La expresidenta del Congreso de los Diputados, Meritxell Batet, reivindicó ayer el papel central del poder judicial en la construcción del relato de la justicia, defiendió la independencia e imparcialidad como garantías democráticas fundamentales, y advirtió de los peligros que supone la judicialización de la política y la presión de las redes sociales.
En un contexto de creciente polarización y desconfianza institucional, la expresidenta del Congreso de los Diputados, Meritxell Batet, participó en la mesa redonda «La construcción del relato de la justicia», dentro del IV Encuentro Jurídico Consejo General de los Gestores Administrativos-ICOGAM, con una intervención marcada por el rigor conceptual y una visión institucionalista del Poder Judicial.
Una mesa, moderada por la periodista Patricia Esteban, en la que también tomó parte periodista Antonio Hernández-Rodicio.
Frente a quienes señalan la existencia de una justicia politizada o capturada por intereses ideológicos, Batet defendió la independencia estructural de los jueces y afirmó, de forma inequívoca, que “el relato de la justicia lo construyen los jueces”.
A diferencia del Poder Legislativo y del Ejecutivo —explicó—, los jueces no se deben a los electores, ni están condicionados por la opinión pública ni por encuestas.
Esa desvinculación de las dinámicas electorales no les debilita, sino que los fortalece como garantes de los derechos fundamentales y del Estado de Derecho. La legitimidad del poder judicial, subrayó Batet, no es representativa, sino jurídica: se basa en la correcta aplicación del derecho, no en el respaldo popular.
Independencia judicial y exigencia de imparcialidad
En su exposición, Batet comenzó recordando que la independencia judicial está plenamente garantizada en el ordenamiento jurídico español. Una garantía que se traduce en aspectos concretos como la inamovilidad, la carrera profesional regulada, un salario blindado y un sistema disciplinario controlado por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).
Pero esa independencia —dijo— no es un privilegio personal del juez, sino una herramienta al servicio de la ciudadanía, para asegurar que cada decisión judicial se tome sin presiones ni injerencias externas.
No obstante, la independencia no basta. La expresidenta del Congreso insistió en que la imparcialidad judicial es una autoexigencia, una disciplina interna que cada juez debe asumir con rigor. Batet no ocultó que los jueces, como cualquier ciudadano, tienen ideología, opinión política y sensibilidad social.
Pero, añadió, “esas opiniones deben quedar absolutamente al margen cuando dictan una resolución”. Su papel no es interpretar el mundo desde una posición política, sino aplicar el derecho conforme a las normas aprobadas por el legislador democrático. Solo si considera que existe una inconstitucionalidad, el juez puede apartarse de la ley y plantear una cuestión ante el Tribunal Constitucional.
Los jueces y la tentación de jugar a la política
Uno de los aspectos más destacados de la intervención de Batet fue su advertencia sobre el riesgo de que el Poder Judicial participe, consciente o inconscientemente, en un relato político. Afirmó que existen momentos en los que los jueces pueden verse utilizados como herramientas en una estrategia de confrontación política, pero también casos en los que el propio poder judicial “juega a la política con sus propias reglas”.
Aunque aclaró que no se trata de una práctica extendida ni sistémica, consideró que este fenómeno pone en peligro tanto la imagen del sistema judicial como la salud democrática del conjunto institucional.
Batet fue especialmente crítica con la creciente judicialización de la política, una deriva que identificó como uno de los principales problemas actuales en las democracias occidentales.
A su juicio, se ha instalado una lógica según la cual la política del adversario no es solo errónea, sino ilegítima, ilegal o incluso delictiva. Esto genera un recurso constante a los tribunales para resolver lo que deberían ser conflictos estrictamente políticos. “Los jueces se ven obligados a resolver con herramientas jurídicas problemas que son esencialmente políticos”, denunció.
Este fenómeno, explicó, tensiona las costuras del sistema judicial y lo coloca en una posición incómoda, en la que debe emitir resoluciones que tienen impacto político, aunque no deberían tenerlo. A la larga, esto puede terminar erosionando la percepción de imparcialidad y neutralidad de los jueces, y afectar la confianza ciudadana tanto en la política como en la justicia.
Medios, redes sociales y la construcción de la percepción pública
Otro de los puntos clave de su intervención fue la reflexión sobre el papel de los medios de comunicación y las redes sociales en la construcción del relato judicial.
