Los ocho vocales del grupo progresista del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) se reunieron una hora antes del Pleno del órgano de los jueces, fijado para las 16.30 horas. Fue una reunión mixta, presencial y telemática.
Tres de sus miembros, Roser Bach Fabregó, Enrique Lucas y Pilar Sepúlveda se conectaron a distancia.
Los restantes lo hicieron presencialmente: Rafael Mozo, el presidente interino, Álvaro Cuesta, Mar Cabrejas, Clara Martínez de Careaga y Concepción Sáez Rodríguez.
En el ambiente habían tres factores que pesaron en sus respectivos ánimos: primero, la llamada de atención del Jefe del Estado, durante su discurso de la pasaba Nochebuena, advirtiendo sobre la división interna de nuestro país y la necesidad de recuperar el consenso; segundo, las declaraciones de Pedro Sánchez, durante su discurso de hoy, llamando la atención sobre que la urgencia de reformar la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional y la Ley Orgánica del Poder Judicial no sería la misma si el CGPJ elegía hoy a los dos magistrados del Tribunal Constitucional; y tercero, el hartazgo personal que esta situación está provocando en muchos de ellos.
Una situación que se asemejaba a un callejón sin salida. Una jugada en permanentes tablas. Los conservadores tenían 10 votos y ellos 8. Sólo era necesario un voto para romper el bloqueo. Pero no se rompía.
Los ocho vocales progresistas, con el presidente interino a la cabeza, tomaron la decisión de cambiar el sentido de su voto, que hasta ese momento había sido para el magistrado de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo José Manuel Bandrés.
Las cosas no podían continuar así. Ayudó mucho el hecho de que el perfil de la candidata que habían ofrecido los conservadores era María Luisa Segoviano, expresidenta de la Sala de lo Social del Supremo –la primera mujer en la historia en ocupar ese puesto–, recientemente jubilada, feminista militante y progresista en sus planteamientos profesionales, aunque no perteneciente a ninguna asociación, era difícil de rechazar.
A lo que había que sumar –de gran importancia– su faceta de jurista conciliadora, de lo que había dado buena prueba durante su presidencia en el Supremo.
Además, se daba la circunstancia de que en el Constitucional desde la salida de Alfredo Montoya, por un problema de salud, no había ningún laboralista. Un frente que era importante cubrir ya que dentro de poco llegarán recursos al máximo tribunal de garantías contra la reforma laboral y otros casos relacionados con vulneración de derechos fundamentales.
Los ocho progresistas, eso sí, se conjuraron para que no se filtrara de ninguna de las maneras ese cambio de posición, de apoyo al «ticket» propuesto por el lado conservador: César Tolosa, presidente de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, y María Luisa Segoviano.
LA SORPRESA
Los diez vocales conservadores estaban convencidos de que tampoco llegarían a ningún acuerdo esa tarde.
Pero saltó la sorpresa. Como está establecido, comenzaron a votar de menor a mayor edad. Primero María Ángeles Carmona –conservadora–, luego José María Macías –conservador–, después Nuria Díaz Abad –conservadora–. En ese momento le correspondió el turno a Roser Bach –progresista–, quien, desde Barcelona, alto y claro, dijo que «por responsabilidad institucional» votaba por César Tolosa y María Luisa Segoviano.
Una fórmula que repitieron todos y cada uno de sus compañeros cuando llegó su turno: Mar Cabrejas, Clara Martínez de Careaga, Enrique Lucas (telemáticamente), Concepción Sáez, Pilar Sepúlveda (telemáticamente), Álvaro Cuesta y, por último, Rafael Mozo.
El asombro se vio reflejado en todas y cada una de las caras, presentes y telemáticas, del lado conservador: María Ángeles Carmona Vergara, José María Macías, Juan Manuel Fernández, Carmen Llombart –telemáticamente–, Wenceslao Olea, Nuria Díaz Abad, Juan Martínez Moya, Gerardo Martínez Tristán –telemáticamente–, José Antonio Ballestero –telemáticamente– y Vicente Guilarte.
El resultado de la votación dio paso a un silencio incómodo que el vocal conservador, Martínez Moya, el forjador de la candidatura de Segoviano, rompió.
Martínez Moya reconoció el gran esfuerzo de consenso que sus compañeros progresistas habían realizado y el hecho de que «unos habían cedido más que otros».
«Era un pleno tan importante que consideré que había que decir algo. No nos podíamos marchar así. Había que cerrarlo de esta manera. No había otra», explicó Martínez Moya a Confilegal.
Con ello se cierra un capítulo que ha provocado un choque de trenes histórico con el legislativo y con el ejecutivo que ha involucrado al Constitucional. En el tejado del Gobierno queda ahora la decisión de modificar la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional y la Ley Orgánica del Poder Judicial. Una decisión, precisamente, para forzar lo que finalmente ha sucedido.
