La Unión Progresista de Fiscales pide el cese de Marlaska
Además, reclama que este cese "suponga un punto de inflexión para que el Gobierno implemente ya nuevas nuevas dinámicas de actuación en la frontera sur que sean respetuosas y compatibles con las obligaciones del Estado español". Foto: EP

La Unión Progresista de Fiscales pide el cese de Marlaska

"Ante la gravedad de lo acontecido" en la frontera sur de España, en Melilla, el pasado 24 de julio
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01/12/2022 13:50
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Actualizado: 01/12/2022 13:57
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La Unión Progresista de Fiscales (UPF) reclama el cese del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ante la gravedad de lo acontecido el pasado 24 de junio en la frontera sur de España, en concreto en el puesto fronterizo del Barrio Chino, entre Nador (Marruecos) y Melilla.

Se pronuncia así por la tragedia ocurrida aquel día, que se saldó con la muerte de al menos 23 migrantes, unos 70 según las ONG, y más de 60 personas desaparecidas, después de que se haya conocido una investigación de varios medios de comunicación bajo el consorcio de Lighthouse Reports que señala que al menos un migrante falleció en suelo español aquel día, lo que cuestiona la versión oficial del ministro del Interior.

Unos hechos que se suman, añade la UPF, al «escándalo por las devoluciones de menores en Ceuta» que la asociación denunció en agosto de 2021.

«Una vez más constatamos que, ante las acciones de violación de los derechos humanos de la población migrante en frontera, desde el Ministerio del Interior de España se repiten las mismas formas de respuesta que se dieron en la tragedia de la playa del Tarajal, en Ceuta», ha señalado en un comunicado, difundido ayer, esta asociación presidida por la fiscal Inés Herreros, en el que pide que el ministro del Interior Fernando Grande-Marlaska sea cesado en el ejercicio de sus funciones.

Inés Herreros (UPF) advierte del daño que fuentes interesadas están ocasionando a la Fiscalía
Inés Herreros, presidenta de la UPF.

Además, reclama que este cese «suponga un punto de inflexión para que el Gobierno implemente ya nuevas nuevas dinámicas de actuación en la frontera sur que sean respetuosas y compatibles con las obligaciones del Estado español, con el ejercicio de la soberanía española en todo nuestro territorio de frontera y que, además, suponga la implantación de vías que posibiliten la petición de protección internacional».

La Unión Progresista de Fiscales destaca en el comunicado que Marlaska, «emulando a su antecesor, Jorge Fernández Díaz, se ha replegado en la negación de la evidencia, en discusiones imposibles acerca de la extensión del territorio español y su frontera o sobre el alcance del desempeño de la soberanía española sobre las mismas, hasta el punto de desplazar toda la responsabilidad del Estado español en las autoridades marroquíes».

«Ante la evidencia de cómo se realizaron las popularmente denominadas ‘devoluciones en caliente’ de las personas migrantes, recordamos que los rechazos en frontera se regulan en la disposición final primera de la vigente Ley de Seguridad Ciudadana, que establece que en el régimen de especial de Ceuta y Melilla «En todo caso, el rechazo se realizará respetando la normativa internacional de derechos humanos y de protección internacional de la que España es parte», prosigue su comunicado.

Asimismo, señala que en la actualidad, el Ministerio del Interior «sigue imposibilitando las solicitudes de protección internacional en las zonas de Ceuta y Melilla».

Por ello, la Unión Progresista de Fiscales considera que los hechos producidos en la frontera sur de España, en Melilla, «no son compatibles con los estándares de respeto a los derechos fundamentales que obligan a nuestro país».

LA OPOSICIÓN TAMBIÉN PIDE LA DIMISIÓN DEL MINISTRO

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, considera que el ministro del Interior debería haber dimitido «hace semanas» por este caso y ha denunciado la «complicidad» del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por no cesarle cuando se ha «acreditado» que «mintió» a los españoles en relación con la tragedia del pasado 24 de junio.

El vicesecretario de Institucional del PP, Esteban González Pons, también ha reclamado al ministro que dimita tras la «flagrante mentira» que ha confirmado una investigación sobre la tragedia de Melilla. Y afirma que si no lo hace, el jefe del Ejecutivo debe cesarlo para no ser «corresponsable».

«Debería tener la vergüenza suficiente como para presentar su dimisión y no ir al Congreso a defender su mentira», declaró el pasado martes, en una rueda de prensa en la sede del PP convocada con carácter de urgencia tras publicarse la citada investigación de varios medios de comunicación. En ella, aseguró que esos medios internacionales acaban de demostrar que Marlaska y Sánchez «mintieron» al Parlamento y a los españoles porque el 24 de junio se produjeron muertes en territorio español.

«Es muy grave que se oculten heridos y muertes en territorio nacional, que se niegue auxilio y atención a los que están muriendo en nuestro país y que se permita que gendarmes marroquíes entren en España a llevarse a los heridos y a los muertos», expuso.

Los partidos socios del Gobierno en el Congreso también han acusado al ministro de mentir y ocultar información en su relato de los hechos ocurridos en la frontera de Melilla aquel día y han hecho un llamamiento a la Cámara Baja a activar una Comisión de investigación para aclarar definitivamente lo sucedido.

El portavoz de Unidas Podemos en el Congreso, Pablo Echenique, afirma que el ministro del Interior «falta a la verdad» al defender que no hubo víctimas mortales en territorio español en la frontera de Melilla.

