El jurista Pere Lluis Huguet aborda en esta entrevista la situación del Consejo General del Poder Judicial, de la Administración de Justicia, la reforma de los delitos de sedición y malversación, el maltrato a los abogados, y los ataques a los jueces por parte de políticos de Unidas Podemos, entre otras cuestiones de actualidad.
Pere Lluis Huguet: ‘La política se ha convertido en una lucha del poder por el poder, en vez de buscar el interés de los ciudadanos’
Advierte que lo que se está haciendo con la reforma de la sedición es desmontar la protección penal a los ataques a la Constitución y al Estado de Derecho
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06/12/2022 01:00
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Actualizado: 06/12/2022 11:34
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«La política se ha convertido en una lucha del poder por el poder, en vez de buscar el interés de los ciudadanos». Así lo denuncia Pere Lluis Huguet Tous, y advierte que «ese todo vale para mantenerse en el poder, al final perjudicará a la democracia».
Huguet analiza en Confilegal la situación de la Justicia en España, desde la perspectiva de un jurista que es abogado; exvicepresidente del Consejo General de la Abogacía Española (CGAE); expresidente del Consejo de la Abogacía Catalana y exdecano de Reus, responsabilidad que ejerció durante 13 años.
Dentro del CGAE fue, como vicepresidente, el impulsor de la transformación tecnológica de la institución. La tramitación del expediente electrónico de la Justicia Gratuita fue «hija» suya.
Actualmente es diputado provincial en la Diputación de Tarragona y portavoz del grupo municipal de Cs en el Ayuntamiento de Salou, como independiente. No está afiliado a ningún partido.
En esta entrevista se pronuncia sobre el Consejo General del Poder Judicial (CGPG), la reforma de los delitos de sedición y malversación, la situación de la Administración de Justicia, el maltrato a los abogados, y los ataques a los jueces por parte de políticos de Unidas Podemos, entre otras cuestiones de actualidad.
También explica por qué decidió dar un paso al frente y meterse en política.
Huguet está en posesión de la Gran Cruz al mérito al servicio de la Abogacía; la Cruz distinguida de primera clase de la orden de San Raimundo de Peñafort, otorgada por el Ministerio de Justicia; la Cruz al mérito al servicio de la Abogacía Catalana, otorgada por el ‘Consell de l’Advocacia Catalana’, y la Medalla del 30 aniversario concedida por el Consejo de la Abogacía Polaca, entre otros galardones.
Recientemente ha publicado una columna de opinión en el Diario de Tarragona titulada ‘¿Nos hemos vuelto locos?’, que es una reflexión sobre una serie de acontecimientos políticos, y denuncia que la mentira y el engaño se ha instalado como forma de hacer política. ¿Le preocupa que la ciudadanía no diga basta y que esas «mentiras» no tengan consecuencias?
Sí. En España se ha instalado la mentira como forma de hacer política, y lo más preocupante es que eso no tenga consecuencias.
En su día se pidió el nombre de los componentes de la famosa Comisión de la desescalada, el Gobierno se negó y luego resultó que no existía.
Ahora están vendiendo que la reforma de la sedición es para adaptarla a la normativa europea y también nos mienten de forma descarada, porque nos dicen que con el nombre de sedición no hay ningún delito en Europa, pero es porque las conductas que se produjeron con el ‘procés’ están tipificadas en otros países de otra forma. Y hay países donde las penas por ello son incluso mayores que en España.
Pedro Sánchez también dijo que no pactaría con Bildu. Este señor es el presidente del Gobierno que más ha mentido de toda la historia reciente de España. Y, como decía, lo sorprendente es que no pase absolutamente nada, que no dimita nadie y que todo eso no tenga ningún coste…
Es gravísimo que los ciudadanos lo asumamos como algo normal.
«Pactar con un partido que no condena el terrorismo es de una bajeza tremenda, una aberración»
¿Cómo acoge la reforma del delito de sedición?
Es gravísimo. Lo que se está haciendo con esa reforma es desmontar la protección penal a los ataques a la Constitución y al Estado de Derecho.
Quien aprobó el Código Penal de 1995 y, por tanto, la legislación actual de la sedición, fueron precisamente el Partido Socialista y Convergència i Unió.
Ahora dicen que es una legislación decimonónica, pero cualquier país democrático moderno tiene tipificado en su Código Penal delitos como la sedición y la rebelión para defender la Constitución y el Estado de Derecho, para defenderse de ataques contra los principios básicos de la democracia.