Batet reconoció que, aunque los jueces son los encargados de elaborar las resoluciones, la forma en que estas se comunican y se interpretan en el espacio público también influye en la percepción social de la justicia.
Los medios de comunicación —afirmó— ejercen una función relevante al trasladar a la ciudadanía el contenido de las decisiones judiciales, pero a menudo lo hacen desde una lógica editorial, incorporando opiniones o marcos interpretativos que distorsionan el contenido jurídico.
En cuanto a las redes sociales, fue aún más contundente: su efecto ha sido “brutal” sobre la política y el periodismo. Han multiplicado la desinformación, han acelerado los tiempos del debate público y han diluido la frontera entre hechos y opiniones.
Frente a esa presión, Batet señaló que el poder judicial tiene las garantías suficientes para mantenerse al margen. A diferencia de los medios, que dependen de audiencias, o de los políticos, que dependen de votos, los jueces no están sometidos a esas dinámicas. “Lo único que necesitan es hacer valer esa protección”, dijo.
La crítica ciudadana a la justicia: lentitud y desigualdad, no ilegitimidad
Respecto a la relación entre la ciudadanía y la justicia, Batet rechazó la idea de que exista un sentimiento generalizado de ilegitimidad o politización judicial. Según su análisis, la principal crítica de los ciudadanos al sistema judicial tiene que ver con su funcionamiento como servicio público: lentitud, costes elevados, desigualdad de acceso, incertidumbre. “No creo que la gente perciba que los jueces actúan por motivos políticos; lo que les preocupa es que el sistema no funciona con eficacia”, concluyó.
En este sentido, insistió en que la legitimidad judicial no proviene de una supuesta “legitimación social”, sino de la aplicación estricta del derecho. Para Batet, someter la justicia a una doble legitimación —legal y social— es “peligroso, absurdo y arbitrario”. “¿Quién decide qué es la legitimidad social? ¿Con qué criterios?”, se preguntó.
Legitimidad y confianza: una relación de causa y efecto
Para cerrar su intervención, Batet subrayó que la confianza ciudadana en la justicia es una consecuencia, no un punto de partida. Si los jueces actúan con legitimidad —es decir, aplicando la ley de manera imparcial, razonada y sin interferencias—, la confianza llegará. Pero si se invierte ese razonamiento y se exige confianza como prerrequisito, se pone en peligro todo el sistema.
En un momento en el que la justicia se encuentra en el centro del debate público, la intervención de Meritxell Batet sirvió como recordatorio de que su verdadero poder reside no en el relato mediático, ni en la simpatía social, sino en su capacidad para aplicar el derecho con rigor, imparcialidad y respeto a las reglas del Estado de Derecho.
Tenemos un problema con los hechos
Por otra parte, Antonio Hernández-Rodicio, durante una de sus intervenciones afirmó que “En España ya no tenemos un problema con la opinión; tenemos un problema con los hechos”.
El periodista puso el foco en un problema de fondo: el deterioro del marco común de hechos compartidos. “No me preocupa que haya un relato”, dijo. “Incluso me parecería necesario si se hiciera con mesura, con sentido, si fuera constructivo. El problema es otro: hemos pasado de tener un problema con las opiniones a tenerlo con los hechos”.
Para ilustrarlo, recurrió a una metáfora futbolística: “Un Real Madrid–Barcelona puede acabar 2-1. Luego opinaremos si el árbitro estuvo bien, si el campo estaba seco, si mereció ganar otro. Pero el resultado es 2-1. El problema hoy es que cuestionamos también el resultado. Ese es el gran deterioro: que ya no aceptamos los hechos”.
A juicio de Hernández-Rodicio, esa tendencia erosiona profundamente la legitimidad de las instituciones, incluida la judicial. “La justicia puede ser criticada —faltaría más—, pero lo que se está viendo es una manipulación de los hechos judiciales, en la que se presenta como dudoso lo que es objetivamente cierto, y eso rompe los equilibrios democráticos”.
En este contexto, el periodista hizo referencia al papel que juegan los distintos actores en la conformación del relato: los jueces deben mantener su independencia, los políticos deberían actuar con más responsabilidad y los medios tienen una enorme influencia en modelar la percepción pública.
Aunque partió de la premisa de que la justicia no necesita un relato en términos clásicos, Hernández-Rodicio sí considera que la comunicación judicial es más necesaria que nunca, no como propaganda, sino como explicación y pedagogía. “Si no lo hace ella, lo harán otros por ella —y seguramente peor—”, apuntó.
