría aproximadamente un incremento del 40% del baremo actual.
También es necesario que se establezca un baremo doble con una parte fija común a todos los procedimientos y una variable que se abonase dependiendo de las actuaciones que realice el abogado.
Con ello se garantizaría una mayor relación entre lo cobrado y el trabajo efectivamente realizado. Actualmente, se cobra lo mismo por un procedimiento que tiene 20 folios que por otro que tiene tres tomos.
Tampoco es justo que no se abonen todas las actuaciones del abogado. Por ejemplo, la fase de ejecución ahora no se está pagando ni tampoco los recursos que no ponen fin al procedimiento. Con el sistema que planteamos se garantiza el cobro de todas las actuaciones.
Además, crearemos dos departamentos novedosos en el ICAM: uno de cambio de guardias y otro de sustituciones en procedimientos, para facilitar la labor de los abogados.
Queremos también realizar cambios en materia deontológica para equiparar las exigencias del abogado de oficio a las del resto. A nuestro juicio, supone una discriminación que un abogado de oficio no pueda renunciar a su cliente cuando hay una razón de peso para ello, como que el justiciable les esté llamando a altas horas de la noche, incluso de madrugada, o éste muestre cualquier otra falta de respeto hacia el letrado.
Asimismo, incluiremos los derechos de los abogados en materia deontológica.
Otra medida novedosa que llevaremos a cabo será la creación de un turno de oficio especial de financiero y tributario para las reclamaciones de Hacienda.
Y queremos, además, ampliar la defensa de los ciudadanos a la fase administrativa en todas las materias, para garantizar que va a estar asesorado y que podrá litigar frente a los abusos de la administración. Esta medida es de gran trascendencia social y también muy necesaria.
¿Qué otras iniciativas quiere llevar a cabo?
Crear un departamento de cobros de minutas de los abogados.
También queremos crear un departamento de quejas y reclamaciones, de forma que sea el ICAM quién se responsabilice de las quejas de sus colegiados y las defienda hasta la última instancia.
Seremos implacables en la defensa de la dignidad de la abogacía.
En materia deontológica también queremos rebajar las exigencias y dar trámite sólo a las quejas más graves e incluir también obligaciones para los justiciables.
Se debe también desarrollar la función social del ICAM favoreciendo la creación de cooperativas que promocionen formas de convivencia, como ‘coliving’ para jóvenes y mayores, fomentar la creación de residencias y desarrollar las medidas de cobertura social en relación a personas dependientes o en situación de vulnerabilidad.
Ser abogado es una forma de vida y el ICAM debe acompañar a sus colegiados en todas las fases.
Por cierto, ¿qué opina de la queja que ha presentado Ochoa contra Alonso?
En mi opinión, el desarrollo del proceso electoral ha mostrado las carencias de la regulación del Colegio en esta materia.
El ICAM es una corporación de derecho público y se rige por sus propias normas y de forma supletoria por la legislación del Estado. La especialidad de su naturaleza no puede amparar conductas abusivas, poco democráticas y que atenten contra el principio de igualdad y de no discriminación.
Sorprende que haya cinco candidatos que están todavía en la Junta en funciones tomando decisiones sobre el proceso electoral que afectan a todas las candidaturas, en una posición de juez y parte. Se rompe así el principio de imparcialidad.
Y nos sorprende más aún que uno de esos candidatos ponga una queja contra otro, cuando todavía ninguno ha dimitido de la Junta en funciones y todo apunta a que no tienen intención de dimitir.
Son muchas las irregularidades en el proceso electoral…
¿A qué se refiere?
Por ejemplo, a la aprobación de las normas de voto por correo donde el votante tiene que abonar el correo certificado en la oficina de Correos, lo que penaliza de esta forma a quienes votan así.
Nuestra candidatura ha presentado una queja ante la Comisión Electoral por entender que se discrimina a unos votantes por el hecho de ejercer el voto por correo y no se garantiza el principio de participación y las garantías democráticas cuando para ejercer el derecho de voto por correo hay que pagar.
Se incumple también lo dispuesto en la regulación del voto por correo de la Ley 5/1985 reguladora del Régimen Electoral General, que dice en su artículo 73 que el voto por correo será gratuito.
¿Cree que deberían haber dimitido los miembros de la Junta de Gobierno en funciones tras presentar su candidatura?
Dimitir o no es una decisión que corresponde decidir a cada uno, de acuerdo con el código ético que tenga.
Lo que sí es necesario es una regulación que garantice la igualdad entre todas las candidaturas, que respete los derechos de los votantes y que impida desde el principio situaciones como éstas.