«Todos hemos visto los vídeos. Está faltando a la verdad o, por lo menos, deberían hacer un peritaje de esos vídeos. Si el ministro nos está diciendo que lo que estamos viendo en esos vídeos no existe o está mal grabado o el ángulo desde el cual fue filmado produce ilusiones ópticas, pues que conduzca un peritaje de los vídeos en el que podamos llegar a las conclusiones que tengamos que llegar», indicó ayer en declaraciones a Radio Euskadi. También apuntó que su formación propuso ayer en el Congreso vías para intentar que esto no vuelva a pasar.

El portavoz de Interior de Unidas Podemos, Enrique Santiago, también ha señalado que ni la legislación española ni la de la UE cuentan con «mecanismos eficaces para que una persona en persecución o en negación de sus derechos pueda alcanzar de forma segura la frontera para solicitar asilo o protección internacional».

Por su parte, la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, ha afirmado que la ciudadanía tiene derecho a saber lo que pasó en la tragedia de Melilla, y hacho hincapié en que «el respeto a los derechos humanos no es cuestionable». Así lo ha expresado preguntada por la comparecencia del ministro del Interior de ayer en la Cámara Baja, donde reiteró que no hubo muertos en el lado español durante el intento de salto a la valla fronteriza de Melilla.

Díaz también es partidaria de una investigación parlamentaria sobre la tragedia, pues la sociedad «tiene derecho a saber lo que pasó para corregir» lo que pudiera pasar en el futuro.

La postura de VOX ha sido la de defender la actuación de la Guardia Civil ante «un asalto violento perfectamente coordinado, masivo y desproporcionado frente al número de agentes» españoles en la frontera.

LAS INFORMACIONES PUBLICADAS

En la línea con un documental de la BBC, el pasado martes, Lighthouse Reports y varios medios de comunicación -entre ellos ‘El País’- publicaron una reconstrucción visual basada en testimonios directos que supuestamente demuestra que las personas aplastadas en la frontera no tuvieron asistencia sanitaria y al menos un migrante falleció del lado español de la frontera.

Según la nueva investigación, uno de los 35 testigos entrevistados asegura que una persona murió del lado español, mientras que en las imágenes se ve a los propios agentes marroquíes tomando el pulso y confirmando la muerte.

Esta persona identifica a un amigo como el fallecido que se ve en el vídeo, en el que se muestra a los agentes marroquíes arrastrándolo de su lado de la frontera desde la zona que se ha identificado en la investigación como española.

Un total de 134 subsaharianos de los 2.000 que trataron de cruzar a España el 24-J consiguieron acceder al centro temporal de internamiento de extranjeros y, según el Defensor del Pueblo, otros 470 fueron rechazados en frontera desde el lado español ese día.

La investigación recoge testimonios que apuntan a que hubo muchos migrantes que se desvanecieron tras pasar la última valla que separa ambos países. «Los agentes españoles les ataron las manos y les entregaron a los marroquíes, que les golpearon después, a pesar de la situación de peligro a la que se enfrentaron al ser retornados a Marruecos», según esos testimonios.

En ese sentido, la investigación señala que ha entrevistado a funcionarios españoles, quienes confirman la ubicación «precisa» del lado español de la frontera. Incluyen un vídeo del helicóptero de la Guardia Civil que, junto a un dron, fueron los medios que dieron apoyo el 24-J y que ahora analizan la Fiscalía y Defensor del Pueblo en sendas investigaciones.

MARLASKA NIEGA MUERTES EN ESPAÑA Y DESATENCIÓN DE HERIDOS

El ministro del Interior abordó ayer este asunto en el Pleno del Congreso. Reiteró que no hubo muertos en el lado español de la frontera y negó desatención sanitaria a los heridos.

En su intervención, arremetió principalmente contra el PP y también de forma indirecta contra el resto de grupos, entre ellos los socios del Gobierno, por vincular lo ocurrido el 24-J no con un «ataque violento intolerable» a la frontera, sino con la imposibilidad de solicitar asilo por parte de los subsaharianos.

En su opinión, vincular lo ocurrido el 24-J con las carencias en el sistema de asilo desde embajadas y puestos fronterizos, como ayer reiteró el diputado de Unidas Podemos Enrique Santiago, lo que hace es «poner en riesgo» a los migrantes y a los policías que protegen dichas fronteras.

«España es un país de acogida para cualquier solicitante de asilo que llame a sus puertas, pero no puede permitir que nadie intente derribarlas a patadas», declaró.

Tras aumentar las críticas de los grupos políticos contra su gestión del pasado 24-J, Grande-Marlaska insistió en que las muertes se registraron en Nador (Marruecos) y defendió la «proporcionalidad» de la Guardia Civil, desligando su operativo de los al menos 23 fallecidos

También defendió que se activó el sistema de alerta temprana de la Guardia Civil previo aviso a las cinco de la mañana de Marruecos y que el Ministerio, desde el 24-J, ha actuado con «transparencia» al propiciar un viaje de los portavoces de Interior a Melilla o visionando los vídeos en el Congreso.

Grande-Marlaska defendió que los rechazos en frontera desde España con ayuda de gendarmes marroquíes -470 según el Defensor del Pueblo- se llevaron a cabo respetando la ley y tras «constatar que no había personas vulnerables». Además, aludió a que 134 personas del grupo de 1.700 pasaron al centro temporal, solicitando protección internacional.

Frente a las críticas por los cuerpos inertes junto al perímetro fronterizo, el ministro indicó que los migrantes rompieron las puertas fronterizas usando una radial, y que usaron palos y lanzaron piedras para «hostigar» a los agentes, lo que se saldó con 55 guardias civiles heridos.

Y subrayó que sí hubo asistencia sanitaria desde el lado español, ya que 11 subsaharianos fueron atendidos en el hospital comarcal de Melilla, presentando lesiones como traumatismo ocular, fractura maxilofacial o contusiones en pies, rodillas o piernas.

«No hay otros hechos», concluyó.

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