¿Y qué dice de la reforma del delito de malversación? Todavía no está claro lo que van a hacer…
Parece que no saben qué hacer, porque cualquier retoque de la malversación comportaría también la despenalización de muchos hechos condenados por haber malversado fondos públicos.
Rufián declaró el otro día que había que hacer una modificación de la malversación de carácter quirúrgico, refiriéndose a que sólo fuera despenalizada aquella malversación que fuera acompañada por un delito de sedición, lo cual es una barbaridad jurídica. Es legislar casi con nombres y apellidos.
También se habla de modificar la malversación en el sentido de que cuando no se haya lucrado alguien personalmente no sería delito o rebajar la pena. Esto afectaría a los líderes del ‘procés’ y también a los miembros del Partido Socialista condenados por los ERE de Andalucía.
Pero no sólo a ellos, a muchísimos más. Quizás después se han dado cuenta de ello, porque parece que se ha enfriado un poco este tema.
Hay muchísimos más condenados por delito de malversación que no se han lucrado ellos personalmente, sino un tercero, el partido o han conseguido permanecer en el partido gracias a esa malversación de caudales públicos.
Tienen un problema serio si quieren modificar la malversación.
Desde el mundo de la Justicia se denuncia que se esté utilizando el Código Penal por parte del Gobierno como moneda de cambio…
Es que es eso lo que está pasando, que se está utilizando como moneda de cambio.
Uno de los problemas que siempre provoca hacer modificaciones ‘ad nomine’ del Código Penal es que luego esas modificaciones provocan situaciones jurídicas complicadas.
En estos momentos, el Gobierno está utilizando las modificaciones que quiere hacer en el Código Penal simplemente para mantenerse en el poder.
La política se ha convertido en una lucha del poder por el poder, en vez de buscar el interés de los ciudadanos. Es lamentable.
«Pedro Sánchez es el presidente del Gobierno que más ha mentido de toda la historia reciente de España»
Se está viendo con esto que cuando hay intención de reformar una ley, lo hacen rápido…
Sí. Estamos viendo que antes de finales de año se dictará una ley orgánica para modificar en el Código Penal el delito de sedición. Si hubieran utilizado esto para reformar la Ley Orgánica del Poder Judicial y dar la elección de los vocales a los propios jueces, seguramente en muy poco tiempo hubiéramos solucionado el problema que tenemos con el Consejo General del Poder Judicial.
Nos está requiriendo Europa que esta situación no puede continuar más. Nos estamos poniendo al nivel de Hungría simplemente por el «ahora me toca elegir a mí».
¿A su juicio, qué hay que hacer primero? ¿Reformar o renovar?
Reformar. Nos acaban de demostrar que una Ley Orgánica la aprueban en cuatro días si quieren. Por tanto, no costaría nada reformar la del Poder Judicial.
Yo creo que frente a la situación del CGPJ sólo hay dos soluciones: o buscar consenso sobre vocales independientes para el nuevo órgano de gobierno de los jueces, sin cuotas de partidos, o reformar antes la Ley Orgánica del Poder Judicial. Y personalmente, prefiero que se reforme primero la Ley.
No olvidemos que el órgano de garantías declaró el nuevo sistema de elección de los jueces como constitucional siempre y cuando se buscara ese grado de independencia y no como cuota.
Me parece extraordinariamente bochornoso que el Gobierno y los partidos hablen sobre ponerse de acuerdo sobre los nombramientos.
La Constitución y la Ley Orgánica dejan claro que es el Parlamento el que ha de nombrarlos, con lo cual lo que tiene que hacer la presidenta del Congreso de los Diputados es convocar un Pleno para que se elijan los vocales.
Cambiando de asunto, ¿qué opina de que el Gobierno retire a la Guardia Civil de Tráfico de Navarra cediendo ante Bildu? ¿O de que negocie con Bildu y no con los guardias civiles? Las asociaciones denuncian que llevan un año haciendo una serie de reivindicaciones que son necesarias y que el ministro no se ha reunido con ellas desde noviembre del año pasado…
¿No habían dicho que no pactarían con Bildu? Pactar con un partido que no condena el terrorismo me parece de una bajeza tremenda.
No entiendo cómo un partido, además, con la historia y la tradición democrática del Partido Socialista, en estos momentos esté pactando con quien no ha condenado el terrorismo.
Es una aberración.
¿Y qué opinión le merecen los ataques de miembros de Podemos a los jueces? Es una constante. Ahora culpan a los jueces de la rebaja de penas a violadores por la ley del ‘sólo sí es sí’. También dirigen esos ataques contra los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado…
Esos ataques evidencian que no tienen otro argumento.
