La Unión Progresista de Fiscales (UPF) ha mostrado hoy su «firme oposición» a la técnica legislativa utilizada en las últimas y diversas modificaciones del Código Penal, que «priva de los preceptivos informes del Consejo de Estado, Consejo General del Poder Judicial y del Consejo Fiscal» e impide el «debate público, prudente y sosegado que debe preceder a tan importantes cambios normativos».
Así lo ha señalado en un comunicado respecto al hecho de que el Gobierno esté poniendo en marcha iniciativas a través de enmiendas parlamentarias a Proposiciones de Ley y las registran los grupos parlamentarios de PSOE, Unidas Podemos y ERC, en vez de llevar a cabo estas reformas el propio Ejecutivo a través de Proyectos de Ley, que obligan a solicitar los informes preceptivos de los órganos consultivos.
Esta asociación, presidida por la fiscal Inés Herreros Hernández, subraya que los informes de los superiores órganos consultores del Estado «no son un simple tramite», sino «un elemento fundamental para dotarles de una mayor técnica legislativa y advertir de las posibles consecuencias en su aplicación».
«El Código Penal es una norma fundamental del Estado de Derecho y sus modificaciones no pueden realizarse de manera apresurada, deben realizarse siempre atendiendo el interés general de toda la ciudadanía y con los más elevados estándares de técnica legislativa», concluye esta asociación.
Así, una vez más, esta asociación de carácter progresista reprocha las actuaciones que no ve correctas del Gobierno, también progresista.
TAMBIÉN HA PEDIDO EL CESE DE MARLASKA
Recientemente ha pedido la dimisión del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ante la gravedad de lo acontecido el pasado 24 de junio en la frontera sur de España, en concreto en el puesto fronterizo del Barrio Chino, entre Nador (Marruecos) y Melilla.
Unos hechos que se suman, añade la UPF, al «escándalo por las devoluciones de menores en Ceuta» que la asociación denunció en agosto de 2021.
«Una vez más constatamos que, ante las acciones de violación de los derechos humanos de la población migrante en frontera, desde el Ministerio del Interior de España se repiten las mismas formas de respuesta que se dieron en la tragedia de la playa del Tarajal, en Ceuta», señaló esta asociación en un comunicado difundido el pasado 30 de noviembre, en el que pidió que el ministro del Interior fuese cesado en el ejercicio de sus funciones.
También reclamó que este cese supusiera «un punto de inflexión para que el Gobierno implemente ya nuevas nuevas dinámicas de actuación en la frontera sur que sean respetuosas y compatibles con las obligaciones del Estado español, con el ejercicio de la soberanía española en todo nuestro territorio de frontera y que, además, suponga la implantación de vías que posibiliten la petición de protección internacional».
