Las dos asociaciones de jueces que restaban por pronunciarse sobre las reformas en curso de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) para modificar el número de votos necesarios para elegir a los dos magistrados del Tribunal Constitucional que le corresponden elegir al Pleno del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) se han pronunciado en dirección contraria.
Foro Judicial Independiente (FJI), cuya línea ha sido siempre reivindicar la despolitización de la justicia haciendo que los 12 vocales jueces del CGPJ sean elegidos por los 5.500 miembros de la carrera judicial, considera que la decisión tomada por los grupos Socialista y de Podemos en el Congreso de los Diputados, supone una «escalada crediente de politización de las instituciones», según un comunicado.
Y recuerda que es la «tercera vez que se acomete la reforma de la LOPJ. Una para quitar al CGPJ en funciones la facultad de realizar nombramientos discrecionales, la segunda para devolverle la de nombrar a los magistrados del TC y ahora la tercera para rebajar las mayorías y eliminar el control de idoneidad».
«Nuestra Constitución y la Ley diseñaron un sistema de consenso mediante mayorías reforzadas que se están viendo suprimidas en aras de un control absoluto del partido que en cada momento obtenga la mayoría parlamentaria», advierte.
Por eso, «la enmienda para eliminar el consenso en la mayoría, y la verificación que hace el TC de los candidatos, a la par que el nombramiento de candidatos que han desempeñado funciones para quien los nombra, es muy grave, por incidir en el control partidista de los órganos constitucionales, que sólo desde posiciones muy sectarias puede entenderse como un avance», subraya FJI. «Las reglas de la democracia y del EStado de derecho nos unen a todos y no deben ser alteradas por ningún partido político».
Juezas y Jueces para la Democracia (JJpD), a través de Edmundo Rodríguez Achútegui, integrante del Secretariado, ha reclamado a los vocales del CGPJ que rechazan designar dos magistrados al Tribunal Constitucional, que “cumplan la ley y procedan inmediatamente a nombrar a dos juristas capaces para formar parte del mismo, evitando de ese modo que haya que cambiar las normas para volver a exigírselo”.
El representante de esta asociación judicial considera que “defender la Constitución supone garantizar que su máximo garante, el Tribunal Constitucional, pueda trabajar de forma plena, con todos sus componentes”.
Rechazó “el boicot a que se somete la designación de dos magistraturas, que supone un claro desacato a la ley que obligaba a su nombramiento hace más de tres meses”, y reclamó que esos vocales “eviten el nuevo bochorno de que haya que reformar otra vez una norma para que la cumplan”.
Según JJpD la reforma que se propone “es consecuencia directa de la actitud obstructiva de los vocales del CGPJ”, que excusan, vetan y dilatan un proceso muy sencillo, que “no entorpecen deliberadamente en claro seguidismo a las directrices del Partido Popular”, al que reprocha “haber secuestrado instituciones constitucionales fundamentales por interés partidista”.
En cuanto a la posibilidad de reclamar responsabilidades a los vocales del CGPJ, el representante del secretariado de JJpD indicó que “todos deben cumplir la ley, incluso los vocales del CGPJ, que no gozan de inmunidad como los parlamentarios y deben responder del incumplimiento de sus deberes”.
