Desde su nacimiento, hace diez años, y más específicamente durante los siete años y medio últimos, la Plataforma Cívica por la Independencia Judicial (PCIJ), una asociación transversal compuesta de jueces, fiscales, letrados judiciales, abogados, catedráticos y profesores de derecho y periodistas, se ha distinguido por denunciar lo que considera «arbitrariedades» desde el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).
Todos y cada uno de los nombramientos realizados por el órgano de gobierno de los jueces han sido respondidos desde la PCIJ con sesudos informes sobre el candidato elegido para ser magistrado del Tribunal Supremo y su comparación, en méritos y capacidades, con el resto de los aspirantes.
La mayor parte de las veces el resultado no ha sido nada positivo. Todo lo contrario.
Sin embargo, debido, en gran parte, a la contundencia de esos informes, el Parlamento modificó en diciembre de 2018 el artículo 362.2 de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) por la que establecía que todos los nombramientos se llevaran a cabo sobre unas bases elaboradas por el CGPJ y aprobadas por el Pleno en el que se establecieran de forma clara los méritos a tener en consideración.
Esa reforma, no obstante, no ha dado los frutos buscados.
En opinión de su secretario general, el magistrado Jesús Villegas, con ella se ha producido un efecto lampedusiano: Todo ha cambiado para seguir como estaba antes.
«El sistema no ha mejorado. Sigue siendo arbitrario», afirma.
Esa modificación de la LOPJ de diciembre de 2018 también devolvió al órgano de autogobierno de los jueces el carácter colegiado que, desde su nacimiento, en 1980, tuvo, en detrimento de la organización presidencialista que tan mal ha funcionado desde 2014 hasta ahora.
Este CGPJ, presidido por Carlos Lesmes –en funciones desde hace dos años y 8 meses–, trató de llevarse por delante, disciplinariamente hablando, al magistrado Manuel Ruiz de Lara, portavoz de la Plataforma, en junio de 2017, por colaborar en la organización en el extranjero de una competición de debates jurídicos, en los que él mismo ponía dinero de su propio bolsillo.
Previamente lo había estado investigando durante un año y medio.
El CGPJ, al final, no tuvo más remedio que archivar el expediente disciplinario abierto. Ruiz de Lara estaba «limpio». No había caso. Pero se intentó.
Hoy esa competición, cuya final se celebró hace unas semanas nada menos que en el Senado, cumple cinco años.
«Estos debates jurídicos de estudiantes los iniciamos hace cinco años mi amigo y colega Jesús Villegas y yo con un objetivo muy concreto: crear el estado de opinión de que los 12 vocales de procedencia judicial en el Consejo General del Poder Judicial [CGPJ] fueran elegidos por los miembros de la carrera judicial mediante voto secreto y directo en vez que sea el poder legislativo, el Congreso y el Senado, como ocurre desde 1985″, explicaba este magistrado cordobés a Confilegal.
Porque esa ha sido la razón de ser, «la madre del cordero» de la existencia de la PCIJ: Despolitizar el CGPJ, devolviendo a los 5.500 miembros de la carrera judicial la capacidad de nombrar a sus doce vocales de la misma manera que hoy se eligen a los miembros de la Comisión de Ética Judicial. Como dice la Constitución, y luchar contra la corrupción.
Una batalla en la que ahora se están ejercitando a fondo, dirigiéndose directamente a la Comisión Europea y denunciando el actual estado de cosas en el que el Gobierno del PSOE quiere seguir renovando el CGPJ por la vía parlamentaria, como hasta ahora, y el PP apuesta abiertamente por modificar la LOPJ para que sean lo jueces los que elijan a sus representantes.
Un objetivo que, por supuesto, comparte la «cumpleañera» PCIJ.
Para Villegas y para Ruiz de Lara, lo mismo que para la presidenta en funciones, la abogada del Estado Elisa de la Nuez, ya no es de recibo que los 12 vocales jueces vuelvan a ser elegidos por el Parlamento (6 por el Congreso y 6 por el Senado), lo mismo que los 8 vocales juristas de reconocido prestigio.
La España de 2021 nada tiene que ver con la de 1985, cuando se tomó esa decisión. Los jueces españoles han demostrado ser profesionales de gran nivel, nada sospechosos de ser involucionistas o de suponer un freno para la democracia, como el Gobierno de aquel entonces, con una mayoría de 202 votos en la Cámara Baja –de 350–, entendía que estaba sucediendo.
Villegas ha celebrado esta efeméride con un tuit muy corto, recordando de dónde vienen. Y hacia donde van.
La @PCIndepJudicial cumple #10años luchando contra la politización de la justicia y la corrupción política.
Gracias a todos los que lucháis dentro de esta asociación y a cualquier persona anónima, que en su parcela, denuncia la situación macabra que hay en España.#Seguimos 😎 pic.twitter.com/2otOPx45Y1
— PCIJ (@PCIndepJudicial) August 12, 2021
