Las dos principales asociaciones de jueces, la Asociación Profesional de la Magistratura (APM) y la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV) se pronunciaron ayer abiertamente contra la nueva reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) que ha puesto en marcha el Gobierno a través de los grupos parlamentarios del PSOE y de Unidas Podemos para forzar a que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) nombre a los dos magistrados del Constitucional que le corresponden.
«Estas propuestas inciden directamente en el procedimiento en curso para la renovación del Tribunal Constitucional, contribuyendo a una indeseable degradación de las instituciones y a la extendida sensación de fracaso en la defensa de los derechos de los ciudadanos«, dice la APM en un comunicado.
«Que varios órganos estén incumpliendo las obligaciones que la Constitución y la ley les imponen – como sucede con el Congreso de los Diputados y el Senado, que llevan cuatro años sin renovar el CGPJ; o con el propio CGPJ, que no ha designado a los dos magistrados del TC que le corresponden – no legitima al Gobierno de la Nación, ni a las mayorías parlamentarias que lo sustentan, para alterar los equilibrios entre instituciones que permiten que todas ellas ejerzan su función debidamente y, al hacerlo, controlen a las demás», afirma la AJFV, por su parte.
Ambas asociaciones de jueces rechazan que se rebajen las mayorías requeridas en el Pleno del CGPJ de tres quintos a mayoría simple, sin necesidad de un quorum mínimo previo, para elegir a los dos magistrados del TC que le corresponde elegir al Consejo.
También se habilitaría al Gobierno para nombrar a sus dos magistrados al TC y que tomen posesión de sus cargos sin esperar a que el CGPJ haga lo propio y se suprimiría el llamado pleno de idoneidad, por el que los miembros de máximo tribunal de garantías consideran que los candidatos cumplen las condiciones para formar parte de la institución.
«La Asociación Profesional de la Magistratura apela, una vez más, con la prudencia que exigen las extraordinarias circunstancias que vivimos, pero con la rotundidad que reclama su firme compromiso con las libertades y con el principio democrático, a la responsabilidad institucional de garantizar, sin reserva alguna, los valores del Estado de Derecho en los términos fijados por la Unión Europea y por el Consejo de Europa, valores que se infringen, manifiestamente, con propuestas como las anunciadas», afirma la APM.
«La Asociación Profesional de la Magistratura apela, una vez más, con la prudencia que exigen las extraordinarias circunstancias que vivimos, pero con la rotundidad que reclama su firme compromiso con las libertades y con el principio democrático, a la responsabilidad institucional de garantizar, sin reserva alguna, los valores del Estado de Derecho en los términos fijados por la Unión Europea y por el Consejo de Europa, valores que se infringen, manifiestamente, con propuestas como las anunciadas», concluye, por su parte, la AJFV.
