La sede del despacho ha alojado el seminario «La fuerza del dato: confianza y creación de valor en la sociedad digital», en el que el director de Derecho Digital de la firma, Pablo García Mexía, ha alertado que los «discursos ciberfatalistas» pueden representar un «riesgo geopolítico».
«Es innegable que el entorno digital está generando problemas, si bien ello no justifica un discurso negativista y de cuestionamiento del avance tecnológico digital», ha afirmado García, señalando que este tipo de desconfianza puede hacer surgir un “riesgo reputacional para el mundo tecnológico, derivado de la preocupación ciudadana por el uso de la tecnología en el tratamiento y aprovechamiento de datos”.
La mentalidad que hace que los ciudadanos piensen de esta forma respecto a las innovaciones tecnológicas y de comunicación tienen como base la idea de que “las grandes tecnológicas explotan a los ciudadanos para extraer valor de sus datos en su propio beneficio” y “se maneja al ciudadano, totalmente inconsciente, que no toma decisiones libres cuando usa los servicios de estas compañías”, según García.
En este sentido, el letrado recordó que, si bien la Unión Europea “es un bastión regulatorio, cuya normativa es modelo mundial, la excesiva carga regulatoria no puede suponer la generación de barreras a la innovación, haciendo a Occidente menos competitivo”, ya que se arriesga a «menospreciar la innovación privada».
En su intervención, María Álvarez Caro, directora de Relaciones Gubernamentales y Políticas Públicas de Google Cloud Iberia, sostuvo que “es perfectamente compatible la innovación basada en el uso de datos y el respeto a la privacidad o estricto cumplimiento de la normativa de protección de datos, poniendo al usuario en el centro, empoderándole, a través del control y transparencia en el uso de sus datos”.
Álvarez negó que “las Big Tech busquen recabar cuantos más datos mejor, porque el coste de extraer el dato es, a partir de un punto, muy superior al valor que ese dato ofrece por la gran capacidad computacional que se requiere”, ya que “el acceso al dato por sí mismo, el dato aislado, no vale nada, lo importante es extraer el valor de los datos y saber interpretarlos, para lo que se necesitan muchos recursos”.
Finalmente, intervinieron Henar González, socia y directora del área de Competencia, y Miguel Ángel Barroso, asociado senior de Derecho Público y Derecho Digital de Herbert Smith Freehills, para analizar la entrada en vigor de dos textos normativos aprobados en la Unión Europea: la Ley de servicios digitales y la Ley de mercados digitales.
González expuso las novedades de la Digital Market Act y su función complementaria a la aplicación de las normas de defensa de la competencia. Miguel Ángel Barroso, por su parte, se centró en las novedades del nuevo paquete regulatorio en relación con el tratamiento de la privacidad.
En concreto, señaló que la nueva normativa “hace una definición expansiva del concepto de datos», de ahí que, una de las grandes áreas que generará debate es cómo ejercer la obligación de los proveedores de servicios digitales de facilitar el acceso de los datos del usuario y qué tipo de datos tiene que facilitar “dada la dificultad de diferenciar el dato personal y no personal”.
