«Centenares» de empleados de la Administración de Justicia se han concentrado hoy frente al Ministerio contra la «imposición» de la Ley de Eficiencia OrganizativA (LEO), actualmente en tramitación parlamentaria, que, según denuncia la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), convocante de la movilización, «implicará modificaciones de las condiciones laborales sin negociar con los representantes de los trabajadores».
Así ha informado CSIF en un comunicado al término de la misma.
«Denunciamos la sangrante falta de medios materiales y personales, la imposición del nuevo modelo organizativo de la Justicia y la vulneración del derecho fundamental de negociación colectiva», ha declarado a Confilegal Javier Jordán de Urríes Sagarna, presidente de sector de Justicia de CSIF, sindicato mayoritario en la Administración de Justicia.
En el siguiente vídeo, las declaraciones que Javier Jordán de Urríes Sagarna ha hecho a los medios durante la concentración:
El Defensor del Pueblo ha admitido a trámite una queja presentada por CSIF contra el Ministerio por «vulnerar» el derecho a la negociación colectiva al «imponer» la LEO, y ha iniciado acciones ante la Secretaría de Estado de Justicia.
Según CSIF, el futuro modelo de la organización de la Justicia «empeora, en todos los sentidos, las condiciones de trabajo de los empleados públicos».
Este sindicato ha anunciado que la concentración de hoy es la primera de un calendario de movilizaciones que continuarán «hasta que el Ministerio de Justicia se siente a negociar la futura LEO y se comprometa a solucionar los problemas históricos que arrastra la Justicia española».
De momento, las siguientes tendrán lugar los próximos 2 y 16 de diciembre, a las 11.00 horas, frente a las sedes judiciales.
El presidente del sector de Justicia de CSIF denuncia que tras el acuerdo salarial firmado con CC OO y UGT, que «agrava la pérdida de poder adquisitiva arrastrada desde 2010», el Ministerio de Justicia «pretende poner en marcha la LEO (creación de los tribunales de instancia, la oficina judicial y las nuevas oficinas de justicia en los municipios) sin tener en cuenta la posición de los trabajadores y, por tanto, vulnerando la negociación colectiva».
«Esta norma, que se aprobará en los próximos meses, «supone que los complementos retributivos, jornada, horarios, la distribución de las plazas, las funciones y tareas de cada uno de los servicios y de cada puesto, la provisión y las opciones de elegir diferentes destinos vendrán ya predeterminados a la mesa de negociación por los criterios aprobados entre el Ministerio y las comunidades autónomas», asegura.
“El Gobierno está más interesado en el politiqueo de los órganos constitucionales que en solucionar los problemas de la justicia”
Javier Jordán de Urríes Sagarna sostiene el Gobierno “está más interesado en la lucha partidista y el politiqueo en los órganos fundamentales de la Justicia, cuando la prioridad es dotarla de más y mejores medios para hacerla más ágil y más eficaz para el ciudadano”.
“Hay un déficit de 22.000 plazas, desde jueces a personal de auxilio judicial; hay equipos informáticos que no funcionan y desfasados, juzgados que se caen a pedazos y una plantilla totalmente sobrepasada que defiende sus condiciones laborales porque hay riesgo real de que empeoren”, expone.
Y hace hincapié en que «lamentablemente» son los ciudadanos, “una vez más, quienes pagan las consecuencias soportando una justicia lenta y excesivamente burocrática”.
«Es inaceptable que los funcionarios de Justicia tengan que ser los paganos del nuevo modelo organizativo que pretende imponer el Gobierno”, concluye Jordán de Urríes Sagarna, y recuerda que los trabajadores de la Administración de Justicia «son quienes velan por un servicio esencial para el ciudadano”.
