Laura Díez, la catedrática designada por el Gobierno para ocupar un asiento en el pleno del Tribunal Constitucional, defiende reformar el artículo 149.1 de la Carta Magna, que delimita la competencias exclusivas del Estado frente a las comunidades autónomas. A su juicio, «el papel del Estado está desdibujado, y prueba de ello ha sido el estado de alarma».
Así se pronunció en el marco de las Jornadas ‘Aragón y la España territorial: una hoja de ruta para un futuro inmediato’, que se celebraron tras conocerse que era una de las dos elegidas por el Gobierno, junto al exministro Juan Carlos Campo para acceder al Alto Tribunal.
En su ponencia, que llevaba el título de ‘Las relaciones intergubernamentales: pasado, presente y futuro’, Díez sostenía que para mejorar las relaciones de colaboración entre las comunidades autónomas y el Estado se deben abordar diferentes reformas y mejoras para «clarificar el papel que tiene la coordinación del Estado» que le asigna ese artículo 149.1 de la Constitución.
Para la catedrática de Derecho Constitucional los límites de coordinación del Estado no son claros y en su exposición apuntaba a que prueba de ello «ha sido en cierta medida el estado de alarma y el papel de coordinación en materia de Sanidad».
Cabe recordar que en marzo de 2020, cuando el Ejecutivo decretó el primer estado de alarma por la pandemia de coronavirus, Díez acababa de llegar a la Dirección General de Asuntos Constitucionales y Coordinación Jurídica del Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática.
En su intervención en estas jornadas, Díez no quiso entrar en el detalle de lo sucedido durante el estado de alarma, pero apuntó que lo que ocurrió -el propio TC al que ahora accederá lo declaró inconstitucional- le hacía suscribir esa «preocupación» por el papel de coordinación estatal.
La catedrática defendió que delimitar el ámbito de la coordinación estatal debe suponer un engarce entre esta competencia y las atribuidas a las comunidades autónomas y, añadía, se puede llevar a cabo, por ejemplo, a través de la vinculación de las conferencias sectoriales con las conferencias de presidentes.
Otras reformas necesarias
Para Díez, otra de las reformas necesarias es la del Senado, que debe ser «una cámara territorial», si bien lamentaba que los intereses partidistas impiden que en España esa cámara se configure como tal.
Con todo, señaló que son «necesarias y urgentes» reformas normativas para mejorar las relaciones de colaboración intergubernamentales, y sostuvo que la regulación que incluye la Constitución al respecto «es parca y podría modificarse».
En este sentido, Díez comentaba que esa reforma constitucional debería extenderse al sistema autonómico en su conjunto porque de nada serviría si se soslayaran «aspectos básicos como la distribución competencial o la financiación».
No obstante, la catedrática se mostró escéptica y dijo que en estos términos una reforma de la Carta Magna no es factible desde un punto de vista político. Pero añadió que en el ámbito legal, si bien la norma no lo soluciona todo, hay camino por recorrer.
«Con la experiencia de 40 años de Estado autonómico se deberían potenciar mecanismos que han funcionado efectivamente. Por ejemplo las comisiones bilaterales, (…) que siguen cumpliendo una función esencial», comentó.
Por último, Díez sostuvo en su intervención que tras estudiar durante años el sistema político alemán, aboga por «dejar de mirar un poco» al país germano porque se ha comprobado que determinados mecanismos «no funcionan en un momento determinado».
