Al titular del Juzgado de Instrucción 4 de Estepona, Málaga, Antonio Romero Soriano, no le cabe la menor duda: Javier Biosca se suicidó tirándose desde la terraza del quinto piso del edificio en el que habitaba.
«No se aprecian indicios de delito en el fallecimiento», dice el magistrado en el auto, fechado el 22 de noviembre pasado, con el que cierra la investigación.
El magistrado del Juzgado Central de Instrucción 1 de la Audiencia Nacional, Alejandro Abascal, lo estaba investigando por una estafa piramidal con criptomonedas valorada en 800 millones de euros, según Emilia Zaballos, abogada de la Asociación de Afectados por Inversiones en Criptomonedas, que agrupa a más de 700 afectados.
Biosca había recuperado la libertad tres semanas atrás previa aportación de una fianza de un millón de euros.
La Asociación que representa Zaballos ha recurrido el archivo de la investigación ante la Audiencia Provincial de Málaga. La abogada encuentra «extañas y sospechosas» la circunstancias de la muerte de Biosca.
De acuerdo con la abogada, también ha solicitado al Central de Instrucción 1 una serie de medidas cautelares, como «la retención de la fianza del millón de euros y otras tendentes a asegurar pruebas de las circunstancias del fallecimiento de Javier Biosca, toda vez que eran conocidas por este órgano judicial las amenazas que había sufrido Javier Biosca».
El magistrado Abascal ha tomado la decisión de devolver la fianza al fiador.
A juicio de la Zaballos, la muerte de Biosca no supone el cierre del caso porque «los 800 millones de euro están ahí fuera. Alguien tiene las ‘wallet’ y también las claves para acceder al dinero estafado, en criptomonedas. Además, hay otros investigados».