Tiene que ser una ley, y no el código ético de cada persona, la que dirija y garantice el respeto de los principios en el procedimiento.
Insisto, debería existir en el ICAM una regulación que garantice la seguridad jurídica y la legalidad del procedimiento electoral, de acuerdo con las normas establecidas.
Las normas actuales dicen que a falta de normativa colegial, se aplicará supletoriamente la del Estado. En cualquier caso, deberían haberse fijado con claridad y precisión los procedimientos a seguir.
Esta candidatura, a día de hoy, no ha recibido ningún escrito de alegaciones presentado por otras. De hecho, hemos remitido una queja a la Comisión Electoral solicitando que se nos dé traslado de los escritos presentados por otras candidaturas para poder hacer alegaciones, ya que esto nos está causando indefensión porque somos parte interesada.
El ICAM se merece otra imagen de más seriedad y mayor compromiso con los derechos de los abogados y con la legalidad.
¿Cuál debería ser la función de los Colegios frente al Consejo General de la Abogacía Española?
El Consejo debe ser una institución democrática y los abogados deberían poder fiscalizar las cuentas del Consejo y participar en las decisiones que tome.
No se entiende que el CGAE no facilite datos de cómo se gasta el dinero que recibe de los colegiados ni información sobre los trabajos que desempeña.
Hay que abrir el Consejo General a los colegiados y garantizar la participación de éstos y la posibilidad de fiscalizar las acciones y las cuentas, si no carece de sentido la institución.
¿Qué propone respecto a la fiscalidad de la abogacía, además de la creación del departamento de gestión de cobros de minutas de honorarios?
Una rebaja en el IVA de la Justicia. No es lógico que un ciudadano vaya a comer una mariscada y pague menos IVA que si va a un despacho a defender sus derechos fundamentales.
Exigimos una reducción del IVA y un reconocimiento de la labor esencial de la abogacía en el desarrollo de los derechos en un Estado democrático. Función esencial que debe ser reconocida y que debe estar al alcance de todos los ciudadanos.
También pedimos que se amplíen las deducciones en el aspecto fiscal. No es lógico que todavía no se puedan deducir gastos que son esenciales para el ejercicio de la actividad, como los del combustible, telefonía o Internet.
En relación al turno de oficio proponemos también la exención de la retención. Nos abonan un baremo que supone un 5% del precio del procedimiento en el mercado y encima nos aplican una retención del 15% sobre ese baremo. Es un despropósito.
Ha dicho en campaña que el Colegio debería tener mayor papel social. Explíquese.
La abogacía desarrolla una función social en el ejercicio diario de la profesión, que trasciende al caso concreto del cliente, ya que las sentencias repercuten en beneficio de todos los ciudadanos.
La sociedad debe mucho a la abogacía y ejemplo de ello es el desarrollo en beneficio de los ciudadanos de materias como la nulidad de las cláusulas abusivas en las hipotecas, así como muchos avances que se han logrado gracias al trabajo de la abogacía, muchos de ellos de la de oficio.
Tenemos, por lo tanto, que recuperar el papel que nos corresponde en la sociedad, dado que realizamos una función esencial en el desarrollo de los derechos en un país democrático.
Esta candidatura reivindica ese papel para que el ICAM pueda influir en la elaboración de las normas, no solo las colegiales, ya que los abogados estamos todos los días cerca de la gente y en los juzgados y conocemos de primera manos las necesidades de la ciudadanía.
Llevamos a cabo la parte creativa de la Justicia y tenemos mucho que decir y que opinar para la mejora de la legislación.
El ICAM debe ser una entidad prestigiosa e influyente porque interviene de forma decisiva en el desarrollo de los derechos de los ciudadanos y tiene por ello una importante función social.
Por último, ¿qué mensaje le gustaría lanzar a la abogacía madrileña?
Que no podemos ser cómplices en la falta de respeto a los derechos de los abogados.
Hay compañeros que están sufriendo mucho con las esperas en los juzgados, cuando no se suspende una vista o un plazo estando enfermos o se les obliga a trabajar en condiciones inhumanas.
Nosotros no podemos ser cómplices de esta situación.
Madrid siempre ha sido una sociedad reivindicativa y valiente, y hay que empezar un nuevo ciclo desde la abogacía para limitar los abusos y para dar un paso más en la evolución del sistema.
La abogacía madrileña tiene que salir a la calle el próximo 20 de diciembre para iniciar un nuevo ciclo y poner fin al decadente continuismo.
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