Además, manifiesta que el actual proceso de renovación, "acometido en septiembre de 2018 y paralizado a fecha de hoy, está aquejado de radical nulidad, por lo que debe reanudarse desde el principio". Foto: Carlos Berbell/Confilegal
La PCIJ advierte a la presidenta del Congreso del ‘riesgo de nulidad’ del proceso de renovación del CGPJ
Afirma que renovar sin una previa reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial "acarrearía con toda seguridad la nulidad de los nombramientos"
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19/4/2022 11:41
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Actualizado: 17/6/2022 10:55
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La Plataforma Cívica por la Independencia Judicial (PCIJ) ha advertido a la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, de «los riesgos inherentes» a la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) «en las condiciones actuales».
«Por un lado, dicha renovación sin una previa reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial acarrearía con toda seguridad la nulidad de los nombramientos conforme a la doctrina sentada en la sentencia 106/1986 del Tribunal Constitucional y la normativa europea aplicable al Reino de España», expone el magistrado Jesús Manuel Villegas Fernández, secretario general de la plataforma, en su carta a Batet. Adjunta a la misiva un informe de la plataforma del pasado mes del octubre en el que explica este extremo.
Alerta del «riesgo» de que el CGPJ se renueve sin que se reforme previamente la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) para adaptarla a las exigencias europeas» para despolitizar la Justicia. Esta plataforma formada por magistrados, fiscales, catedráticos, abogados, así como otros ciudadanos ajenos al ámbito jurídico reclama que se cumpla con las exigencias de Europa, lo que incluye que se modifique el sistema de elección de los vocales del CGPJ de procedencia judicial -12 de un total de 20- para que sean los jueces directamente quienes les nombren.
Por otro lado, manifiesta que «el actual proceso de renovación del Consejo General del Poder Judicial, acometido en septiembre de 2018 y paralizado a fecha de hoy, está aquejado de radical nulidad, de tal suerte que debe reanudarse desde el principio». En este sentido, argumenta que «los trámites dieron inicio en 2018, por lo que, debido a la paralización actual, ya han expirado los plazos legales que entonces empezaron a correr».
Villegas afirma que así se desprende tanto del artículo 207 del Reglamento del Congreso de los Diputados, como del artículo 47 de la Ley 39/15, entre otras razones jurídicas. Y añade que «no menos importante es la incorporación de varias promociones nuevas de jueces desde que se iniciaron los trámites y a cuyos integrantes se les ha privado de sus legítimas expectativas a presentar sus propias candidaturas».
La PCIJ remite a Batet otro informe publicado en diciembre de 2020 donde desarrolla extensamente «esta otra perspectiva del mismo problema».
«Consecuentemente, si los grupos parlamentarios se obstinan en mantener unos trámites insubsanablemente viciados, se exponen a situar incurrir en una grave situación de ilicitud legal y constitucional, además de desencadenar consecuencias adversas en el ámbito supranacional de impredecible alcance para el Estado español», sostiene la Plataforma Cívica por la Independencia Judicial.
La asociación Foro Judicial Independiente (FJI) también ha instado recientemente a los políticos a que la renovación del CGPJ se realice previa modificación del sistema de nombramientos de los 12 vocales judiciales del órgano de gobierno de los jueces, a fin de que los mismos sean elegidos de manera directa y democrática por los miembros de la Carrera Judicial, volviendo así al sistema mixto en el que los partidos eligen a los otros ocho vocales.
La Plataforma Cívica por la Independencia Judicial también ha denunciado ante la Comisión Europea el riesgo de renovar el CGPJ «en violación de las exigencias de Europa». El pasado mes de agosto advirtió de ello al comisario de Justicia de la Unión Europea, Didier Reynder.
Villegas destaca que el Reino de España y la República de Polonia son «los dos únicos Estados de la Unión donde la composición del Consejo de la magistratura depende completamente del poder político». «Así, los partidos políticos, tras negociaciones reservadas conocidas como ‘intercambio de cromos‘, pactan los nombres de los futuros vocales antes incluso de que sean sometidos a debate parlamentario, el cual queda reducido a una mera tarea ritual de sumisa ratificación de las componendas previamente urdidas por camarillas políticas», relató al Comisario.
Villegas subraya que «esta cronificación de vicios ha conducido a la pérdida de la confianza en el funcionamiento democrático del sistema, hasta el punto de aparecer como una mera ‘farsa electoral'». «Los aspirantes son seleccionados en función de su adscripción ideológica y afinidad a variopintos grupos de intereses, lo que favorece la formación de una oligarquía de jueces deseosos de aproximarse a la política para fomentar su promoción personal (cursus honorum)», denuncia.
Esta plataforma, presidida por el notario Rodrigo Tena, fue constituida en mayo de 2011 por un grupo de juristas «preocupados por la espiral de politización y pérdida de independencia de la Justicia española». Según consta en su web, «no tiene otra finalidad que la de luchar por mejorar el estado de la Administración de Justicia y garantizar su plena independencia eliminando cualquier atisbo de politización dentro del Poder Judicial».
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