Explíquese.
Que como no tienen otro argumento, se dedican a hacer ataques a nivel personal sin fundamentación alguna ni base jurídica.
Los jueces sólo están sometidos al imperio de la ley y, por lo tanto, aplican la ley del ‘sólo sí es sí’ conforme a lo que tiene que hacer.
Ciertos políticos los tildan de machistas por ello, y lo hacen porque no tienen otro argumento jurídico sólido.
También hay políticos que critican a los jueces cuando las sentencias no les gustan…
Todas las sentencias son criticables, pero desde una base jurídica, repito. A mí algunas sentencias no me han gustado, las critico y mantengo un criterio diferente, pero eso no significa que tenga que atacar personalmente a los jueces.
La sensación que me da es que como no tienen ningún argumento sólido jurídico, se dedican a atacarlos a base de afirmaciones personales.
¿Y qué opina de que semejantes declaraciones provengan incluso de una magistrada en servicios especiales, como es Victoria Rosell, que debería conocer la ley?
No creo que sea la persona más adecuada para opinar de muchas cosas según su carrera profesional.
«Rosell ha ido en las listas de un partido político, es una sectaria y no es la mejor candidata para el Consejo General del Poder Judicial»
Tengo mis dudas de que la señora Rosell conozca muy bien las cosas, porque he escuchado algunas declaraciones que jurídicamente carecen de argumento sólido.
Todos podemos opinar, pero ella lo hace con poca solidez jurídica.
Va en la lista del CGPJ. ¿La ve una buena candidata?
No.
Tenemos que intentar que los vocales sean gente lo menos sectaria posible. No me refiero a carentes de ideología, sino independientes del poder político. Y esta señora ha ido en las listas de un partido político, es una sectaria y no sería la mejor candidata para el Consejo General del Poder Judicial.
Sería un grave error. Es volver a lo mismo: meter a los suyos para controlar la Justicia.
¿Esta situación de ataques a jueces y magistrados se había vivido antes? ¿Recuerda algo semejante?
No. Yo estuve en el Consejo General de la Abogacía y fuí decano y no se había producido una cosa tan generalizada.
Siempre ha habido situaciones concretas de críticas a las resoluciones judiciales, lo cual es perfectamente legítimo, pero no esto que se está produciendo ahora de ataques personales a los jueces para intentar desacreditarlos.
La crítica jurídica es perfectamente admisible y, además, sana.
¿Y esto a qué lo achaca? ¿A incultura o maldad?
Ni a una cosa ni a la otra. Es simplemente interés político por controlar el Poder Judicial, con lo cual estaríamos quizás más cerca de la maldad que de la incultura.
En una reciente entrevista en Confilegal, el magistrado José Luis Requero decía que le preocupa «que los ciudadanos pierdan el respeto a los tribunales porque el poder político es el primero que no los respeta». ¿A usted qué es lo que más le preocupa a día de hoy? Como jurista, pero también como ciudadano.
Me preocupan los intentos del Gobierno de controlar al poder judicial mediante la elección de los vocales, lo cual da una imagen de falta de independencia de la Justicia que, además, no es cierta.
El Consejo General del Poder Judicial es el órgano de gobierno de la Justicia, tiene una vinculación política, pero los jueces, por su Estatuto personal, son independientes.
«Los órganos jurisdiccionales en este país siguen, por suerte, siendo independientes, a pesar de que con alguna reforma los políticos seguro que intentarán soslayar esa independencia»
Lamentablemente, los jueces se ven envueltos en polémicas porque la política está cuestionando esa independencia que legalmente existe.
Y repito, el CGPJ no es un órgano jurisdiccional, no imparte Justicia, sino que gobierna a los jueces.
Los órganos jurisdiccionales en este país siguen, por suerte, siendo independientes, a pesar de que con alguna reforma los políticos seguro que intentarán soslayar esa independencia. Lo que tenemos que hacer los juristas es seguir protegiendo esa independencia de nuestros órganos jurisdiccionales.
En la Unión Europea, los diferentes informes del GRECO cuestionan la independencia del poder político del Consejo, pero no la independencia de los órganos jurisdiccionales españoles.
¿Y qué más le preocupa?
La falta de medios en la Administración de Justicia.
¿Y por qué se da esta situación? ¿Porque no se destinan recursos suficientes o porque se gasta mal?
Las dos cosas. Seguimos con numerosos sistemas de gestión procesal en cada comunidad autónoma, que lo que hace es que no haya ninguno bueno o si lo hay, no se utiliza en otros sitios.
