Tanto la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, como el presidente del Senado, Ander Gil, han declarado esta noche, tras conocer la resolución, que acatarán el acuerdo tomado por el Tribunal Constitucional de paralizar el procedimiento legislativo iniciado por los grupos parlamentarios del PSOE y de Unidad Podemos para reformar la Ley Orgánica del Poder Judicial y de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional por un procedimiento que los magistrados han considerado inadecuados.
Tanto Battet como Gil subgrayan que la resolución adoptada por el máximo tribunal de garantías carece de precedentes en la historia de «nuestra jurisdicción consitucional».
«Con la decisión conocida hoy se posibilita que la interrupción del ejercicio de la potestad legislativa esté al alcance de un solo diputado al interponer un recurso
de amparo. Este cambio del modo de proceder seguido hasta la fecha produce una honda preocupación, desde el punto de vista del correcto funcionamiento
del poder legislativo y del ejercicio de sus facultades constitucionales», ha advertido Batet.
Gil, por su parte, ha señalado «la gravedad de la situación a la que hoy nos enfrentamos. Se está dando un paso de difícil retorno en la degradación de nuestro sistema democrático».
«Sustraer al poder legislativo la tramitación y la votación parlamentaria de cualquier iniciativa en las Cortes Generales supone un grave quebranto de nuestro sistema democrático, y nos conduce a todos a una crisis institucional del Estado sin precedentes en nuestra democracia», ha subrayado el presidente del Senado.
«Nuestra democracia es fuerte. Dispone de mecanismos para superar las peores crisis. Estoy convencido de que esta vez también lograremos preservar
la inviolabilidad y la prevalencia constitucional de las Cortes Generales. Estoy seguro de que la ciudadanía española sabe muy bien que el Parlamento es la
institución central a través de la cual se expresa la voluntad del pueblo y se promulgan las leyes», ha concluido.
