El Defensor del Pueblo admite la queja de CSIF contra la ‘imposición’ del nuevo modelo organizativo de la Justicia
Este sindicato ha convocado una movilizaciones para el próximo 30 de noviembre frente al Ministerio de Justicia y los días 2 y 16 de diciembre frente a los centros de trabajo. Foto: EP

El Defensor del Pueblo admite la queja de CSIF contra la ‘imposición’ del nuevo modelo organizativo de la Justicia

CSIF denuncia que el Ministerio "impone" la Ley de Eficiencia Organizativa "sin negociar" jornadas, horarios, centros de destino, ni retribuciones
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23/11/2022 09:18
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Actualizado: 23/11/2022 17:13
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El Defensor del Pueblo ha admitido a trámite la queja presentada por la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), sindicato mayoritario en la Administración de Justicia, contra el Ministerio de Justicia por «vulnerar» el derecho a la negociación colectiva al «imponer» la Ley de Eficiencia Organizativa, actualmente en tramitación parlamentaria, y que implicará modificaciones en las condiciones laborales, «sin negociarse» con los representantes de los trabajadores.

Según denuncia, el futuro modelo de la organización de la Justicia «empeora, en todos los sentidos, las condiciones de trabajo de los empleados públicos».

El Defensor del Pueblo comunicó ayer a CSIF que inicia acciones ante la Secretaría de Estado de Justicia. 

«Es inaceptable que los funcionarios de Justicia tengan que ser los paganos de los nuevos Tribunales de Instancia, con una reforma a coste cero, en una administración, además, con un déficit estructural de más de 20.000 puestos de trabajo adicionales, unas aplicaciones informáticas que se caen todos los días y unas sedes judiciales en estado lamentable», sostiene.

CSIF avisó desde antes del verano que ante la «nula voluntad» del Ministerio de negociar esta ley, el sindicato se veía abocado al conflicto y recientemente anunció movilizaciones. 

Comenzarán el próximo miércoles, 30 de noviembre, a las 12.00, con una concentración de delegados sindicales de CSIF de toda España frente al Ministerio de Justicia, y continuarán el 2 y el 16 de diciembre con sendas concentraciones de funcionarios en las puertas de los centros de trabajo.

CSIF exige «voz y voto» en la reforma de la Justicia para mejorar el servicio público, y reclama que también incluya una mejora de las condiciones laborales del personal de esta administración, en línea de lo acordado el 15 de diciembre de 2021″.

«Hay dos enmiendas al Proyecto de Ley presentadas por el grupo parlamentario socialista, a petición del Ministerio de Justicia, que suponen la eliminación de una negociación real y efectiva como exige el Tribunal Supremo sobre la implantación de los tribunales de instancia», declara a Confilegal el presidente de CSIF Justicia, Javier Jordán de Urríes Sagarna.

Javier Jordán de Urríes (CSIF) destaca que 'hay más problemas aparte del CGPJ: Faltan medios personales, materiales y organizativos'
El presidente de CSIF Justicia, Javier Jordán de Urríes Sagarna.

Y advierte que «de prosperar esas enmiendas, una simple resolución del director general de turno bastará para imponer las relaciones de puestos de trabajo que hayan negociado previamente las comunidades autónomas con competencias de Justicia transferidas y el Ministerio de forma automática, sin exigir que haya una previa negociación colectiva».

«Con este texto, la negociación colectiva se pone bajo coacción, ya que al cumplirse los plazos establecidos en el Proyecto de Ley conforme a dichas enmiendas, se producirá esa conversión automática de los puestos de trabajo, haya habido o no negociación colectiva», señala el presidente de CSIF Justicia.

A su juicio, «está claro que con estas enmiendas se permite que una administración imponga condiciones de trabajo sin respetar el derecho fundamental de libertad sindical y negociación colectiva».

Este sindicato presentó la queja ante el Defensor del Pueblo el pasado 11 de octubre. 

Según explica, el 7 de noviembre el Ministerio «improvisó» una «reunión informativa», cuyo resultado, a su entender, fue lamentable. «Se limitaron a hacer una presentación de PowerPoint, con rasgos generales sobre lo que están haciendo con los tribunales de instancia, pasando las diapositivas a toda prisa, porque por lo visto tenían otros compromisos, por lo que pedimos que nos pasaran la presentación por escrito para poder valorar la documentación, y se nos denegó», detalla.

LA QUEJA ANTE EL DEFENSOR DEL PUEBLO

En su escrito ante el Defensor del Pueblo asegura que la actuación del Ministerio en la tramitación del Proyecto de Ley vulnera al menos cuatro apartados del Texto Refundido del Estatuto del Empleado Público (TREBEP). 

Y afirma que la Ley de Eficiencia Organizativa supone una «amenaza» directa a la negociación colectiva, pues, según este sindicato, «el Ministerio pretende poner en marcha esta ley, que supone la creación de los tribunales de instancia, la oficina judicial y las nuevas oficinas de justicia en los municipios, sin negociar las condiciones de trabajo de los empleados públicos».

CSIF asegura que la norma, que se aprobará en los próximos meses, contempla que los complementos retributivos, jornada, horarios, la distribución de plazas, las funciones y tareas de cada uno de los servicios y de cada puesto, la provisión y las opciones de elegir diferentes destinos «vendrán ya predeterminados a la mesa de negociación por los criterios aprobados entre Ministerio y Comunidades». 

DENUNCIA «PRIVATIZACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO A TRAVÉS DE LA MEDIACIÓN OBLIGATORIA» 

También denuncia que desde el Ministerio «se está impulsando una privatización con la introducción de la mediación obligatoria y las presiones para entregar la ejecución a los procuradores».

«De hecho, tenemos constancia de que el Ministerio y las comunidades autónomas ya están elaborado, en la Conferencia Sectorial, los modelos de referencia de las oficinas de los Tribunales de Instancia , de las oficinas de justicia en el municipio y están ahora negociando los modelos de relaciones de puestos de trabajo de esas oficinas y del Registro Civil», apunta. 

Además, asegura que conforme a lo tratado en esa conferencia sectorial, «ya se están produciendo recortes de derechos en algunas oficinas judiciales, como, por ejemplo, Badajoz, Ciudad Real o Segovia, donde se está reduciendo la posibilidad de hacer guardia y recibir la retribución correspondiente».

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