En Cataluña, el acceso al expediente electrónico sigue sin ser viable en la mayor parte de los procedimientos.
Podemos acceder electrónicamente a la Administración, pero, en cambio, no a la Administración de Justicia.
Hace falta que se dote de medios a la Administración de Justicia, pero también que se gaste con criterios de eficacia.
Se están proponiendo leyes a coste cero, ¿pero qué se hace a coste cero hoy en día?
Antes todas las leyes tenían una memoria económica en la que se establecía el coste de implantarlas. Ya podemos hacer leyes de agilización procesal que como no haya una dotación presupuestaria para la aplicación de la misma, de poco servirá.
Llevamos años intentando modernizar la Administración de Justicia y seguimos sin conseguirlo. En estos momentos, en muchos juzgados sigue el expediente de papel.
¿Y qué reclamaciones hace respecto a la abogacía? Además de la falta de medios, también son una constante los casos de maltrato a los abogados por parte de otros operadores jurídicos y de los propios justiciables, sobre todo en el turno de oficio. O la falta de conciliación.
Me parece una aberración que en pleno siglo XXI se den situaciones como la que publicasteis del abogado enfermo de cáncer que pidió la suspensión de un juicio por encontrarse muy mal por la quimioterapia y la LAJ se la denegó.
Debemos mucho a la presidencia de Carlos Carnicer en el CGAE. Una de las obsesiones suyas era que se aprobara una Ley Orgánica del derecho a la defensa, que se regulase todo el ejercicio del derecho a la defensa.
«Me da la sensación de que la Abogacía institucional actualmente está un poco perdida»
Hace muchos años que Carlos Carnicer no es presidente del Consejo y seguimos sin tener esa ley, que es fundamental para que se regulen esas necesidades del ejercicio del derecho de la defensa que aún están dispersas en diferentes normas.
Me da la sensación de que la Abogacía institucional actualmente está un poco perdida.
¿Qué le llevó a meterse en política? Recuerde qué le llevó a dar este paso.
Considero la política como un servicio a los ciudadanos. Me metí en política en las elecciones municipales de 2019. Un partido me pidió que fuera su cabeza de lista. Y mi reflexión, a raíz de la situación política de Cataluña entonces, fue que había que dar un paso.
Un paso más porque usted ya la estaba combatiendo a través de la asociación de juristas ‘Llibertats’…
Sí. Entendí que era un momento de dar un paso que requería defender el Estado de Derecho también desde las instituciones de Cataluña. Principalmente fue para defender la Constitución y el Estado de Derecho en las instituciones municipales.
Concibo la política como algo provisional, mi principal dedicación es el despacho.
La semana pasada se conocieron dos nuevas sentencias del TSJCat y del Tribunal Supremo condenando a universidades catalanas por vulneración de los derechos fundamentales a la libertad ideológica, a la libertad de expresión y a la educación. El primer acuerdo que hubo utilizando las instituciones colegiales a favor del ‘procés’ fue precisamente en el Consejo de la Abogacía catalana cuando usted era miembro del mismo. El Consejo se adhirió al pacto por el derecho a decidir, usted votó en contra…
Exacto. Aquel acuerdo fue recurrido y se dictó la primera sentencia en la que, tanto el TSJCat como el Supremo, dijeron que las instituciones no eran el lugar adecuado para pronunciamientos partidistas y lo anularon.
A partir de aquella resolución, el TSJ y el Supremo han mantenido ese criterio en otras instituciones, como la Universidad. Confirman aquella doctrina que sentaron entonces.
Sí, sobre todo basada en que las instituciones participan de todas las ideologías.
En la Abogacía, donde es obligatoria la colegiación, hay abogados de todas las ideologías, y el Supremo entendió en aquella resolución que el ejercicio del derecho a ejercitar la política está en otras instituciones. En el Parlamento, por ejemplo, pero no en el Consejo de la Abogacía catalana, cuya finalidad no es el debate político.
El tomar por parte del rectorado un posicionamiento político excede de las competencias de una universidad.
Y como ciudadano, ¿qué le preocupa?
Que nos hemos inmunizado a la mentira y a esa forma de gobernar, y a la larga esto nos va a llevar a problemas muy serios.
Me preocupa ese todo vale para mantenerse en el poder. Y es fundamental que tengamos en cuenta que en democracia no todo vale para mantenerse en el poder.
Ese todo vale al final perjudicará a la democracia.
Hace unos días, la ministra portavoz hablaba de recuperar el NO-DO. Cuando la política es simplemente mantenerse en el poder, lo que sufre son los derechos fundamentales, la democracia.
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